Las críticas vienen de lejos, incluso de la época de la dictadura militar, que no abolió el Supremo Tribunal Federal (STF), sino que lo utilizó como instrumento de poder. El entonces presidente del STF, Ribeiro da Costa, apoyó el golpe de Estado de 1964 y sólo después de años de denuncias de torturas y detenciones intentó oponerse, pero ya era demasiado tarde.

La dictadura militar brasileña duró 31 años, hasta 1985 y en 1988 fue promulgada la actual Constitución de Brasil. 35 años después, el órgano que es el guardián de la Magna Carta vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de la era Bolsonaro, en la que el ex presidente atacó repetidamente al STF, acusándolo de “interferir” en su gobierno, pero también disfrutando de sus decisiones, como la suspensión de la investigación contra su hijo Flavio.

Ahora es Lula quien pone de nuevo a la Suprema Corte en el ojo de la polémica. Con 47 votos a favor, 31 en contra y sólo dos abstenciones, el miércoles el Senado aprobó su nominación del actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, para el cargo de juez del STF. En la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, Dino recibió 17 votos a favor y 10 en contra. El recién nombrado magistrado permanecerá en el cargo hasta abril de 2043, cuando cumplirá 75 años y deberá jubilarse obligatoriamente.

Dino asumirá el cargo de juez del STF en febrero del próximo año, heredando de su antecesora Rosa Weber 344 procesos, algunos de ellos muy calientes. Entre ellos está la investigación a uno de los ministros del gobierno Lula, el de Comunicaciones Juscelino Filho, investigado en el marco de la Operación Benesse de la Policía Federal, que indaga malversación y lavado de dinero que involucra a la Compañía de Desarrollo del Valle de São Francisco e Parnaíba, la Codevasf, en Maranhão que, sea dicho de paso, es el estado donde Dino nació en 1968, fue diputado, senador y gobernador en las últimas décadas. Dino también se ocupará del juicio contra Jair Bolsonaro por sus decisiones en la pandemia y tendrá que lidiar con el debate sobre la regularización del aborto, del que ya ha dicho que está en contra. Su nombramiento abre ahora un importante vacío en el Ministerio de Justicia, que Dino dejará en breve. Según rumores procedentes de Brasilia, el gobierno quiere dividir su ministerio en dos, Justicia y Seguridad Pública, para disponer de más puestos para negociar tanto con el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula como con el centro, el “Centrão” como lo llaman en Brasil, que fue siempre al gobierno desde el regreso de la democracia, en 1985.

Tras el nombramiento de Dino, el presidente brasileño declaró: “No sabéis lo feliz que estoy. Hemos conseguido poner un ministro comunista en el Supremo Tribunal Federal, un camarada de la calidad de Flávio Dino”. El propio presidente dijo en la campaña electoral del año pasado que “intentar cambiar el STF para poner a un amigo, a un camarada, a un partidario, es un paso atrás”. La elección de Dino por eso creó polémica inclusive entre los votantes del PT. En marzo se había iniciado una campaña para presionar a favor de la elección de una jurista negra como candidato. Incluso se había enviado un manifiesto a la presidencia brasileña, firmado también por el Instituto Marielle Franco. Para la abogada Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, coordinadora del Instituto Geledés de Mujeres Negras, el presidente Lula habría “perdido una oportunidad histórica” de designar por primera vez a una mujer negra. “Esperábamos que el nombramiento de una mujer negra se produjera en un gobierno supuestamente progresista”, dijo de Oliveira. Y añadió: “Tenemos cientos de nombres capaces de asumir este cargo. Los perdedores son la democracia, la sociedad brasileña en general y la población negra en particular, que representa el 56% de los brasileños”.

La votación del miércoles fue acalorada. En el ojo del huracán acabó también el ex juez símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato Sergio Moro, ahora senador de uno de los partidos en el gobierno, el de la Unión Brasil. Durante la votación fue fotografiado sonriente abrazando a Dino. “Tenemos diferencias, pero no he perdido el civismo”, declaró para justificarse. Pero Moro también fue criticado por no querer revelar su voto que, según la oposición, fue para Dino. “Los intensos ataques que he sufrido del actual gobierno de Lula, de la propia legislatura del estado de Paraná, así como las amenazas del PCC (el Primero Comando de la Capital, la mayor organización criminal brasileña), me hacen actuar, en este momento, con cautela y en el ejercicio efectivo de una prerrogativa que tengo, todo con el fin de preservar mi independencia’', se justificó Moro. Y justo en estas horas la Fiscalía Regional Electoral de Paraná emitió un dictamen a favor de su destitución como senador a raíz de un juicio electoral por “abuso de poder económico”. Durante la precampaña de 2022 habría gastado 2 millones de reales, unos 400.000 dólares.

