En el evento convocado por la Fundación “Unidos por Nicaragua” participaron la cubana Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide; el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma (vía telefónica); Miguel Angel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio; Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense; José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania; y Laura Rojas, presidenta del Movimiento Resistencia Femenina en Bolivia

La moderadora fue Vilma Petrash, especialista venezolana en ciencias políticas y relaciones internacionales.

En su introducción, Payá delineó el tema central de la discusión: los pueblos de estos países no se enfrentan a un gobierno o a una dictadura, sino a una mafia internacional organizada, encabezada por Cuba: el Estado cubano no se contenta con tener el control en su país y afectar las vidas de sus ciudadanos, sino que a través de su aparato de inteligencia procura infiltrarse, coordinar y expandir su poder en la región.

En ese empeño, prepara a candidatos afines para que se hagan con el poder en las urnas y luego se perpetúen en él, subvirtiendo el orden democrático─ una vez que han secuestrado todos los poderes─ con mascaradas como una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Cuando lo consideran necesario, no vacilan en eliminar brutalmente a los opositores.

Participando por vía telefónica el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma se refirió al ejemplo de Nicaragua. Mientras que la Carta Democrática Interamericana define el comportamiento de los estados como Estados de Derecho, con respeto a los derechos humanos, elecciones libres y separación de poderes, en la “dictabrujería” (sic) nicaragüense todos los poderes están controlados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos, a pesar de tener en contra prácticamente a todo el pueblo ─estudiantes, sector privado, conferencia episcopal─ han desatado una feroz represión en la que han ultimado a cerca de 500 ciudadanos.

Justicia transnacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Miguel Angel Martín Tortabú, ratificó que los pueblos de estos países se enfrentan a una conspiración internacional que ha resquebrajado hasta su tejido social y se ha convertido en una amenaza a la región. No se trata de casos de corrupción aislados, sino de crimen organizado transnacional protagonizado por Estados forajidos y que, por ejemplo, usa el dinero del narcotráfico para financiar al terrorismo.

Aunque estos gobiernos demandan que se respete su soberanía nacional, la misma queda limitada desde el momento en que descuidan los derechos humanos de sus ciudadanos, señaló el jurista.

Llamó a enfrentarlos mediante la justicia transnacional universal: instrumentos jurídicos internacionales como la Corte Penal Internacional que se ocupa de los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Dijo que hay que exigir la intervención de estos organismos y la cooperación de jefes de Estado de países democráticos, como requieren algunos de estos mecanismos, y para que se abran en sus países procesos judiciales que conduzcan a órdenes de captura o sanciones económicas, como ha hecho Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA bajo la Ley Magnitsky.

"Revolucionarios" con fortunas

Los intereses de estos conspiradores no son solo de control político, sino también económicos, indicó por su parte el economista y ex diputado nicaragüense Enrique Sáenz.

Explicó cómo no se puede comprender a la dictadura de Ortega en su país sin tomar en cuenta la cooperación petrolera venezolana. Señaló como a través de la Caja Rural Nacional, Caruna, y de Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, ambas controladas por la familia presidencial, los Ortega imponen sus precios en la electricidad y el combustible. El servicio eléctrico es el más caro de Centroamérica, mientras que por el carburante, los nicaragüenses pagan 50 centavos de dólar más que el promedio centroamericano, lo cual reporta unos $100 millones anuales que van a las arcas del binomio gobernante, afirmó Sáenz.

Una reciente auditoría a Bancorp, un banco también creado por Ortega y que recibió en fideicomiso la administración del patrimonio de Caruna determinó que el valor de este era de unos $2.500 millones, comparado con un Producto Interno Bruto nacional de apenas $13.000 millones anuales.

Y estos ingresos, dijo el ponente, son solo los comerciales registrados. El economista citó un informe de la CEPAL que estima que el lavado de dinero en Nicaragua, el tercero mayor de la región, asciende a $450 millones anuales.

En un testimonio ante un Comité del Senado estadounidense el investigador Douglas Farah dijo que la organización IBI Consultants LLC había podido detectar más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC colombianas por parte de Albanisa.

Estudiantes "terroristas"

También de Nicaragua, el exembajador de ese país en Alemania, José Dávila se refirió al secuestro de las instituciones democráticas, en relación con la ley sobre terrorismo y lavado de dinero que el gobierno de Ortega hizo endurecer recientemente a los legisladores, para aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a los capturados en su actual cacería de jóvenes opositores. Sin embargo, dijo, no hay un solo militar o paramilitar responsable de matar, violar o torturar señalado en los tribunales.

Dávila dijo que el régimen de Ortega ya no es un gobierno, sino una especie de califato, usurpadores del poder que se prestan como peones en la lucha geopolítica de Rusia y China contra Estados Unidos.

Bolivia dijo no, pero...

También se refirió al secuestro y manipulación de las instituciones democráticas la líder opositora boliviana Laura Rojas.

Ella recordó como el presidente Evo Morales perdió por un 51,3 % de los votos un referendo para que, a despecho de lo que prevé la constitución, se le autorizara reelegirse para un cuarto mandato. “Bolivia dijo no”, recordó Rojas. Pero Morales se las agenció para que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso de un grupo de parlamentarios de su partido para suspender los artículos que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas.

“Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero estos estados mafiosos se disfrazan de revolucionarios para perpetuarse en el poder”, apostilló Rojas.

En unas breves conclusiones la doctora Vilma Petrash recordó que Venezuela ya tiene 18 años resistiendo este “nacionicidio” que, con la ayuda de Cuba, se extendió desde ese a otros países, mientras es obvio para muchos que el actual éxodo desesperado desde Venezuela es una Cuba con fronteras, un Mariel extendido por toda Latinoamérica.

La especialista concidió sobre la necesidad de buscar salidas jurídicas internacionales. Lamentó que la comunidad mundial suela quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana, pero dijo que “el disfrazado régimen de Díaz-Canel”, que ahora refuerza su disfraz con una Constitución, “debe ser responsabilizado por este horror que está viviendo América Latina”.

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