El presidente Joe Biden se juega en estos días buena parte de su peso político y de su legado. Y todo está en manos del Congreso. El sólo puede ejercer su renombrado poder de negociación.

Aunque hasta ahora no le dio resultado. Continúa con tres frentes abiertos, la dura oposición republicana dominada por el ala más conservadora y trumpista, y la profunda división en su propio partido entre moderados y progresistas. El asunto más inmediato es el aumento del límite de endeudamiento para que su Administración pueda seguir pagando la deuda nacional.

El segundo es la ley de Infraestructura para la que está pidiendo 1 billón de dólares y que podría permitir renovar puentes y carreteras, impulsar la energía no contaminante y crear millones de puestos de trabajo. Y la tercera, que va concatenada con la segunda, es su proyecto más ambicioso de la Ley de Reconciliación, el de la reforma del sistema social, para el que busca otros 3,5 billones (trillones en realidad) de dólares.

El viernes, Biden, fue a discutir la agenda con sus correligionarios demócratas en el Capitolio. Su aliada, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, le había prometido aprobar la ley de Infraestructura para ese mismo día. Todo se empantanó cuando dos senadores demócratas centristas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, pusieron en duda su apoyo a ese proyecto y, sobre todo, al segundo de la reforma social. Dicen que lo único que quieren es que se restrinjan los gastos, pero el ala izquierdista demócrata los acusa de responder a los grupos de interés de la industria petrolera –que se opone a un mayor subsidio a la energía renovable-. Y los progresistas se niegan a aprobar una ley si no tienen garantías de que también será aprobada la segunda. “Están concatenadas, forman un plan integral de reforma económica, y es lo que quiere la clase trabajadora estadounidense, lo dicen las encuestas sistemáticamente”, dijo el senador Bernie Sanders en el clásico programa político de los mediodías del domingo “Meet the Press”.

En el medio apareció la urgencia de aprobar el aumento de la deuda para no tener que “cerrar la administración”. El lunes, Biden, lanzó desde la Casa Blanca un duro mensaje para sus rivales Republicanos. Los acusó de usar una maniobra parlamentaria para bloquear la ley que aumenta o suspende el límite de endeudamiento. Si no se aprueba, aseguró que el gobierno tendrá que dejar de funcionar antes de fin de mes y no se podrán pagar los sueldos estatales o las pensiones. Y les enrostró que durante el gobierno de Trump se añadieron otros 8.000 millones de dólares a la deuda de Estados Unidos y ahora se niegan a pagar los recortes de impuestos y gastos ya aprobados.

El presidente, incluso, propuso a sus rivales la que podría ser una solución que lavaría las caras a los dos bandos: aprobar la legislación para elevar el techo de endeudamiento con una mayoría simple en lugar de con un margen de 60 votos como se exige hasta ahora. Ese plan, en teoría, eximiría a los senadores republicanos de aprobar un aumento y, al mismo tiempo, permitiría a los demócratas evitar la inclusión de la medida sobre el límite de endeudamiento en su proyecto de reforma la red de seguridad social. Y, de paso, los azuzó un poco. “Los republicanos no sólo se niegan a hacer su trabajo, sino que amenazan con utilizar su poder para impedir que hagamos nuestro trabajo: Salvar la economía de un evento catastrófico…Creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y vergonzoso. Quítense del medio”, les dijo

El Departamento del Tesoro advirtió la semana pasada que los legisladores deben abordar el debate sobre el techo de la deuda y aprobar una ley antes del 18 de octubre, la fecha límite en la que los funcionarios estiman que Estados Unidos agotará los refuerzos de emergencia para cumplir con sus pagos de bonos. Los economistas discrepan en los foros de televisión sobre las consecuencias que tendría un impago sin precedentes de Estados Unidos, pero la mayoría -incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen- dicen que serían “catastróficas”. Yellen ya avisó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que la disminución de la confianza en la capacidad de Washington para hacer frente a sus pagarés a tiempo “probablemente desencadenaría un aumento de los tipos de interés en toda la economía, empañaría el papel del dólar como moneda de reserva del mundo y enviaría ondas de choque a los mercados financieros”.

De hecho, los líderes de ambos partidos reconocen por lo bajo que hay que aumentar el techo de la deuda o arriesgarse a una calamidad económica. En lo que discrepan republicanos y demócratas es en la forma de elevar el límite, y cada uno de ellos intenta utilizar la cuestión como un garrote político. Los republicanos, frustrados por lo que consideran políticas de gasto imprudentes de los demócratas, dicen que Pelosi y el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, deberían incluir una suspensión del límite en su amplio proyecto de ley sobre política social y clima. Es decir, quieren condicionar su apoyo a la suba de la deuda con recortes sustanciales a las dos leyes fundamentales de Biden. Los demócratas intentan evitar la maniobra aprobando los proyectos con una mayoría simple en el Senado, frente al requisito habitual de 60 votos. El poderoso y ultraconservador líder republicano en el Senado, Mitchell McConnell, ya dejó en claro que ningún miembro de su partido apoyará una ley que apruebe el aumento del techo de endeudamiento y dijo que la responsabilidad recae en los demócratas, que controlan el Congreso y la Casa Blanca. Ayer le envió a Biden una carta rechazando, prácticamente, cualquier negociación.

La misma confrontación se vive dentro del propio partido demócrata. Las iniciativas de reactivación de la economía, que los analistas consideran el proyecto más importante para el país desde el New Deal de Franklin D. Roosevelt, están tomadas de propuestas que hizo el entonces precandidato presidencial Bernie Sanders, líder del grupo más progresista del partido. Y si bien Biden siempre fue la expresión centrista de los demócratas, de esa manera se alineó con el ala izquierda. Así lo dejó en claro cuando fue el viernes al Capitolio y no aceptó la oferta del ala moderada para aprobar la primera de las leyes, la de Reconstrucción, y dejar la segunda para más adelante. Biden, Sanders y la bancada progresista de ambas cámaras saben que, si no “enganchan” ambas leyes, lo más probable es que la segunda, la más importante, la que hace pagar impuestos a los más ricos y que reparte más dinero entre las familias más necesitadas, nunca va a prosperar.

“La forma en que gobierna no refleja las habilidades que sé que tiene por sus años como legislador”, dijo la representante Stephanie Murphy, de Florida, una de las demócratas moderadas que exigió una votación inmediata sobre el proyecto de ley de infraestructuras de un billón de dólares, convencida de que eso era lo que el presidente quería, o al menos necesitaba. Calificó de “decepcionante y frustrante” la negativa de Biden a presionar más por la legislación que había apoyado. “No tengo claro por qué vino al Capitolio”, refunfuñó.

Unificadas primero por su oposición y desprecio compartido hacia el ex presidente Donald Trump, y luego por la adopción de una amplia plataforma partidaria, las dos facciones de los demócratas se mantuvieron en armonía desde que asumió Biden. Aprobaron sin mayores debates todas las iniciativas tendientes a fortalecer la economía golpeada por la pandemia. Pero el paquete de gastos de 4,5 billones de dólares –entre las dos leyes- fue demasiado. Los centristas, al igual que sus colegas republicanos, quieren limitar los gastos. Esto los enfrenta con los izquierdistas que no sólo quieren gastar más, sino que quieren que el aumento lo paguen los que más tienen. El resultado de esta batalla, que puede extenderse hasta la Navidad, va a determinar la suerte de los demócratas en las elecciones de medio término del próximo año y marcar el legado de la presidencia de Biden.

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