La apertura de Cuba a la iniciativa privada parece ir en serio. Cada día se conoce un poco más de los planes del Gobierno de Raúl Castro para reactivar la economía y aligerar la carga de un Estado mastodóntico e ineficiente, que controla más del 80% del empleo y que en el plazo de tres años ha de despedir a un millón de trabajadores (el 25% de los empleados estatales), la mitad de ellos en 2011. Según varios documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el plan es conceder el año próximo 250.000 licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia y se prevé que otras 215.000 personas pasen al "sector no estatal" y creen cooperativas o microempresas. Las autoridades contemplan conceder créditos bancarios a los cuentapropistas y también que estos puedan "comercializar sus productos y servicios a las entidades estatales". Toda una novedad.

Es pronto para saber cómo funcionará en la práctica esta apertura a la iniciativa privada y cuáles serán sus limitaciones, que sin duda las habrá. Hay muchas incógnitas, por ejemplo qué hará el Estado para garantizar a los nuevos autónomos y cooperativistas los suministros de materias primas, ya sea un simple tinte de pelo o la tela para hacer un pantalón. ¿Se encargará el Estado con su sistema de distribución ineficiente? ¿Lo hará a precios minoristas, como ahora, o mayoristas, como la gente pide? ¿Los particulares podrán importar?

Las preguntas son muchas. Tantas como la urgencia de poner el plan en marcha por la gravedad de la situación económica y para combatir el desempleo masivo que se avecina. El "proceso de inscripción" de los nuevos autónomos comenzará en octubre, según los documentos. Hasta ayer, en Cuba, con una población de 11 millones de habitantes, ejercían el autoempleo unas 140.000 personas. No había más porque el Estado restringió durante años la entrega de licencias por considerar esta iniciativa privada un "mal necesario". Ahora la pretensión es llegar a 400.000 en 2011.

Todavía más novedosa es la apertura al sector cooperativo no agrícola y, en menor escala, a las microempresas. El Gobierno se plantea permitir el trabajo asalariado y que los cubanos creen cooperativas de diversos tipos, tanto en el sector de la construcción -con la posibilidad de trabajar en obras públicas-, como establecer carpinterías, fábricas de conservas y de producción de alimentos, tintorerías y servicios funerarios.

Se introducirá un nuevo sistema fiscal para regular y gravar todas estas nuevas actividades. Está previsto un impuesto progresivo sobre los ingresos personales, otro sobre las ventas o los servicios, impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo, por la contribución a la Seguridad Social (que será del 25%) y hasta una tasa "por la radicación de anuncios y propaganda comercial". Preocupa el impacto social que tendrá la eliminación de medio millón de empleos estatales en los próximos meses. El Estado prácticamente no tiene empleo que ofrecer, y a quienes no acepten ofertas en los sectores como la agricultura o la construcción, solo les garantizará un mes de salario por cada 10 años trabajados.