Mucho de lo que ocurre en Guatemala en la actualidad pasa por el intento de corregir el rumbo de la justicia y de convertir al Ministerio Público en abanderado de una reforma institucional encaminada a combatir, con eficiencia, al crimen organizado, enquistado desde hace años en los gobiernos locales, y a las mafias políticas que, aliadas con los clanes del narcotráfico, eran las dueñas del aparato estatal. Una de las trincheras de aquella revolución, o del intento de hacerla, fue la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval Alfaro, que a los 33 años se convirtió en 2015 en uno de los agentes fiscales más influyentes del país.

Por el escritorio de Sandoval pasaron algunas de las investigaciones más importantes de la última década, incluidas al menos tres en que el sospechoso no era otro que el presidente de la república, Alejandro Giammattei. Sandoval investigó también a los empresarios más poderosos de Guatemala, hasta entonces intocables, a capos del narcotráfico y los operadores políticos más influyentes. Por un tiempo, él, su equipo y otros operadores de justicia implicados en las reformas gozaron de la protección política que les daba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una especie de fiscalía supranacional que acompañó al MP en investigaciones y querellas complejas. Cuando el aparato de poder, encabezado entonces por el presidente Jimmy Morales -a quien Sandoval también investigó-, expulsó a CICIG empezó en Guatemala el fin de la reforma judicial.

Ya de la mano de la fiscal general Consuelo Porras, elegida por Morales en 2018, el Ministerio Público (MP) dejó de ser una instancia que investigaba a funcionarios y empresarios y se convirtió en la principal herramienta de persecución a quienes se opusieron o investigaron a esas mafias políticas. Así lo han reconocido, años después, gobiernos como el de Estados Unidos, Chile y Colombia o entes regionales como Naciones Unidas, la OEA o la Unión Europea, que han acusado a Porras y a la fiscalía de atentar contra la voluntad popular de los guatemaltecos, que en agosto de este año eligieron presidente del país, en sustitución de Giammattei, a Bernardo Arévalo, un progresista moderado.

Desde que Arévalo ganó, el MP de Porras ha encabezado una cruzada por impedir la transición democrática y por evitar que el presidente electo asuma, como está previsto, el próximo 14 de enero. Pocos, en Guatemala o en la comunidad internacional, piensan que Porras ha actuado sola. Washington, por ejemplo, no ha dudado en aplicar sanciones y retirar visados a varios empresarios señalados de financiar y acompañar las intentonas del MP por obstaculizar a Arévalo.

Poco a poco, desde el triunfo de Arévalo y su Movimiento Semilla en agosto de 2023, el MP se ha ido quedando solo. Le acompañan ahora esos empresarios, diputados ligados al oficialismo y, desde la sombra, el presidente Alejandro Giammattei. Actores que en algún momento acompañaron casos montados por Porras y los suyos contra Semilla hoy dan señales ambiguas. La Corte de Constitucionalidad, para el caso, ya resolvió que Arévalo debe de asumir el 14 de enero de 2024. Por ahora, sin embargo, Porras no se detiene e insiste, a través de sus lugartenientes, que Semilla ganó con un fraude y que cometió ilegalidades a la hora de formarse como partido.

Desde la periferia de Washington, DC, donde vive desde que tuvo que exiliarse en julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, el exfiscal antimafia, recorre en esta charla con Infobae lo que ocurre en su país, las intentonas del MP en el que él trabajó por subvertir ahora la voluntad democrática de los guatemaltecos y el rol de la comunidad internacional en todo el asunto.

Lo que ocurre en Guatemala parece no tener final. Está claro ya que toda la comunidad internacional condena el intento de golpe, al presidente, a la fiscal, a los diputados, pero las intentonas no se detienen, ¿de dónde saca tanto poder esta gente?

Hay una máxima que reza: “el poder es efímero”, pero los principales actores que sostienen esta intentona golpista han estado en el poder desde la Colonia. Es la élite que tiene todo el poder económico y desde ahí ha sostenido la política sistémica que le es conveniente para seguir haciendo del país su propia finca.

¿Le parece suficiente lo que está haciendo la comunidad internacional? ¿No cree que tuvieron que haber hecho algo antes?

La comunidad internacional ha hecho lo que ha estado a su alcance. Lamento decir “se los dije”, pero desde mi salida denuncié tantas situaciones que han afectado la democracia y que pudieron haberse ido evitando. En 2021 se debió exigir con más contundencia la salida de Consuelo Porras y tomar medidas más drásticas, impedir su reelección. Pero eso es lo que pudo hacerse, debemos enfocarnos en lo que ha hecho, que es muy importante y sobre todo en lo que viene. La legitimación finalmente la da el pueblo de Guatemala.

