La dificultad del país sudamericano para elegir una nueva carta magna refleja los desafíos de la democracia. El domingo, los chilenos rechazaron una nueva constitución que habría virado al país a la derecha, probablemente la culminación de un proceso turbulento de cuatro años para remplazar su carta magna con escasos resultados.

Casi del 56 por ciento votó a favor de rechazar la propuesta constitucional, con todos los votos escrutados. Es la segunda vez en 16 meses que Chile, un país sudamericano con 19 millones de habitantes, rechaza un proyecto de constitución, el otro fue redactado por la izquierda, lo que demuestra lo profundamente dividida que sigue la nación sobre el conjunto de normas y principios que deben regir el país, incluso después de cuatro años de debate.

Ese debate comenzó en 2019 después de que una serie de protestas masivas derivaran en un plebiscito nacional en el que cuatro de cada cinco chilenos votaron a favor de desechar la Constitución, una versión muy modificada del texto de 1980 adoptado por la sangrienta dictadura militar del general Augusto Pinochet.

Pero ahora, tras no llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto, el país continuará con la Constitución, que tanta gente había votado para sustituir.“Quiero ser claro: durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional”, dijo el presidente Gabriel Boric, político de izquierda que no participó en el proceso, en un mensaje el domingo en la noche. “El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundent e resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos”.

Esto convierte al resultado del domingo en un desenlace amargo para un proceso que en su momento fue aclamado como un modelo de participación democrática, pero que, en cambio, se ha convertido en un claro ejemplo de lo difícil que es en realidad la democracia, especialmente en la era de internet.

“Esto podría haber sido una posibilidad para que la gente volviera a creer en la política, en los políticos. Y eso no ha ocurrido”, dijo Michelle Bachelet, expresidenta de izquierda de Chile, en una entrevista previa a la votación. “Nadie intentará hacer una tercera versión de este proceso”.

En dos ocasiones, los chilenos eligieron en su mayoría a personas ajenas a la política —médicos, ingenieros, abogados, agricultores, trabajadores sociales y otros— para formar parte de convenciones encargadas de redactar el texto para las propuestas constitucionales. Pero esos órganos acabaron escribiendo constituciones largas y complicadas, cada una en el molde partidista del bando político que controlaba la convención.

El año pasado, la Convención Constituyente, con tendencia de izquierda, propuso una constitución que habría ampliado el derecho al aborto, otorgado más soberanía a los pueblos indígenas y consagrado un número histórico de derechos, entre ellos a la vivienda, el acceso a internet, al aire limpio y la atención “desde el nacimiento hasta la muerte”. Después de que el 62 por ciento de los votos rechazaran ese texto, los electores eligieron a los conservadores para dirigir una nueva Convención Constituyente. Ese grupo creó una propuesta que habría otorgado al sector privado un papel destacado en ámbitos como la salud, la educación y la seguridad social.

Cada propuesta suscitó una feroz oposición, y los votantes se vieron abrumados por una información compleja y a menudo contradictoria sobre cómo los textos cambiarían el país. La desinformación llegaba de ambos lados.

Gladys Flores, una vendedora ambulante de 40 años, dijo el domingo que iba a votar en contra de la propuesta conservadora porque “nos van a quitar todos los derechos” y “van a bajar las pensiones”. Aunque la propuesta constitucional habría consolidado el actual sistema de pensiones chileno, criticado por sus pagos escasos, era poco probable que realmente redujera los pagos de pensiones o eliminara derechos de forma significativa.

La conversación sobre las constituciones propuestas a menudo derivó en debates políticos más que en políticas en sí. En vísperas de la votación del domingo, por ejemplo, el Partido Republicano, de extrema derecha y en auge en Chile, que había ayudado a redactar la propuesta, centró su discurso no en los méritos del texto, sino en la idea de que votar a favor castigaría a Boric, quien se ha vuelto profundamente impopular, ya que la gente está preocupada por el aumento de la delincuencia.

