Hacer una crónica del régimen de excepción en el que Nayib Bukele mantiene a El Salvador desde marzo pasa por listar decenas de abusos a los derechos humanos de sus gobernados, desde la denuncia de que 18 personas han muerto tras ser privadas de libertad hasta las que hablan de centenares de sospechosos, hasta 600, reunidos en audiencias expeditas sin presencia de sus defensores.

El gobierno de Bukele insiste en que, con la suspensión de las garantías constitucionales avalada por este régimen especial, ha logrado controlar la violencia que provocó 87 muertes en 72 horas a finales de marzo.

Aun así, los diputados bukelistas aprobaron el miércoles 26 de mayo una segunda prórroga que mantiene vigente la posibilidad de que la policía haga arrestos masivos, que el periodo de detención previa a una audiencia judicial sea de hasta quince días, que los derechos de defensa de los detenidos sean más flexibles, que los familiares de los presos provisionales pasen semanas sin tener noticias de los suyos y que la policía y el ejército intervengan en viviendas sin órdenes judiciales.

Entre los efectos más graves del régimen de excepción, de acuerdo con denuncias recibidas por Cristosal, una de las organizaciones que más de cerca lo ha seguido y documentado, son las ejecuciones de al menos 18 salvadoreños mientras estaban en custodia de agentes estatales.

“Es una bomba de tiempo. Nosotros ya tenemos documentado 18 casos de personas que han sido ejecutadas bajo responsabilidad del Estado, ya sea en el momento de la detención, cuando están dentro de un penal o cuando salen del penal. No tenemos precedentes de situaciones similares a esta”, dice Zaira Navas, jefa jurídica y de seguridad de la no gubernamental Cristosal.

La semana pasada, Cristosal presentó un informe que da cuenta, además, que durante los dos primeros meses del régimen de excepción, un consorcio formado por cuatro ONG y una universidad, la Centroamericana, recibieron 555 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría relativas a detenciones arbitrarias.

Según Navas, el gobierno ha impuesto cuotas diarias de captura a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual ha aumentado los abusos. “El régimen de excepción se ha prestado a muchas arbitrariedades como política de Estado, que es lo que ha ocurrido al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos: al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Están aprovechando la arbitrariedad del régimen para cometer más arbitrariedades”, dijo en una charla con Infobae.

Ya a inicios de mayo, desde Estados Unidos, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA en inglés) advertía que el régimen de excepción salvadoreño había llevado consigo violaciones que se pueden atribuir al Estado salvadoreño y que incluyen detenciones arbitrarias, abusos en prisión y el uso excesivo de la fuerza policial. En un comunicado que publicó el 6 de mayo, WOLA hablaba de denuncias por dos muertes de personas en manos de agentes estatales.

David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, aseguró que no tienen noticia de que se haya practicado autopsias a las 16 personas que, según las denuncias, han sido ejecutadas durante el régimen de excepción. Eso, dice, puede indicar que la Fiscalía General (FGR) está intentando ocultar esas muertes. La FGR, dirigida por un abogado leal a Bukele, ha guardado silencio sobre el tema.

“Se está generando una crisis humanitaria”

Zaira Navas es una abogada que tiene amplia experiencia en investigar abusos de la policía salvadoreña. Entre 2009 y 2010 fue nombrada inspectora general de la PNC y abrió expedientes a dos docenas de oficiales de alto rango por sospechas de que habían participado en delitos de narcotráfico, acoso sexual y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Eran investigaciones inéditas entonces, que al final fueron malogradas por las autoridades de turno, lo que dejó sin castigo a varios oficiales, entre los que se cuentan algunos que aún ocupan puestos de poder, como el actual subdirector de la PNC, nombrado por el gobierno de Bukele.

Como jefa jurídica y seguridad de Cristosal, Navas ha acompañado investigaciones y denuncias sobre los abusos atribuidos al Estado desde que la Asamblea Legislativa, dominada por diputados leales a Bukele, aprobó el régimen de excepción. Uno de los datos que destacan esas investigaciones es que la mayoría de las denuncias son atribuidas, precisamente, a la PNC. En una charla con Infobae, Navas detalló los abusos cometidos por la fuerza pública y el gobierno amparados en la suspensión de garantías constitucionales.

“Lo más grave del régimen de excepción son estos quince días que habilitan, y así lo han interpretado la Policía y la Fiscalía, para que puedan hacer detenciones masivas sin mayores elementos de prueba o sin individualizar la participación delincuencial de una persona, y como ya sabemos para que una persona tenga responsabilidad penal se requiere que se establezca la responsabilidad individual en el hecho delictivo y cuál es el delito que ha cometido. Eso no está ocurriendo”, detalla.

