Un total de 108 familiares de encarcelados y acusados por las protestas del 11J, así como medio centenar de activistas y amigos de su causa, sumaron sus firmas en una carta enviada a Miguel, Díaz-Canel para pedirle que decrete la amnistía y el sobreseimiento de esos presos.

En el documento, entregado el lunes en la sede del Consejo de Ministros en La Habana, el grupo recordó que en 1955 el Gobierno de Fulgencio Batista otorgó una medida similar a los asaltantes del Cuartel Moncada, liderados por Fidel Castro. "Un Gobierno que se dice del pueblo y para el pueblo podría y debería tener actos de grandeza similares o superiores", subrayan en el texto de la misiva.

"Más de 100 cubanos y cubanas han sido juzgados hasta el día de hoy, en que decidimos enviarle esta carta, por los eventos del 11 y 12 de julio de 2021. Otras y otros cientos esperan por juicio en prisiones en las que, en muchos casos, no están recibiendo el mejor tratamiento, y han enfermado o empeorado sus condiciones de salud. Muchos y muchas, que también se cuentan por cientos, ya llevan en prisión meses y años por motivos similares a aquellos por los que nuestros familiares están hoy encarcelados, o están en camino judicial a las prisiones de Cuba luego y a propósito del 15 de noviembre", señalan los firmantes.

"Son nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas. Estos últimos ante todo que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares. Y merecen estar con nosotras, compartiendo con nuestras familias, todas humildes, luchadoras y trabajadoras, cuyos mejores alimentos, casi siempre únicos, son el amor, la unidad y la cohesión, en medio y a pesar de la pobreza".

"Ellas y ellos no han cometido delito alguno a la luz de los derechos que les reconoce la Constitución vigente. El 11 y 12 de julio salieron a las calles de forma pacífica como antes lo hicieron otros, y en la mayoría de los más de 62 lugares donde ocurrieron manifestaciones, a reclamar lo que entienden son sus derechos a una mejor vida y a la libertad", señalan.

"No es cierto, como demuestran todas las evidencias, que la violencia fue la reina de esos días. Es verdad que hubo actos localizados de esa naturaleza, no provocados por el pueblo y que, desafortunadamente, ocurren en todas las manifestaciones sociales en el mundo, sobre todo cuando son espontáneas y surgen de las profundas necesidades acumuladas en nuestro país".

El texto recuerda que el único fallecido conocido de las protestas fue el joven Diubis Laurencio Tejeda, muerto de un balazo por la espalda a manos de la Policía. En cambio, indican, "ningún policía resultó muerto, ningún funcionario tuvo que ser hospitalizado y muy pocas propiedades, teniendo en cuenta la magnitud de las protestas, sufrieron daños definitivos".

"Sin embargo, a nuestros familiares se les piden condenas de entre uno y 27 años por supuestos delitos de incitación a delinquir, atentado, resistencia, sabotaje, desorden público, daños a la propiedad y por el fuerte delito de sedición que, tenemos entendido, se aplica fundamentalmente en tiempos de guerra".

"Estas peticiones fiscales son desproporcionadas. Si por ellas son condenados y condenadas, serían injustas. Como familias creemos que el sistema judicial y el Gobierno cubanos deben hacer un alto y reflexionar en que un daño, cualquiera sea, no se repara con una injusticia y en que el ejercicio de los derechos constitucionales no es un delito", advierten.

Los familiares de los detenidos recuerdan asimismo a Díaz-Canel que, dado que una Ley de Amnistía debe ser iniciada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) a pedido de la Presidencia, el Consejo de Estado podría emitir un decreto anticipando ese propósito.

Ello, subrayan, sería "un gesto de altura".

Tras las protestas del 11J, muchos de los participantes detenidos fueron acusados por delitos comunes como desórdenes públicos, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias.

A finales de octubre, la Fiscalía General de la República incluyó acusaciones de sedición, imputando a 137 personas detenidas durante y después de las manifestaciones. De ellas, 13 tienen 17 o 18 años de edad.

Según datos recopilados por Justicia 11J y Cubalex, hasta la semana pasada de un total de 1.314 personas detenidas en relación con las protestas del 11J al menos 696 continúan en centros de reclusión. De las 570 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.

Por otra parte, el grupo informó que de las 91 personas detenidas en relación con la Jornada Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre, continúan en detención nueve. "Hemos confirmado la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad y, además, seis personas permanecen pendientes de juicio", indicó la iniciativa.

DIARIO DE CUBA