Pero, sobre todo, la elección de Dino ha reavivado el debate sobre el papel del STF en la democracia de Brasil. Como ocurrió con el nombramiento entre los once magistrado que componen el Supremo del ex abogado de Lula, Cristiano Zanin, aprobado por el Senado en junio, la principal acusación de la sociedad civil es que el STF ya no respeta la separación de poderes, fundamento de las democracias modernas desde Montesquieu. Más bien se ha convertido en un brazo al servicio del ejecutivo. Con el nombramiento de Dino, Lula ha designado de hecho a más de un tercio de los magistrados del Tribunal, cuatro de 11. Además de Dino y Zanin, los jueces Dias Toffoli y Cármen Lúcia también fueron elegidos por el actual presidente en sus dos primeros mandatos. Además, la ex presidenta Dilma Rousseff, siempre del PT, fue responsable de otros tres nombramientos en la composición actual del STF, incluyendo el del actual presidente de la Corte, Roberto Barroso. Sumando los nombramientos de Lula y Dilma, el STF está compuesto en su mayoría por jueces designados por el PT, 7 sobre 11 es decir el 64% del total.

Incluso organizaciones internacionales como Transparencia Internacional expresaron su decepción, criticando la singular aprobación simultánea del ministro Dino y de Paulo Gonet como Procurador General de la República (PGR). “La inédita audiencia conjunta de los ministros de la PGR y del STF es una completa ‘farsa’ de control legislativo sobre los nombramientos ejecutivos. No hace más que ratificar lo que ya ha sido negociado a puertas cerradas y sabotea la posibilidad de que la sociedad conozca realmente a quienes han sido designados para ocupar cargos de gran poder. La perdedora es, una vez más, la democracia”, escribió Trasnparency International en un tuit.

Según la periodista de O Globo Malu Gaspar, el relator de la candidatura de Flávio Dino al Tribunal Supremo, el senador Weverton Rocha, del Partido Democrático Laborista (PDT), dio a entender que el actual ministro de Justicia fue nombrado para el STF por el presidente Lula con fines puramente políticos. El objetivo sería cambiar la ley sobre las empresas estatales y permitir el nombramiento de políticos en empresas públicas. La ley de empresas públicas fue aprobada por el gobierno de Michel Temer en 2017. Sin embargo, fue impugnada ante el Tribunal Supremo en una acción directa de inconstitucionalidad por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el partido de Dino entre 2006 y 2021. Las partes de la ley que preveían un periodo de cuarentena para los políticos nombrados en empresas estatales fueron suspendidas a partir de marzo gracias a una medida cautelar del entonces juez del STF Ricardo Lewandowski, otra nominación de Lula, en 2006. Pocos días antes de jubilarse, Lewandoswki había aceptado el argumento de que las restricciones de la ley violaban el derecho de los políticos a ser nombrados para puestos de responsabilidad en empresas públicas.

“Hay un hecho indiscutible que los jueces del STF no pueden pretender ignorar: la percepción que el país tiene del Supremo Tribunal Federal ha cambiado significativamente en los últimos años”, se lee en un editorial del diario O Estado de São Paulo. “El STF debe tener autoridad y, lamentablemente, como se ha hecho cada vez más evidente en los últimos tiempos - y la audiencia de Dino en el Senado fue una confirmación más de ello - la está perdiendo”, reza el texto. “Las causas pueden resumirse en la politización del Tribunal, el protagonismo individual de sus miembros y la falta de ejemplaridad de algunos ministros, especialmente en relación con lo que la ley establece como deberes del poder judicial”. No es casualidad que el Congreso esté debatiendo un proyecto de enmienda constitucional (PEC) sobre las decisiones monocráticas del STF en acciones directas de inconstitucionalidad. El Supremo Tribunal Federal ha criticado duramente la propuesta, pero ésta existe precisamente porque según el Congreso el STF ha ignorado abiertamente y en gran medida la Ley 9.868/99, que establece que “la medida cautelar en la acción directa se concederá por decisión de la mayoría absoluta de los miembros del tribunal”.

La decisión del STF, a principios de diciembre, de obligar de facto a los periodistas a responder ante los tribunales por las declaraciones de los entrevistados, también provocó un gran debate. Para la prensa, esta decisión tiene el potencial de obligar a los periodistas a la autocensura, limitando el debate público e impidiendo las denuncias. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, intentó entonces mitigar la polémica afirmando que la responsabilidad sólo se invocará en casos de “mala conducta intencionada, mala fe o negligencia grave”. Sin embargo, estas especificaciones no aparecen en el texto redactado por los jueces.

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