El sacerdote jesuita José María Tojeira fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, y ha sido delegado por la Compañía de Jesús para ser vocero “para atender consultas e inquietudes relacionadas con nuestra situación en Nicaragua”.

El 15 de agosto pasado la dictadura de Daniel Ortega acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ordenó la confiscación de todos sus bienes, mediante el oficio de una jueza que, según los directivos de la universidad, no se les permitió ninguna posibilidad de defensa.

La UCA es una de las más importantes universidades del país y se considera el último centro de pensamiento independiente que quedaba en Nicaragua.

Una semana más tarde, el régimen nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personería jurídica a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, administrada por los Jesuitas y ordenó asimismo el traspaso de sus bienes al Estado de Nicaragua.

Tojeira dice en esta entrevista que, a pesar de todo, los jesuitas seguirán trabajando en Nicaragua mientras se pueda y espera que las cosas cambien en el país para que la UCA pueda regresar a Managua.

-¿Cuál es la situación última que tiene en reporte?

-Podríamos decir que precaria. Tenemos nuestras obras en Nicaragua bajo distintas personas jurídicas. Teníamos la UCA y otro inmueble, además de la casa donde vivía la comunidad de jesuitas. Hay otro inmueble más que estaba con esta persona jurídica y que llevaba el nombre de la Compañía de Jesús, que servía para cuando mandábamos dinero para los ancianos. Tenemos una enfermería allí en Nicaragua porque había jesuitas ancianos y entonces había que aportar dinero desde la institución central, digamos de la provincia, y a eso es lo que llaman lavado de dinero. Las otras corresponden a los colegios y Fe y Alegría, que es una federación internacional americana de la Compañía de Jesús, pero que tiene su personería en cada país.

-¿Los jesuitas siguen trabajando en Nicaragua?

-Los jesuitas de esas instituciones siguen trabajando con las precauciones normales en un caso así, porque no se sabe si de repente lo pueden detener o lo pueden deportar. Si se puede, trabajan por internet, no viajan mucho, no van al cine, evitan actividades sociales, un poco por la situación, pero siguen trabajando, con cierta tensión.

-Entiendo que algunos sacerdotes han abandonado el país.

-Algunos de los ancianos de la enfermería, sobre todo los que estaban más necesitados de apoyo, tanto de enfermeros como de medicación, los hemos traído aquí al Salvador. Hay otros también ancianos, pero que están todavía con una autonomía fuerte. Sí, hemos traído algunos.

-¿Ha habido expulsiones?

-Expulsión directamente, no. Pero, al anterior rector de la UCA le negaron la revalidación del pasaporte. Él había salido a México para una cuestión médica, se le caducó el pasaporte porque se alargó un poquito el tratamiento en México. Entonces, cuando lo quiso revalidar, se lo negaron.

-¿Ustedes confían que el régimen nicaragüense respetará las propiedades que no están bajo la figura jurídica de la Compañía de Jesús?

-Pues, confianza no tenemos, pero mientras podamos trabajar vamos a seguir trabajando. Lo que hay ahí es una arbitrariedad absoluta y un irrespeto a las leyes muy grande. Para mí no se puede decir que hay Estado de Derecho en Nicaragua, sino solamente la voluntad de quienes mandan.

-En los años 80, la Compañía de Jesús apoyó la a revolución sandinista. ¿Ustedes encuentran alguna conexión entre aquella revolución y el régimen que actualmente los persigue?

-No, este un régimen muy distinto. En aquel momento se hablaba de democracia. Cuando perdieron la elección, entregaron el poder a otros. Tenía proyectos interesantes de reforma agraria, también de alfabetización. De hecho, fue un jesuita, el padre Fernando Cardenal, el que dirigió la campaña de alfabetización que redujo de un 50 por ciento de analfabetismo a un 13 por ciento. Había una serie de proyectos que nos parecían orientados al bien común y, bueno, se apoyó ciertamente, pero no encontramos ahora que haya algo parecido.

