Por LUCÍA ALFONSO MIRABAL.- 

"Nos están echando de Cuba", denunció la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, días atrás, debido a que las autoridades cubanas han retirado las acreditaciones a la mayoría de los corresponsales. En estos momentos, solo una periodista y un cámara pueden ejercer el oficio, según las declaraciones de Cañas.

El asedio a EFE comenzó tras la cobertura que hizo esta agencia de las protestas del 11J. Las autoridades cubanas dijeron que EFE había puesto su línea editorial al servicio de la "contrarrevolución", precisó Atahualpa Amerise, coordinador de la agencia en La Habana en aquel momento.

Si para amenazar a la prensa independiente el régimen cuenta con la Ley 88 sobre la Protección de la Independencia Nacional y la Economía conocida como Ley Mordaza, para controlar a la prensa extranjera acreditada en Cuba cuenta con la Resolución 182 del 28 de octubre de 2006, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX): "Reglamento para el ejercicio de la prensa extranjera en Cuba". Y de la interlocución con la prensa extranjera y de su vigilancia se encarga el Centro de Prensa Internacional (CPI), del MINREX.

Como explicó DIARIO DE CUBA en un análisis anterior, para ejercer su oficio en Cuba, los periodistas extranjeros deben solicitar una visa D-6, que otorga la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) previa consulta con las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia. Esto permite al régimen denegarla a los profesionales que considere críticos. Y, por supuesto, realizar trabajo periodístico en Cuba sin esa visa puede conducir a la expulsión del país.

El Reglamento da al CPI la facultad para otorgar o rechazar la acreditación al medio de prensa y sus periodistas, y para suspenderla temporal o definitivamente cuando, a criterio del régimen, "el titular realice acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos".

La acreditación tiene validez de un año fiscal, "prorrogable por decisión del CPI", indica la normativa, que además impone limitaciones y prohibiciones que restringen la libertad de prensa, la libre circulación y socialización de la información, al exigir a los corresponsales extranjeros ajustarse a las leyes cubanas.

Las prohibiciones específicas para la prensa extranjera incluyen la de trasmitir información o comparecer en medios de difusión nacional. Los corresponsales solo pueden informar para los medios por los cuales están acreditados.

"Las transmisiones de despachos televisivos de los corresponsales y colaboradores permanentes se harán exclusivamente para los medios por los cuales están acreditados. La violación de este precepto constituye motivo de suspensión o pérdida definitiva de la acreditación", dice el Artículo 30 del Reglamento.

La prensa extranjera tampoco puede prestar servicios de fotografía y cámara a profesionales de otros medios que no cuenten con la licencia del régimen (Artículo 31).

"El CPI se encarga de la coordinación de entrevistas, visitas u otras actividades de interés periodístico relacionadas con el Estado, el Gobierno y otras organizaciones e instituciones del país, así como facilitar el acceso a la información pública que generen esas entidades. De ninguna manera el medio, su corresponsal o colaborador puede hacer gestiones directas con dichas instituciones sin notificarlas al CPI", señala el Artículo 42 del Reglamento.

Por una prensa extranjera vocera del régimen

Sin embargo, aunque la mayoría de los medios y periodistas extranjeros acatan el Reglamento, este es insuficiente porque el régimen no quiere que la prensa extranjera acreditada en Cuba cubra la realidad, sino que le sirva de vocera como los medios estatales que suele presentar como medios en manos del pueblo.

En la misma medida que un cubano que no sea afín a las políticas del Partido Comunista de Cuba (PCC) no puede ser profesor universitario en Cuba, como sostuvo la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior (MES), Martha del Carmen Mesa Valenciano, ningún medio de prensa que no esté dispuesto cubrir lo que sucede en la Isla según los intereses del régimen, puede aspirar a ejercer el periodismo en nuestro país, sea cubano o extranjero.

Lo demuestra la acusación de las autoridades cubanas citadas por Amerise, de que EFE había puesto su línea editorial al servicio de la "contrarrevolución" y el hecho de que el 13 noviembre, dos días antes de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N convocada por Archipiélago, las autoridades cubanas retiraron las acreditaciones de prensa a cinco reporteros de la agencia, sin aclarar si la medida era temporal o definitiva. Esto ocurrió un mes y medio después de que se hubiera retirado la acreditación a Amerise.

En 2014, durante el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el periodista José Alejandro definió al periodista como un constructor del socialismo, lo que dice alto y claro qué se puede esperar de la prensa oficial cubana.

Pero tampoco es que sean "constructores del socialismo" lo que espera el régimen de los medios y los periodistas extranjeros, como evidencia que haya necesitado vetar hasta a periodistas moderados y de izquierda que han trabajado durante varios años en Cuba han sido vetados por el régimen.

En 2018, privó de acreditación y posibilidad de residir en Cuba al periodista uruguayo Fernando Ravsberg, que había trabajado por 30 años en la Isla. En 2011, le sucedió lo mismo al español Mauricio Vicent, corresponsal de El País y de la Cadena Ser.

Cualquier periodista o medio extranjero que, entre ser vocero del régimen y hacer periodismo opte por lo segundo, correrá la suerte de Ravsberg, Vicent y otros corresponsales antes que ellos.

En 2007, los corresponsales del diario estadounidense Chicago Tribune, el mexicano El Universal y la cadena británica BBC, fueron expulsados del país.

Gary Marx, periodista del Chicago Tribune, declaró entonces que los funcionarios cubanos le dijeron que sus artículos eran "demasiado negativos", aunque no le pusieron "ningún ejemplo".

A César González Calero, de El Universal, las autoridades le reprocharon que su forma de enfocar la situación cubana "no es la que más conviene al Gobierno". Sin embargo, no señalaron "errores de contenido o datos".

Si el régimen no puede ser dueño de la noticia, como lamentaba en 2019 el vicepresidente cubano Ulises Rosales del Toro en su cuenta en Twitter, citando a la periodista y profesora de Comunicación Social Zenaida Costales, necesita ser dueño de los medios y de los periodistas, nacionales o extranjeros.

DIARIO DE CUBA