El 8 de enero el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, cumple 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso.

Ferrer fue arrestado el 1 de octubre en su casa del barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, y llevado al cuartel provincial de la Seguridad del Estado. Posteriormente fue trasladado a la prisión santiaguera de Aguadores.

“Desde el inicio se ha violado el debido proceso en el caso de José Daniel Ferrer”, afirmó a Radio Martí el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo. “La misma difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor es contraria a la premisa de la presunción de inocencia y, por tanto, al debido proceso”.

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En relación al tiempo que Ferrer lleva en prisión por la acusación del delito de lesiones, el letrado dijo que “en caso de haber ocurrido, es un delito de lesiones no graves que lleva una sanción de tres meses a un año”.

El abogado independiente subrayó que ya ese juicio debió haberse celebrado, porque ese es un delito de competencia del tribunal municipal. “En quince o veinte días, ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado al tribunal municipal”.

El jurista apuntó que, incluso, si las autoridades policiales y judiciales insisten en que lo que cometió Ferrer es un delito de lesiones graves -lo que le acarrearía una sanción de 2 a 5 años- debieron tener ya un expediente de fase preparatoria.

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“El artículo 107 de la ley de procedimiento penal establece como término para la tramitación y conclusión de este expediente, 60 días contados a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente de fase preparatoria”, precisó el abogado.

Las autoridades aseguraron que el expediente se inició el 4 de octubre, cuando la fiscalía dictó la resolución de prisión provisional para el opositor. “Entonces ya está sobrepasado el término en que debían haber concluido el expediente de fase preparatoria y haber presentado la acusación, las conclusiones provisionales al tribunal que el fiscal considere competente para resolver el asunto”.

Por otra parte, Nelva Ismarays Ortega, la esposa del líder opositor, denunció que altos mandos de la cárcel de Aguadores le han asegurado a Ferrer que tendrá que cumplir los años que le restan de la condena que le impusieron en abril de 2003, durante la Primavera Negra de Cuba.

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Ferrer cumplió en prisión 8 de los 25 años de cárcel a que fue condenado en la ola represiva desatada por Fidel Castro contra 75 intelectuales, activistas y periodistas independientes.

“La licencia extrapenal se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción”, indicó al respecto el abogado Ferrer Tamayo. “Si la persona permanece cinco años de licencia extrapenal, son cinco años que cumplió de esa sanción”.

También el abogado Eloy Viera Cañizares, en una entrevista concedida al medio digital El Estornudo, señaló que “políticamente la revocación de esa licencia extrapenal sería en extremo inconveniente”.

“Primero, porque implicaría rememorar la Primavera Negra y su nefasto significado histórico para la justicia cubana y, segundo, reconocer que la solución que le dieron en 2011 a los procesados que permanecían recluidos fue política y no legal, o sea, reconocer que aquella causa estaba motivada políticamente”, afirmó.

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Ortega ha denunciado reiteradamente que los procedimientos usados por la jerarquía carcelaria con su esposo han estado marcados por los atropellos contra el detenido y su familia, como prohibición de llamadas telefónicas y correspondencia de todo tipo, visitas familiares esporádicas que no respetan el reglamento de prisión provisional y ausencia de los encuentros conyugales.

El primero de enero, las autoridades permitieron a los familiares de los presos llevarles una cena por Año Nuevo, pero el tratamiento al líder de la UNPACU fue distinto, lamentó su esposa.

“A mí me dijeron que se podían llevar los alimentos que cupieran en una cazuela. Cuando llegué a la cárcel, vi que otros reclusos habían recibido hasta un saco de comida”, puntualizó Ortega.

La familia de José Daniel Ferrer ha entregado dos “habeas corpus” a favor del opositor. Las autoridades judiciales solo han contestado al primero, declarado sin lugar. El segundo de estos recursos, entregado el 13 de diciembre en el tribunal del Santiago de Cuba, no ha sido respondido.

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