-Muchos opositores afirman que lo que está sucediendo ahora sucedía en los años 80. Por ejemplo, las confiscaciones, las expulsiones de sacerdotes de otras denominaciones, los presos políticos. Podría parecer como que la comunidad jesuita en aquel tiempo se hizo de la vista gorda con una situación que ahora están sufriendo en carne propia.

-Mire, yo creo que fueron circunstancias no tan parecidas. Es cierto que ahí hubo una lucha o una victoria, pero, en general, no una represión como la actual. Eso sí, se confiscaron a los somocistas y al anterior presidente Somoza las tierras que tenían. Eso es cierto. No parecía una cosa extraordinaria, dado que estaban derrocando una dictadura, porque lo de Somoza no se podía decir que fuera una democracia.

-Ustedes ya han sufrido en otros períodos de la historia situaciones parecidas. De expulsión y confiscaciones, digo.

-Sí, bueno, estamos acostumbrados a tener dificultades. Es normal. Estamos también dentro de una iglesia que tiene dificultades y las dificultades nacen de defender los derechos de la gente. La nuestra no es una crítica irracional, sino una crítica afincada en los derechos humanos, en la responsabilidad, en el apoyo fraterno, especialmente a los más pobres y los más débiles.

-¿Vieron venir lo que ocurrió en Nicaragua? ¿Ya habían previsto una situación así?

-Sabíamos que podía pasar. No era una previsión organizada. Tal vez estábamos, digamos así, en vigilante espera. Sabíamos que podía pasar algo, viendo lo que había pasado con el obispo Rolando Álvarez, lo que había pasado con algunos medios de comunicación que fueron confiscados y prácticamente desterrado a los periodistas y lo que había pasado con los opositores. No hay espacio. Teníamos que pensar que también a nosotros nos cayeran ese tipo de medidas. Pero, mientras no pasaran, pues ahí estábamos. Y bueno, mientras no sigan pasando, ahí seguiremos trabajando en las labores normales que tenemos.

-¿Cómo están viviendo este episodio sus compañeros en Nicaragua?

-Ellos están sumamente preocupados porque hoy en día en Nicaragua ser nicaragüense no significa protección de ningún tipo. De los dos rectores últimos, ya le digo, a uno no le quisieron renovar el pasaporte y no pudo regresar al país y el otro no ha podido salir por estas acusaciones de terrorismo que se hacen, a pesar de que lleva un año nada más de rector de la universidad y durante ese tiempo no ha habido ninguna actividad especialmente contraria al régimen de Ortega. Los nicaragüenses están preocupados y los extranjeros residentes evidentemente están también muy preocupados.

-¿Han tratado de establecer comunicación con el régimen de Nicaragua?

-No hay acceso a ellos. Esta persona jurídica que eliminaron, durante tres años iba a presentar cada año formalmente la información económica, entradas, salidas, etcétera, impuestos que había que pagar, y en ventanilla no le aceptaban la información, y no le daban razón de por qué no la aceptaban. Es una arbitrariedad muy fuerte y como decía, de ausencia de Estado de Derecho. Evidentemente, podíamos suponer que no nos aceptaban la información para poder decir después, en el caso eventual de que la suprimieran, que no habíamos presentado la información adecuada durante tres años. Era una cerrazón absoluta, no solo con nosotros. Eso pasa con bastante gente en Nicaragua y ha pasado con la Iglesia también.

-Pero hubo algún intento de acercamiento, tal vez el responsable provincial o el papa Francisco, de hablar con el régimen para para solucionar esto.

-El Papa está interesado, especialmente, eso es público, en la liberación de Rolando Álvarez. Pero yo creo que también el Papa no es una persona en el que tengan confianza los miembros del régimen. Y las órdenes vienen de arriba a abajo muy tajantes. Entiendo que el Papa ha tenido que recurrir a solicitar a Lula que, si tiene entrada con el Frente Sandinista, para que intervenga o que preste sus buenos oficios, y lograr la liberación de monseñor Rolando Álvarez. Pero, la verdad, esos mecanismos escapan un poco a nuestras posibilidades.

-¿Cómo define usted lo que está pasando en Nicaragua?

