A menos de una semana de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara el Estado de Excepción para las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, luego del atentado con explosivos que dejó cinco fallecidos y al menos 16 heridos, las fuerzas del orden han realizado 4.000 operativos y han detenido a 66 personas, según informó el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien asistió al segundo Gabinete de Seguridad que se efectuó en Guayaquil con la presencia de los titulares de los ministerios encargados de la seguridad.

El pasado 14 de agosto, en Cristo del Consuelo, un barrio del suburbio de Guayaquil, hubo una explosión que ha sido catalogada por el gobierno de Lass como un “acto terrorista” y como una “declaratoria de guerra”.

Ordóñez señaló que “hay un trabajo de coordinación diaria entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para lograr los resultados que se prevén con el Estado de Excepción”. Entre las acciones del gobierno estará evaluar cuáles son los resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta que se creó para recuperar la seguridad en las ciudades donde sucedió el hecho. La Fuerza de Tarea Conjunta es una unidad militar formada por personal del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Doctrinariamente tiene una organización temporal hasta el cumplimiento de una misión específica, según se lee en la Política de la Defensa Nacional del Ecuador, conocida como Libro Blanco.

El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó a los medios de comunicación que más de 1.800 miembros de las Fuerzas Armadas y 300 de la Policía Nacional se movilizaron hacia Durán, Samborondón y se concentraron en tres zonas de Guayaquil para “mantener una logística de seguridad en territorio”. Además, en referencia a las unidades policiales, Salinas explicó que “se fortalecieron las capacidades en cuanto al control de armas, municiones y explosivos; control del espacio público”. También se desplazaron unidades especializadas con alta tecnología y análisis de información a las zonas de seguridad.

En lo que va del año, según datos de la Policía Nacional que constan en el decreto de Estado de Excepción suscrito por Lasso, se han registrado 2.647 muertes violentas. De ese total, el 38% de las muertes sucedieron en Guayaquil. La Policía asegura que el 75 % de esos homicidios está relacionado con el narcotráfico. Además, en el 2022 se han producido 145 atentados con explosivos en todo el país, más de la mitad (72) sucedieron en Guayaquil.

Salinas informó que actualmente existen dos investigaciones previas por asesinato y terrorismo: “Atamos cabos sueltos de los medios utilizados en el evento (del domingo)”, dijo. El comandante general de la Policía también enfatizó en que la Fuerza de Tarea Conjunta trabaja en la prevención de cualquier acto violento.

El 14 de agosto sucedió un atentado con explosivos en Cristo del Consuelo. Cinco personas murieron. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Por su parte, Ordóñez explicó que, aunque el gobierno cuenta con un plan de seguridad, “las particularidades de cada ciudad demandan tener un plan específico”. El secretario se refirió al Municipio de Guayaquil y dijo: “Yo esperaría tener del municipio un plan de seguridad para la ciudad, sobre el que podamos trabajar cooperativamente para impulsarlo. Pero no tenemos ningún plan de seguridad del municipio; y eso lleva a que se crea, por ejemplo, que la solución para la ciudad es aumentar el número de camionetas para exclusivamente el patrullaje. Y no han indagado si realmente la solución del problema viene por el lado del patrullaje o de otras acciones, como, por ejemplo, de fortalecer la capacidad de inteligencia y búsqueda de información para identificar las redes delincuenciales”.

Además, Ordóñez pidió que el Municipio de Guayaquil “tenga una actitud más proactiva y no crean que el problema de seguridad se soluciona con un comunicado de prensa señalando con el dedo la responsabilidad donde no está”.

Desde el atentado en Cristo del Consuelo se ha desatado un intercambio de comunicados, tuits y declaraciones entre las autoridades del gobierno central, del Municipio de Guayaquil y del Partido Social Cristiano, al que pertenece la alcaldesa de esa ciudad. Por esa razón, anteriormente el secretario Ordóñez pidió que el atentado no sea “un tema electoral”.

“No convertir esto que significa un drama para la ciudad y el país en un tema electoral”, dijo Ordóñez a los medios de comunicación. Un mensaje similar transmitió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien hizo un llamado a aunar esfuerzos contra la delincuencia y el narcotráfico y a asumir responsabilidades.

Ambas declaraciones sucedieron luego de que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien en un comunicado cuestionó al gobierno de Lasso y preguntó : “¿Quién manda aquí: el crimen organizado o un gobierno esclavizado?”. En la comunicación, Viteri aseguró que los guayaquileños han invertido más de USD 50 millones en herramientas para facilitar el trabajo de la Policía Nacional y le recriminó al Ejecutivo: ¿Qué más quiere que hagamos para defendernos?”.

Cuando Viteri emitió esas declaraciones, el presidente Guillermo Lasso también se pronunció en Twitter sobre las críticas de la alcaldesa y escribió: “La señora Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones”.

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