Por ÁNGELES ROSAS.-

La publicación de una lista de organizaciones y de ciudadanos cubanos bajo investigación del régimen por presuntos actos terroristas es considerada como una acción-reacción de La Habana a su inclusión en la lista negra de EEUU, "contradictoria" y con otros objetivos a corto y mediano plazo que evidencian "miedo" y buscan "limpieza de imagen". Así lo ven figuras de la oposición de dentro y fuera de la Isla consultadas por DIARIO DE CUBA.

"La legislación cubana es lo suficientemente vaga y ambigua para tratar con un tipo de delito bien especificado, definido y tipificado en la legislación internacional y en la de la mayoría de los países del mundo. Y esto por una razón: para clasificar y calificar como terrorismo cualquier acción que se defina contra el gobierno y la hegemonía del Partido Comunista de Cuba", señala el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.

"Por eso aparecen en la lista nacional cubanos que solo critican en sus propios términos al régimen junto a cubanos que aprendieron y prolongaron sus acciones más allá de la cultura de violencia revolucionaria en la que se educaron; acciones que, por cierto, el Gobierno emplea con perseverancia contra la comunidad opositora cubana", afirma.

En palabras del historiador y fundador de Arco Progresista, "es curioso y contradictorio que en Cuba se haya dado refugio a miembros de ETA de España y estadounidenses que mataron policías, es decir a ciudadanos que cometieron actos claramente definidos como terroristas, y que se incluya en una lista a personas que solo se encaraman a plataformas digitales para expresar sus opiniones".

"Es contradictorio también con el hecho de que Cuba apoya la invasión rusa de Ucrania, no condene a Hamás y pasea por La Habana la foto de su vocero en una marcha oficial, cautiva y obligatoria de apoyo a la causa palestina", añade.

"El propósito de esta lista nacional es el de acción bilateral simétrica con EEUU. Estos incluyen al Gobierno cubano en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, y el Gobierno cubano hace lo mismo con ciudadanos cubanos residentes en ese país. Un intento de compensación política peligroso porque es extraterritorial (considera como delitos actos que no son concebidos como tales en ningún país) y amenaza la estabilidad de ciudadanos que, nos enteramos ahora, están siendo buscados y eventualmente perseguidos por las autoridades cubanas", sostiene.

"¿Será la base para promover un intercambio de 'prisioneros'? Merece toda la atención esta movida porque se produce en un contexto en el que ambos gobiernos tienen acuerdos de cooperación en materia de terrorismo y en el que las autoridades de la Isla están desesperadas por limpiar su imagen frente a la comunidad internacional en este sentido; en la desmemoria de su propia historia política en América Latina y más allá", alerta Cuesta Morúa.

El politólogo Juan Antonio Blanco estima que este nuevo documento del régimen "puede tener múltiples propósitos a corto y mediano plazo".

"Uno es justificar, sin nombrar el caso, la supuesta necesidad de tener por décadas espías en territorio de EEUU ahora que se ha producido la reciente detención del importante topo de la DGI, Víctor Rocha, el caso más escandaloso de espionaje castrista desde el de Ana Belén Montes, que hasta ahora no ha mencionado la prensa oficial cubana", dice.

Para Blanco, otro fin sería el de "obstaculizar, intentando usar la colaboración de mecanismos de Interpol y de controles migratorios y aduanales de otros gobiernos, los movimientos internacionales y las gestiones políticas de líderes destacados del exilio que han tenido creciente receptividad e impacto en países europeos y latinoamericanos".

El analista cree que una tercera finalidad busca incluir en la lista nombres de algunos de los actuales agentes del régimen en Miami "para fortalecer su debilitada leyenda de fervorosos luchadores anticomunistas".

Por último, opina que, "con vistas a un quizás no distante intento de cambio fraude en contubernio con su supuesta 'oposición leal'", otro objetivo de la lista sería "anunciar desde ahora los excluidos por ellos para formar parte de un falso proceso de negociación con vistas a una ficticia apertura y/o transición controlada por la elite de poder".

"Es otro intento 'cheo', ridículo y chapucero que, en su falta de profesionalismo, incluye nombres hasta de personas fallecidas. Material de estudio de Granma y Cubadebate, para los CDR y los grupos de solidaridad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos", resume Blanco.

