Corría el año 1982 y Argentina, en plena dictadura militar (1976-1982), sufría una grave crisis económica producto de una fuerte inflación, y la situación social era cada vez más tensa, aunque todavía era desconocida para la mayoría de la población la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que se habían perpetrado desde el arribo de Jorge Videla al poder. El entonces presidente de facto, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, buscaba un pretexto para ganar tiempo, controlar la situación y mantener a la cúpula militar en el poder.

En su desesperación intentó apelar al sentimiento nacionalista. El 2 de abril de 1982 ordenó el desembarco de las tropas argentinas en las islas Malvinas, un archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur ubicado a unos 600 kilómetros de Argentina y cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido desde hace 190 años, lo que desató una guerra entre ambos países.

La misma terminó el 14 de junio con una victoria británica. Pese a su corta duración, el conflicto fue brutal: murieron más de 900 personas (649 argentinos, 255 británicos, y tres isleños). Argentina recuperó la democracia bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.

Dejando de lado diferencias de contexto histórico y respecto al tipo de dictaduras, una situación similar se está viviendo en la actualidad en la región, en el marco de la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, ubicado al oeste del río Esequibo, rico en minerales, entre ellos el petróleo.

El pasado domingo 3 de diciembre el dictador venezolano Nicolás Maduro convocó un referéndum en el que planteaba, entre otras cosas, la anexión de ese territorio. Un referéndum “no vinculante” que para lo único que servía era para que la población venezolana apoyara, o no, la postura del chavismo. Sin embargo, la postal de los centros de votación fue desoladora: como en las últimas elecciones, primó la ausencia de votantes. Apenas se acercaron un puñado de seguidores del régimen, y otros tantos movilizados por la estructura del PSUV.

Esa baja participación no respondió a un desinterés del pueblo venezolano respecto a su soberanía sobre el Esequibo. De hecho, desde la oposición en reiteradas oportunidades manifestaron su determinación a defender y recuperar el territorio en disputa. El repudio fue al régimen de Maduro y a su tono beligerante para llevar adelante el tema.

El momento de la consulta popular no fue casual. Al igual que Galtieri en 1982, Maduro necesitaba -y necesita- encolumnar a los venezolanos detrás de una causa patriota y nacional. Con una Venezuela sumida en la peor crisis humanitaria que jamás haya visto la región, y una dictadura cada vez más presionada por la comunidad internacional para la celebración de unas elecciones libres y transparentes, Maduro busca ganar tiempo y reacomodar su estructura con un solo objetivo: permanecer en el poder.

Como era de esperar, el chavismo habló de una jornada histórica. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al régimen, más de 10,5 millones de personas acudieron a las urnas.

Sadio Garavini di Turno fue embajador de Venezuela en Guyana entre 1980 y 1984. Conoce como pocos los pormenores del conflicto. En diálogo con Infobae, explicó que la similitud fundamental entre Maduro y Galtieri “es que ambos tenían un objetivo de política interna”: “En el caso argentino no era solo de política interna. Pensaron que la jugada de póker les iba a resultar y no se esperaban la respuesta de Inglaterra. Pero en el fondo son gobiernos autoritarios que con muy baja popularidad buscan un conflicto externo para subir la opinión pública a su favor, agarrando la bandera nacionalista y patriotera”.

“La gran diferencia es que Galtieri sí se metió en las Malvinas, creyendo que le iba a salir. Aquí yo no creo que cometan semejante torpeza. Si lo hicieran, entonces sí podría pasar lo mismo que le pasó a Galtieri y a los demás generales. Pero no creo que lleguen a ese nivel de estupidez. Ya se manifestó toda Sudamérica, como en la reunión del Mercosur.”, agregó el ex embajador venezolano. El propio Lula da Silva, cercano al dictador venezolano, dejó clara su postura: “No queremos una guerra en América del Sur”.

Días antes del referéndum, este medio habló con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU. El diplomático explicó que, con la consulta popular, el régimen está conduciendo al país “a un callejón sin salida”: “Hagamos lo que hagamos nos hace quedar mal”. En ese sentido, advirtió que con la pregunta 5, que se refería a la creación del estado Guayana Esequiba, la dictadura ponía al país en una situación compleja: “Si la respuesta es afirmativa y no hacen nada, quedan muy mal, porque ¿para qué movilizar a todos para no hacer nada? Pero si hace algo, como una movilización militar, queda peor”.

En efecto, lejos de seguir lo indicado por el derecho internacional, el dictador Maduro, que desconoce la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue a fondo y elevó al máximo las tensiones.

La dictadura incorporó a los mapas de Venezuela ese territorio, que ahora llama Guayana Esequiba. Además, instó a la petrolera estatal PDVSA a comenzar a otorgar licencias de explotación en ese territorio, y propuso crear una ley “para regular la creación del estado Guayana Esequiba”. Asimismo, ordenó empezar a entregar la nacionalidad venezolana a las casi 125.000 personas que viven en la zona en disputa.

Maduro también ordenó el despliegue de militares en localidades cercanas al área en disputa. Por ahora, no se refirió a incursiones sobre ese territorio controlado por Guyana. Pero el temor está. Por eso, Georgetown pidió que el conflicto sea tratado en el Consejo de Seguridad de la ONU ante la “amenaza inminente” del régimen venezolano. En medio de la escalada de tensiones, Estados Unidos realizó ejercicios militares conjuntos junto al Ejército de Guyana. El Comando Sur afirmó que continuará su cooperación en “seguridad marítima y aérea” con su aliado.

Infobae volvió a hablar con Alcalay para analizar los últimos pasos dados por el régimen de Maduro y, en particular, la posibilidad de un conflicto armado en la región: “Sería una locura dar un paso de esa naturaleza. De ser así, podría ser la tentación a repetir lo que ocurrió en Argentina con el tema Malvinas”.

“Al adoptar estas medidas el régimen entra en un callejón sin nada (...) Es un gobierno desequilibrado, herido… El terremoto político que hubo con las elecciones de la oposición ocasionó una tentación de recuperar el espacio perdido con una visión nacionalista extrema. Y eso es un riesgo”, agregó.

“¿Acción militar dónde, con qué? No hay carretera para llegar a Guyana, hay que pasar por Brasil si quiere ir por tierra, porque la otra parte de frontera es pura selva. Y si llega a hacer alguna acción militar, se le vendrá encima la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos y Brasil, que no tienen la menor intención de dejar que eso acontezca”, apuntó Garavini di Turno, quien consideró que el régimen lo único que hará es “seguir jugando de esta forma, atacando y tratando de debilitar a María Corina Machado”, como ocurrió la semana pasada tras el pedido de captura contra 13 dirigentes opositores, entre ellos cuatro funcionarios cercanos a la líder de Voluntad Popular (VV).

Sobre la posibilidad de que el dictador Maduro finalmente no apele al conflicto bélico, Alcalay, por su parte, advirtió: “El derecho internacional no solo condena el uso de la fuerza, también condena la amenaza del uso de la fuerza”.

Pasó una semana del referéndum convocado por el chavismo, y ya hay una certeza: el régimen de Maduro no logró aflorar el sentimiento patriótico y nacional de una población que viene golpeada hace más de dos décadas. Ante el rechazo popular y la creciente presión de la comunidad internacional para evitar un conflicto en la región, el dictador, que se sabe acorralado, deberá medir cada paso para evitar terminar como Galtieri.

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