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Brasil: Tras escándalo con el exjuez Sergio Moro, piden no anular condena al expresidente Lula PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 23 de Junio de 2019 17:41

La Procuraduría de Brasil expresó este viernes su rechazo a la posibilidad de que la Corte Suprema anule la condena por corrupción impuesta al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tras la divulgación de supuestas conversaciones que ponen en duda la imparcialidad del juez que lo sentenció.

expresidentes con Odebrecht 9

El rechazo figura en un parecer que la procuradora general de la República, Raquel Dodge, le envió al Supremo Tribunal Federal (STF) para expresar su posición frente a un recurso de "habeas corpus" que los abogados de Lula presentaron ante la Corte Suprema y en el que piden la anulación de la condena por considerar que el juez Sergio Moro no fue imparcial en el proceso.

 

La Corte Suprema tiene previsto pronunciarse el próximo martes sobre el nuevo recurso en que la defensa del exgobernante pide la anulación de la condena y su inmediata liberación. 

En su parecer, la Procuraduría le pide al Supremo que rechace la petición de los abogados por considerar que la misma se basa en hechos sobre los que hay serias "dudas jurídicas".

Procuradora general de Brasil Raquel Dodge

La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, manifestó preocupación ante la posibilidad de que las pruebas de The Intercept fueron obtenidas de forma ilegal.

Foto:

Adriano Machado / Reuters

Según los abogados del expresidente, las supuestas conversaciones de fiscales y el juez que condenó a Lula divulgadas por un portal en internet el 9 de junio pasado indican que Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, actuó de forma parcial en el proceso al darle diferentes instrucciones a la Fiscalía.

Moro era hasta el año pasado el juez responsable por la llamada Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, en el marco de la cual condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero.

El entonces juez condenó a Lula y ordenó su encarcelamiento tras dar por probado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

La revelación de los mensajes entre las autoridades, que llegaron al portal The Intercept gracias a un hacker anónimo que intervino los teléfonos de algunos fiscales, generó un escándalo en Brasil y llevó a la defensa de Lula a reiterar que el exmandatario fue víctima de una "persecución política" y que el juicio en su contra estaba "viciado" y que tendría que ser declarado nulo. 

El ministro de Justicia, que compareció esta semana al Senado para presentar su defensa, alegó que las conversaciones fueron obtenidas ilegalmente; que no puede constatar su veracidad ya que pudieron haber sido modificadas y que nada de lo divulgado hasta el momento muestras que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso.

Sergio Moro ministro de Justicia de Brasil

El ministro de Justicia de Brasil y exmagistrado Sergio Moro alegó durante una audiencia ante el Senado que las conversaciones obtenidas por The Intercept pudieron ser manipuladas.

Foto:

Evaristo Sa / AFP

Tal alegato fue reiterado por la Procuraduría General de la República en el parecer enviado a la Corte y en el que asegura que no es posible verificar la autenticidad de los mensajes ni saber si fueron alterados, porque el material nunca fue enviado a las autoridades competentes. 

"El material publicado por el portal The Intercept, al que se refiere la petición hecha por la defensa del condenado, aún no fue presentado a las autoridades públicas para que verifiquen su autenticidad. Ante eso, su autenticidad no fue analizada y muchos menos confirmada", según la procuradora.

El material publicado por el portal The Intercept (...) aún no fue presentado a las autoridades públicas para que verifiquen su autenticidad

La titular de la Procuraduría agregó que existen sospechas de que el material fue obtenido mediante ataques de piratas informáticos, lo que, en su opinión, anularía el valor de las pruebas por su origen criminal.

"La Procuraduría manifiesta su preocupación con la posibilidad de que los supuestos mensajes hayan sido obtenidos de forma criminal, lo que viola la garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones y constituye un grave atentado a las autoridades", agregó Dodge.

EL TIEMPO; COLOMBIA/Efe

Última actualización el Viernes, 28 de Junio de 2019 04:27
 

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