En opinión de Oscar Grandío Moráguez, historiador cubano residente en Ciudad de México, "el régimen sabe que la violencia creciente de la ciudadanía en Cuba comienza a sobrepasar la capacidad del Estado totalitario para controlarla, y conoce también que los promotores y únicos responsables de esta espiral violenta son ellos".

"Esta pérdida gradual del control de la violencia por parte del régimen cubano, con constantes casos de terror delincuencial desbordado y de episodios de 'justicia sumaria' desde lo ciudadano, permiten advertir una posible ruptura en Cuba del equilibro entre violencia institucional del Estado frente a la violencia de la ciudadanía", añade.

"Este aumento de la violencia de los de abajo de manera incontrolada puede transformarse en una violencia política capaz de producir a corto o mediano plazo una explosión social violenta masiva.  Por eso las elites totalitarias se preparan para un evento de violencia política masivo, buscando culpables externos —que en realidad ni tendrían responsabilidad en un estallido social violento, ni tienen la capacidad para provocarlo— que justificaría un proceso represivo brutal para aplastarlo", señala.

Grandío tiene claro que "no serían causas externas, como sanciones disfrazadas de embargos porosos, ni una ciudadanía dada a la violencia, o impulsada por agentes desestabilizadores internos o externos, las que generan la violencia actual en Cuba, ni las que podrían conducir a una crisis política de tipo violenta".

Por eso, el historiador considera que "esta publicación en la Gaceta Oficial de una lista de personas buscadas por terrorismo es sintomática del miedo de estas elites y cómo reaccionan ante este. Son capaces de todo".

Para el artista cubano exiliado Hamlet Lavastida, "lo que podemos ver aquí son las varias categorías que tienen en el Ministerio de Interior para denunciar lo que pueden ser para ellos personas y organismos de interés, con respecto al terrorismo, con respecto a lo que ellos perciben como acto de terrorismo".

"Hay varias cosas interesantes en el texto; el primero, quién lo firma, que es la jefa de la Dirección General de Investigación Criminal, Moraima Bravet Garófalo, quien lleva Villa Marista, el cuartel general del Departamento de Seguridad del Estado", dice Lavastida, quien estuvo recluido en ese centro de detención.

"Lo otro que podemos ver es que, en definitiva, no existe ningún tipo de separación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, vemos aquí que los archivos que ellos tienen están completamente coordinados, pero también me llama la atención de que esto es una categoría más dentro de las personas que ellos consideran terroristas", señala.

Al artista, el documento le recuerda "la fraseología, el lexicón que utilizan todo el tiempo estos individuos", en referencia a quienes reiteradamente lo interrogaron durante su cautiverio.

"El Gobierno cubano está considerado por Estados Unidos como un país patrocinador del terrorismo y quieren que exista una equivalencia. 'Si Estados Unidos considera que nosotros somos patrocinadores, entonces Estados Unidos también tiene otro tipo de patrocinadores del terrorismo dentro de su propio país', y hace circular esta lista propia", dice.

Para el artista, la lógica del régimen es, "tengo para imputar aquí, si ustedes (EEUU) me imputan" y también menciona el caso de Víctor Rocha, el exespía colombiano naturalizado en Estados Unidos, detenido en EEUU: "¿Quién sabe qué implicaciones puede haber ahí, entre lo que este hombre pueda denunciar y exponer?"

Al mismo tiempo, Lavastida considera que el régimen "está enviando una señal hacia el exterior, una señal hacia el exilio, una señal hacia los desterrados" de que actuará "de forma transnacional" con su propia ley, "con el empleo de los recursos represivos y judiciales que tiene".

"Ahora hay una nueva categoría de personas que el régimen llama terroristas, es una nueva forma de expresión, que es la expresión simbólica. En la lista vemos a influencers, artistas y creadores de contenido en Internet, y esto es algo muy nuevo y que evidentemente ellos lo toman muy en serio, como también lo tomaron en serio en mi caso. Ahora todo contenido simbólico es terrorismo sólido y tangible, según el MININT. Es sencillamente increíble el grado de demencia del régimen cubano", advierte.

DIARIO DE CUBA