Los votos de 81 legisladores permitieron la destitución de la presidenta del Congreso, Guadalupe Llori.

La moción pidió la remoción de su cargo luego de que una comisión presentase un informe aduciendo que Llori ha incumplido sus funciones. La destitución de esta legisladora es uno de los movimientos políticos impulsado principalmente por la bancada correista y sus aliados.

Llori se desempeñó como presidenta de la Legislatura durante 1 año y 17 días. El congresista Esteban Torres del Partido Social Cristiano, liderado por el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, fue quien presentó la denuncia en contra de Llori por incumplimiento de funciones en abril pasado. La noche del 31 de mayo, en cambio, fue la asambleísta Marcela Holguín, de la bancada correísta Unión por la Esperanza, quien propuso la votación en el pleno del legislativo para destituir a la presidenta.

La moción para la destitución fue apoyada por una mayoría compuesta por el correísmo , el Partido Social Cristiano, algunos asambleístas de la Izquierda Democrática y los “rebeldes” de Pachakutik, estos últimos afines a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador.

Guadalupe Llori fue destituida por 81 legisladores por incumplimiento de funciones.

El presidente Guillermo Lasso, desde que inició su mandato hace un año, ha acusado a Leonidas Iza, a Jaime Nebot y a Rafael Correa de querer desestabilizar su gobierno. Ahora, con la destitución de Llori, el ministerio de Gobierno, en un comunicado, calificó al acto como ilegal y resaltó que “este acto arbitrario afecta no solo la inestabilidad del Parlamento, sino la estabilidad política del país”. La posición del Ejecutivo es severa, según se lee en la comunicación oficial: “El Gobierno Nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos”.

La destitución sucedió a las 21:20 del último martes con 81 votos afirmativos y un voto en blanco. En la sesión solo estuvieron presentes 82 de 137 legisladores.

Según la normativa ecuatoriana que rige para la Función Legislativa, si la presidenta de la Asamblea se ausenta de forma definitiva, esta será reemplazada por el primer o segundo vicepresidente hasta que la Legislatura llene la vacante luego del segundo año en funciones.

Apenas 10 minutos después de aceptarse la destitución, Virgilio Saquicela, que ejercía como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, tomó juramento frente al legislador Darwin Pereira, vocal del Consejo de la Administración Legislativa, el órgano con más autoridad dentro del congreso.

Uno de los testigos de la posesión de Saquicela fue el congresista correísta Ronny Aleaga, quien perteneció a la banda delictiva Latin Kings y de quien la última semana se conocieron fotografías con Xavier Jordan, relacionado con el narcotraficante Leandro Norero, que fue detenido la semana anterior por las autoridades ecuatorianas. Norero financiaba a la megabanda Los Lobos, responsable de la última masacre en una prisión que dejó 44 muertos.

Saquicela, en su primera intervención como presidente del congreso, dijo que este miércoles la Legislatura se reunirá para tratar el proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza. Esta iniciativa fue apoyada por el ex presidente Rafael Correa, que en su cuenta de Twitter escribió: “Empieza bien Saquicela… El uso progresivo de la fuerza siempre ha estado establecido. Es un principio universal. Es evidente que problema de inseguridad no es cuestión de leyes, pero tratan de desviar la atención y engañar a la gente”.

Correa, que está asilado en Bélgica y contra quien el Estado ecuatoriano ha solicitado la extradición para que cumpla su sentencia por corrupción, se mantuvo activo en sus redes sociales durante la destitución de Llori, en una de sus publicaciones aseguró que la ex presidenta de la Asamblea Nacional “nunca tuvo la solvencia moral ni intelectual para dirigir la Asamblea Nacional” y que “su único «mérito» fue el odio a Correa”.

A Guadalupe Llori se la conoce por haber sido una de las perseguidas políticas durante el gobierno de Rafael Correa. Llori tuvo que estar en prisión luego de una protesta en contra del gobierno.

Algunos analistas políticos aseguran que la destitución de Llori y el acuerdo entre la mayoría que la expulsó de su cargo tiene por objetivo apoderarse de la legislatura para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la entidad que debe nombrar a las autoridades de control. De lograrlo, el correísmo buscaría a toda costa escoger autoridades afines a su proyecto político para lograr la impunidad de los delitos que se les acusa.

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