El expresidente Evo Morales dijo que el comandante del ejército, general Juan José Zurita, está usando dinero de las Fuerzas Armadas para definir quién será presidente del senado nacional.

Sería la primera vez que los militares incursionan en política en Bolivia desde 1982, cuando la democracia los mandó a sus cuarteles después de dos décadas de cuartelazos.

Lo que dice Morales es que el general Zurita habría usado 100.000 dólares de las Fuerzas Armadas para comprar votos que hagan posible la elección de Ana María Castillo, de la línea de Luis Arce, como presidente del senado, en lugar del cocalero Andrónico Rodríguez.

Zurita ha sido acusado de haber llegado al cargo de comandante del ejército a pesar de normativas que lo descalifican, comenzando porque no fue primero en su curso del colegio militar, como manda el reglamento interno, sino el número 67.

La denuncia de Morales se produce cuando en las Fuerzas Armadas crecen las protestas que lo señalan como responsable de que unos cincuenta oficiales se mantengan presos por el caso “golpe I”.

Este caso fue planteado por el cocalero al retornar a Bolivia en 2020, sólo con el propósito de vengarse de quienes lo alejaron del poder como resultado de una protesta ciudadana que cubrió todo el país tras el fraude electoral de octubre de 2019.

Un oficial retirado que no quiso dar su nombre dijo que el cocalero pidió hace pocas semanas que los 50 oficiales presos por esa causa dejen de recibir sus salarios mensuales, como un castigo adicional.

Esa habría sido la gota de agua que colmó el vaso de la resistencia de algunos presos militares, que han comenzado a declararse culpables a fin de ser sometidos a juicios abreviados, con la promesa de que volverán a recibir sus salarios.

En octubre, cuatro generales presos optaron por esa vía a pesar de que algunos de ellos habían denunciado en su momento que los ayudantes de Morales estuvieron proponiendo en 2019 que los militares se hagan cargo del gobierno en vista de la incontrolable protesta ciudadana.

Abogados vinculados con el caso dijeron que el haberles quitado sus salarios, por orden de Morales, se convierte en un chantaje, una extorsión, que está en contra de las leyes, pero sobre todo en contra de la moral.

Ahora, el cocalero acusa también al gobierno de Luis Arce de estar tramando dejar en libertad a la señora Jeanine Áñez, presa desde hace mil días, sin sentencia.

Esta reacción de Morales se debe a que un tribunal de justicia de la ciudad de El Alto se declaró incompetente para hacer un juicio ordinario a la señora Añez porque ella fue presidente y las leyes dicen que debería ser sometida a un juicio de responsabilidades.

El argumento más fuerte de estos jueces es que si procedieran a ignorar que la señora fue presidente constitucional estarían dejando en calidad de ilegítimo al actual gobierno, que fue elegido en elecciones convocadas por Áñez.

Otro juzgado, de La Paz, reaccionó de la misma manera, añadiendo el argumento de que tan constitucional fue el gobierno de Añéz que llegó a cambiar a los comandantes de las Fuerzas Armadas.

La actitud de todos estos jueces muestra algo muy obvio: el actual gobierno surgió de unas elecciones que fueron convocadas por la presidente Áñez, y si se declara inconstitucional a su gobierno resultan ilegales todos los resultados de las decisiones que tomó.

El argumento de Morales es que ella se “autodesignó” presidente, lo que no toma en cuenta que el parlamento de noviembre de 2019, con dos tercios de representantes del MAS, la puso en el cargo porque los caudillos masistas habían huido o renunciado para no estar en la escalera de sucesión constitucional.

En ese momento, la estrategia del gobierno derrotado era que renuncien todos los masistas que estuvieran comprendidos en la sucesión constitucional para crear un vacío de poder, de tal modo que la única salida sea el retorno de Morales a la presidencia.

Fue cuando en el senado, donde habían renunciado todos los masistas de la directiva, alguien recordó que la senadora opositora Jeanine Áñez ocupaba el cargo de vicepresidente de esa cámara, y podía ser designada presidente de Bolivia.

Y así ocurrió, con el apoyo de los dos tercios de parlamentarios masistas, que ampliaron la vigencia de sus mandatos a fin de respaldar las elecciones generales convocadas por Áñez para octubre de 2020, algo que Morales no quiere reconocer y se ha propuesto mandar a la cárcel a todos los que ocuparon los vacíos que él dejó al escapar.

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