La convocatoria de un cacerolazo doce de la noche del jueves al viernes marcó el inicio del tercer paro nacional en Nicaragua convocado para presionar al Gobierno de Daniel Ortega.

Esta vez con la intención de exigir la liberación de centenares de personas apresadas por participar en las manifestaciones que desde abril exigen que el exguerrillero sandinista deje el poder. La huelga fue respaldada por la patronal, que instó a todas las empresas a echar el cierre durante 24 horas.

Aunque hubo pequeños negocios que decidieron abrir sus puertas, el gran comercio, las franquicias internacionales, la banca y grandes compañías se unieron al paro. A media tarde de este viernes, la capital, Managua era una ciudad desolada.

El paro fue convocado por la opositora Alianza Cívica, la organización creada bajo la mediación de la Iglesia y que reúne a empresarios, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes campesinos, y académicos con el fin de negociar con el Gobierno una salida a la crisis política que ha dejado ya centenares de muertos, miles de heridos y un importante éxodo de nicaragüenses. Inicialmente, el trabajo de esta Alianza parecía limitarse a las negociaciones en el marco del llamado Diálogo Nacional. Pero con el recrudecimiento de la represión contra las manifestaciones pacíficas por parte del Ejecutivo de Ortega, la organización —que ha tratado de ejercer de freno a la deriva autoritaria del mandatario— ha recibido la crítica de algunos sectores de la sociedad que la acusan de falta de beligerancia.

La convocatoria de una huelga general era una de las principales demandas sociales a los miembros de la Alianza, como forma de presión extrema al régimen de Ortega, que enfrenta el deterioro de la economía tras casi cinco meses de crisis. Economistas consultados por este diario calculan que un día de parálisis de la actividad económica genera pérdidas cercanas a los 38 millones de dólares, además de una merma en la recaudación fiscal, uno de las principales fuentes de ingresos del Estado, que ha tenido que recortar su presupuesto por el orden de los 200 millones de dólares.

“Estamos frente a un régimen que no entiende de razones”, dice Azahalea Solís, abogada constitucionalista y uno de los rostros más visibles de la Alianza Cívica. “Aquí a las personas los raptan paramilitares, los capturan sin orden judicial, hay un enorme rosario de abusos en los que se violentan las garantías legales de los detenidos”.