-No hay un Estado de derecho, es un Estado en que el poder establecido tiene la decisión última de todo. Y tiene los mecanismos suficientes para hacer lo que le dé la gana. Tiene el control total del país. No hay normas que uno pueda seguir. Miren el mismo cierre de la universidad (UCA) y apropiación de la misma. No hubo un proceso. Normalmente, si el gobierno quiere cerrar una universidad privada, tiene que iniciar un proceso, tiene que haber acceso a la defensa, tiene que haber distintas audiencias para discutir el tema, debe haber publicidad, acceso de la prensa, a las razones que se tienen. Y ahí no existe eso, simplemente hay una acusación de terrorismo y la jueza ha dicho, efectivamente, aquí hay una cosa, sin llamarnos, sin hablar con nadie, etcétera. Dice, aquí ha habido un problema de terrorismo y, por tanto, confísquese la universidad.

-¿Considera que lo que sucedió con la UCA y la Compañía de Jesús en Nicaragua es una represalia por lo que sucedió 2018 o es parte de un proyecto de transformación que tiene el régimen?

-Es cierto que se han confiscado varias universidades privadas, pero creo que como la UCA tenía cierto prestigio, es una universidad más compleja, el cierre obedece fundamentalmente a la represalia por haber abierto las puertas de la UCA en el 2018 a una población que huía de una manifestación disuelta a tiros, con heridos y muertos. Cuando se oyeron los tiros y la desbandada, el rector dio la orden de abrir las puertas y efectivamente se refugió mucha gente. Eso les molestó mucho. Posteriormente también la Conferencia Episcopal le pidió al rector, este que está desterrado en México, que dentro de unas pláticas o unas conversaciones que el propio gobierno sandinista convocó, que el rector acompañara al grupo de jóvenes universitarios y que estuviera con ellos mientras ellos presentaban sus reclamos. El hecho de haberlos acompañado les molestó profundamente también. No es una cosa solo contra una universidad, ha habido otras universidades, ha habido periodistas, ha habido a la misma iglesia, un obispo preso y otros expulsados. Es decir, yo creo que es dentro de un proyecto que tiene el Gobierno actual de Nicaragua, de no tener oposición dentro del país, no solo oposición política, sino oposición de pensamiento, de opinión, etcétera.

-¿Qué queda por hacer en Nicaragua para solucionar esta crisis?

-Ahí en Nicaragua hay personas muy buenas, eso es indudable, pero que están sometidas a una situación difícil por un gobierno que tiene un control fuerte del Ejército y de la Policía. Queda resistir haciendo las cosas: educando, promoviendo valores, los que están dentro. Luego, a nivel internacional, presentar algún tipo de presión. No me gustaría que fuera solo presión gringa, porque eso no ofrece resultados de nada y muchas veces hace daño a la gente, pero una presión latinoamericana y vía a la OEA, vía los países latinoamericanos. Conviene a nivel latinoamericano, desde la conciencia de la situación, impulsar cambios dentro de Nicaragua, pero cambios pacíficos, por supuesto.

-Hay algunas propuestas de que, por ejemplo, los jesuitas deberían impulsar una universidad, una UCA virtual, para acoger a todos esos estudiantes que han quedado a la deriva. ¿Eso es posible?

-En este momento estamos trabajando en cómo incluir a estos estudiantes, especialmente los que han salido del país y algunos, si es posible, por la vía electrónica, en las otras dos universidades que tenemos en Centroamérica y convalidarles los estudios y ver las posibilidades de que se gradúen en las universidades nuestras. Crear una UCA virtual es mucho más complicado. No creo que podamos hacerlo en este momento.

-¿Volverá a la UCA a Nicaragua? ¿Volverá la compañía de Jesús a Nicaragua?

-Bueno, la compañía está todavía en Nicaragua. La UCA va a depender de muchas circunstancias. No sabemos cuánto va a durar este régimen. Nosotros hemos pedido que reviertan las medidas y entablar un diálogo, ver cuáles son las razones y los problemas en los que se apoya el gobierno para anular la personería jurídica. Pero, no veo que en este momento el gobierno tenga muchas ganas de hacer eso.

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