Denuncia, también, que la Fiscalía está obligando a los jueces a realizar audiencias masivas en las que es imposible garantizar el derecho a la defensa de los detenidos.

“La fiscalía está presentando la acusación uno o dos días antes en audiencias donde van entre 100 y 600 personas. Las audiencias se desarrollan sin el cumplimiento de las reglas del debido proceso. A pesar de que los procesados están presentes a través de comunicación electrónica desde los diferentes centros penales, la mayoría tiene defensores públicos, porque la mayoría son gente de escasos recursos”, asegura Navas, que remata el argumento con un cálculo revelador: la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de la defensa pública, cuenta con 263 abogados para atender a las 32,529 personas detenidas entre finales de marzo y mediados de mayo; esto significa que cada abogado tiene que velar por la defensa de unos 120 detenidos.

Navas advierte que la situación no mejorará cuando se levante el régimen de excepción, que con la prórroga reciente se extenderá hasta el 25 de junio próximo, ya que el Legislativo controlado por Bukele, utilizando el repunte de violencia pandillera como argumento, también había aprobado varias reformas legales que restringirán las libertades civiles de forma permanente.

Las reformas, explica, facultan a los jueces a excluir medidas alternativas al arresto a personas acusadas por terrorismo, que es el caso de los sospechosos de ser pandilleros debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que otorga la etiqueta de organizaciones terroristas a la MS13 y al Barrio 18.

La reforma penal, además, elimina el límite de la detención provisional, que antes era de dos años, lo cual abre la puerta para que una persona esté detenida indefinidamente. “Esto vulnera ampliamente las garantías de presunción de inocencia, de derecho a la defensa, de ser juzgado por el juez natural, la independencia judicial, el principio de legalidad, el de igualdad, entre otras garantías constitucionales”, enumera Navas.

La abogada coincide con quienes entienden que estas medidas y el régimen de excepción tienen mucho de propaganda y poco de política pública eficiente. En su análisis, Navas cuestiona la eficiencia real de estas medidas en el combate a las pandillas:

“Los cientos y miles de personas de personas que han detenido que no tienen estas características (de pertenecer a pandillas) se convierten en detenciones arbitrarias. Esto está generando una crisis humanitaria para las familias que han sido víctimas. Y el gobierno no está dando alternativas a la extrema pobreza que existe en estas familias y que -por las detenciones arbitrarias- se han quedado sin la persona que provee, las que tenían empleos formales e informales”, dice. Y se pregunta: “Sobre las personas a las que el gobierno ya tenía perfiladas por pertenecer a pandillas la pregunta que se abre es por qué no las capturó antes. Todo esto nos lleva a presumir que esta información sobre un pacto entre el gobierno y las pandillas tiene un sustento”.

Una medida ¿popular?

Desde la noche del martes 24 de mayo, varios diputados oficialistas habían corrido a sus cuentas de Twitter a decir que estaban listos para aprobar una nueva prórroga al régimen de excepción. Listaban cifras gubernamentales sobre el descenso de los índices de violencia y acudían a uno de sus argumentos favoritos: “Hacemos lo que la mayoría ordena”, como tuiteó Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista.

El mismo día en que se aprobó la prórroga, la Universidad Centroamericana (UCA) publicó una encuesta en la que exploró la aceptación popular al régimen de excepción. El resultado es mixto y admite varias lecturas.

En general, 6 de cada 10 salvadoreños piensan que las medidas han ayudado al gobierno a mejorar la seguridad en territorios dominados por las pandillas y casi un 80% piensa que la delincuencia ha disminuido; este último porcentaje baja hasta el 53% cuando la pregunta es, específicamente, si el crimen ha bajado en el lugar donde viven los encuestados.

Pero. La encuesta también revela que cerca del 40% no sabe cuáles son las garantías legales suspendidas y más de la mitad cree que el gobierno debería de buscar medidas alternativas al régimen de excepción. El 48% tampoco está de acuerdo en que la Policía haga capturas sin orden judicial.

En un editorial, la UCA asegura que “hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población” sobre el régimen de excepción. Eso que “la mayoría ordena”, según el diputado oficialista Guevara, no está tan claro.

De lo que sí no quedó duda es de la intención del gobierno de Nayib Bukele de seguir manteniendo al país bajo el régimen de restricción a las garantías legales de los ciudadanos para continuar su llamada guerra contra las pandillas, con las que él pactó a cambio de gobernabilidad y componendas electorales, como lo han revelado múltiples investigaciones periodísticas e investigaciones criminales en El Salvador y los Estados Unidos. Por ahora, ese régimen ya se cobró la vida de 16 personas y las detenciones arbitrarias de miles más.

INFOBAE