Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó este miércoles la imputación del presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos “crímenes contra la humanidad” y favorecer una “epidemia”, según el informe final publicado por la prensa poco antes de su lectura.

Tras seis meses de audiencias, el relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) concluyó que el gobierno federal expuso “deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa”, por lo que pide la inculpación de Bolsonaro y otras 65 personas y dos empresas, incluyendo varios ministros, ex ministros y tres hijos del mandatario.

Además de un “deliberado atraso” en la compra de vacunas, “se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno], la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas”, como uso de mascarilla y distanciamiento, añade en sus conclusiones el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

El informe recomienda que Bolsonaro se acusado de varios cargos, desde charlatanismo e incitación al delito hasta crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, los senadores que lideran la investigación acordaron a última hora retirar las acusaciones de “homicidio” y “genocidio”.

El documento está sujeto a modificaciones antes de la votación del 26 de octubre, y la decisión sobre la presentación de la mayoría de los cargos quedaría a criterio del procurador general, un funcionario designado por el presidente.

Los analistas dicen que no está claro si el procurador tomará medidas.

Bolsonaro niega haber actuado mal y ha dicho reiteradamente que la investigación es una herramienta política para sabotearlo.

Los detractores del gobierno han denunciado a Bolsonaro por minimizar la gravedad del COVID-19, ignorar las guías sobre cubrebocas de las organizaciones internacionales de salud y restringir actividades destinadas a impedir la trasmisión del virus, difundiendo tratamientos sin fundamento y demorando la compra de vacunas.

La comisión del Senado fue creada en abril para investigar denuncias de que el manejo de la pandemia por Bolsonaro ha causado muchas de las más de 600.000 muertes por COVID-19.

La comisión debe aprobar el documento antes de enviarlo al procurador general, quien decidirá si se lleva adelante la investigación y eventualmente se presentan cargos. Las comisiones del Congreso pueden investigar, pero no presentar cargos.

Independientemente de lo que decida el procurador general, las denuncias del informe previsiblemente alimentarán las críticas al presidente ultraderechista, cuyos índices de aprobación han caído en las encuestas de cara a la campaña electoral de 2022.

“El mayor impacto de la investigación es político, porque generó toneladas de noticias que sin duda utilizarán los estrategas de campaña el año próximo”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia de la consultora política Arko Advice.

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