Felipe Agüero, politólogo que ha estudiado la transición de Chile a la democracia desde la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1990, dijo que el proceso constitucional era tenso porque la sustitución de la carta magna de la dictadura se había pospuesto durante mucho tiempo. Esto ha hecho que tanto la izquierda como la derecha estén ansiosas por aprovechar esta oportunidad única de influir significativamente en el futuro del país.

“Decidieron que teníamos que aprovechar esta oportunidad para cambiar las cosas a lo grande. Que era una oportunidad única en la vida”, dijo. Como resultado, “no hubo interés en alcanzar un consenso más amplio”.

Rolando Moreno, administrativo de 65 años, afirmó el domingo que votó a favor de rechazar el texto porque era un documento partidista. “Son políticos los que lo hicieron”, dijo. “Con esta gente no va a haber ningún cambio”.

Dijo estar cansado del proceso constitucional, que en cuatro años ha requerido varias votaciones nacionales sobre si mantener la Constitución actual, sobre quién debe redactar un nuevo texto y sobre las dos propuestas de sustitución. “Esto parece un chiste, venir a votar seis o siete veces en cinco años”, dijo. “No somos los payasos de los políticos".

El rechazo de Chile a las dos constituciones propuestas es bastante inusual en la historia. Según los estudios de Zachary Elkins y Alex Hudson, politólogos estadounidenses, es la duodécima y decimotercera vez que un país rechaza un referendo constitucional en 181 votaciones desde 1789.

Además de ofrecer un enfoque a favor del mercado para gobernar, la propuesta de constitución derrotada el domingo también incluía cierto lenguaje conservador en cuestiones sociales. La parte que más llamó la atención fue el cambio de una sola palabra en el lenguaje de la Constitución actual sobre el “derecho a la vida”, que muchos chilenos temían que se utilizara para cuestionar la ley nacional que permite el aborto en algunas circunstancias. A la izquierda también le preocupaba que el texto hubiera dado lugar a leyes que permitieran a las empresas invocar creencias religiosas para rechazar a algunos clientes, como parejas del mismo sexo y personas transexuales.

La primera Convención Constituyente, controlada por la izquierda, despertó gran interés el año pasado y sus sesiones se transmitían en directo. Pero tras la derrota de su propuesta, la opinión pública pareció desilusionarse con el proceso y la cobertura mediática disminuyó.

“Esta vez la gente está mucho más desvinculada del proceso”, dijo María Cristina Escudero, politóloga de la Universidad de Chile.

Según ella, es casi seguro que no habrá un tercer intento de nueva Constitución, al menos durante algún tiempo. “No hay voluntad popular para ello, no hay movimiento social del pueblo para volver a hacerlo”, dijo. “La gente está cansada”.

Antes de la votación del domingo, el gobierno de Boric y políticos de ambos bandos dijeron que si la propuesta era rechazada seguirían adelante. La actual Constitución es profundamente impopular, en gran medida por sus vínculos con los años de Pinochet, pero ha sido reformada unas 50 veces en las últimas tres décadas, y es probable que los legisladores sigan intentando ajustarla.

El rechazo al texto propuesto es una victoria para Boric, cuyo gobierno ha estado atado al debate sobre la Constitución durante sus dos primeros años. Su gobierno ha conseguido muy poco hasta ahora, y sus índices de aprobación han caído en picada. Si se hubiera aprobado la propuesta constitucional conservadora, Boric habría tenido que trabajar con el Congreso para poner en marcha un sistema de leyes establecido en el texto. Ahora puede concentrarse en gobernar el país.

A pesar del descontento por la Constitución, Chile sigue siendo una de las naciones más estables y prósperas de América Latina. El país tiene la calificación más alta de la región en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es medir a los países en ámbitos como la educación, los ingresos y la calidad de vida.

INFOBAE/The New York Times