El presidente de Colombia, Iván Duque, objetó el domingo por inconvenientes seis de los 159 artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunció que la devolverá al Congreso para que la ajuste.

La decisión del mandatario frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto armado con las FARC, podría crear dificultades en la implementación del pacto firmado en 2016 con el desmovilizado grupo rebelde.

Sin embargo, según AFP, el mandatario anunció que continuará con la implementación de los compromisos a todas las personas que se encuentran en proceso de reincorporación en las regiones que han sido afectadas por la violencia.

Duque objetó un artículo que no establece de manera clara la obligación principal para los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, así como otro que no reconoce la competencia del Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz.

Así mismo, rechazó un artículo que establece la renuncia a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, uno que suspende las investigaciones de la justicia ordinaria a quienes se sometan a la JEP y dos que condicionan la extradición para las personas que acudan a ese tribunal.

En reacción a ello, los exnegociadores de paz del Gobierno colombiano y de las FARC manifestaron este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su preocupación en una misiva.

Según los firmantes, entre los cuales hay también políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil en general, las objeciones anunciadas por Duque al país pueden "lesionar gravemente" la aplicación del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

La misiva fue firmada por más de un centenar de personalidades, entre ellas el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el exalto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro.

"El presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional", añadieron en la carta.

Ante ello, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió este lunes que se respete "la integralidad" del acuerdo de paz.

"En el marco de los estándares internacionales, consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la República aseguren que la integralidad del acuerdo final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP", manifestó el organismo en un comunicado.

La Misión también hizo un llamado para "priorizar y darle mayor celeridad" a la definición de la Ley Estatutaria y lamentó que después de más de dos años de firmado el acuerdo ese tribunal, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, no cuente con un "marco jurídico sólido".

Mientras, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el conjunto de objeciones planteadas por Duque no "hiere" esa jurisdicción ni "compromete" el acuerdo firmado con las FARC.

Martínez, que hace unas semanas había cuestionado varios puntos de la citada ley, leyó un comunicado en el que asegura tener la "profunda convicción" de que al tramitar las objeciones de Duque "no se compromete para nada la paz" ni "mucho menos" causa "una herida a la JEP".

Para el fiscal, estas propuestas constituyen "una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del Jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso" acerca de la JEP.

Martínez insistió en que "es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos", como está previsto en la norma objetada.

Además, reiteró su crítica a que los exguerrilleros de las FARC "puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad".

Martínez mostró además su preocupación "acerca de que los delitos sexuales contra menores se beneficien del régimen de transición hacia la paz", uno de los puntos por los que reclamó el presidente.

Por todo ello, el fiscal consideró que "Colombia tiene que darse el derecho a contestar sosegadamente, por los canales que determina el orden constitucional, si son convenientes para la paz y para la política criminal del país" los artículos objetados por el presidente.

Según Martínez, se debe abrir el debate acerca de si es conveniente que "la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios".

DIARIO DE CUBA