La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

Sin embargo, según se decidió este jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.

La votación había quedado empatada 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recayó en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli.

Ahora, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva. Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados -además del ex presidente- por la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.

Quienes abogaban por el encarcelamiento después de la segunda instancia invocaban la lucha contra la impunidad, en un país donde las personas capaces de pagarse buenos abogados podían arrastrar sus procesos hasta el plazo de prescripción.