Usted trabajó con Consuelo Porras. Desde afuera ella no parece la líder estratégica que ha elaborado todo este plan de intentar impedir la transición presidencial, ¿Cuál es en realidad el papel de la fiscal general?

Puede no ser la líder estratégica, pero tiene el cargo y la fuerza para ejecutar todas las instrucciones de la mafia corrupta. Antes de su llegada sabíamos que era su forma de actuar, que ella era una “soldada” que cumple fielmente instrucciones. En este caso, no las del pueblo, sino las del grupúsculo para quien trabaja.

¿Cuál es el papel de otros jefes fiscales que ya han sido sancionados por Estados Unidos y esperan sanciones de la Unión Europea, como Ángel Pineda y Rafael Curruchiche? ¿Son ellos autores intelectuales o simples ejecutores?

No son simples ejecutores, son coautores. Desde el momento en que tuvieron la posibilidad de discernir, comprender que lo que están haciendo es ilegal, pudieron desmarcarse. Pero, lejos de ello, han seguido el guion, aún en las ausencias de la fiscal general. Han sido abusivos en su forma de actuar, con los señalados, con la comunidad internacional. Mienten y ellos se creen sus mentiras y así han actuado y lo seguirán haciendo.

Vamos a los casos específicos con los que quieren criminalizar a Bernardo Arévalo, al Movimiento Semilla y la transición presidencial. Está el caso al que han llamado Corrupción Semilla, basado supuestamente en que los fundadores utilizaron firmas falsas para inscribirse como partido político. Por lo visto hasta ahora las supuestas pruebas son débiles. ¿Es un caso armado?

El burdo montaje del caso contra Semilla, presentado en cuatro supuestas fases. Hablan de 5,000 firmas y tienen el peritaje de una sola, y desde julio vienen repitiendo que esta es solo la primera fase. Luego hablan de siete hallazgos de una auditoría electoral, que las practican a todos los partidos. Semilla agotó el procedimiento y luego el partido pagó una multa y todo finalizó. Pero, en forma maliciosa, estos hallazgos administrativos fueron utilizados para criminalizar al partido y aparentar la existencia de una investigación profunda. De hecho, el pago de la multa ocasionó que la fiscalía inventara un caso de lavado de dinero, que por supuesto ex inexistente. Y entre las cosas más tontas del mundo está el hecho de pedir que se levante la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electora (TSE) por no colocar todos los acuerdos reglamentarios en la página web; eso puede violar la ley de acceso a la información pública pero no es facultad del MP meterse en eso, y mucho menos un crimen. Y así se inventan historias que perjudican a la ciudadanía

Luego está el caso por el que allanaron las instalaciones a cargo del TSE y pidieron abrir todas las urnas del país, el que está basado en la denuncia de Giovanni Fratti, un abierto opositor a Semilla que tampoco presentó pruebas. En ese caso parece más evidente el montaje. ¿Cómo se arma un caso así desde el MP?

Partamos del supuesto que la denuncia de Fratti fue por la posible defraudación de recursos del Estado. Lo pernicioso acá es que, con ese pretexto, se fraguó un plan para revertir el resultado de las elecciones. Inclusive hablaban de la urgencia de investigar antes del 14 de enero, lo que denota la instrumentalización de casos penales para alterar el resultado electoral. Sobre el montaje de casos, mi experiencia ha sido como víctima. Ellos no tienen empacho en partir de inferencias, implantación probatoria y desvergüenza para plantear casos sin sustento para cumplir con objetivos que buscan denostar la voluntad popular y responder al interés de unos pocos

Tal como se está contando la historia en Guatemala parece que el peor ogro es el MP, pero ¿lo es en realidad? ¿Tiene una funcionaria gris como Porras el poder de hacer todo esto? ¿O son los mismos empresarios y mafias de siempre las verdaderas cabezas?

Reiterando la respuesta a una de las interrogantes, el MP es la cara más visible de un plan antidemocrático. Pero la estrategia utilizada, pareciera una inventiva militar, patrocinada por actores económicos, y la fiscalía se dedica a dar la cara y ejercitar acciones ilegales que son justificadas por jueces corruptos, cuyas resoluciones son confirmadas por las altas cortes que fueron electas en procesos corrompidos y para responder a intereses sectarios.

¿Cuál cree que es el rol de Alejandro Giammattei en todo esto?

Alejandro Giammattei es el funcionario corrupto, capataz de turno a quien se le están agotando los días como director de la orquesta, pero como un actor utilitario, su plazo de utilidad ha finalizado. Su interés en este momento es garantizarse impunidad para sí y para su pareja, y sus acciones es lo que buscan: presionar para garantizarse futura impunidad.

Cuando usted se fue en 2021, el MP guatemalteco era un ejemplo para el mundo, hoy todo el mundo lo condena. Cuénteme un poco cómo fue ese giro.

El giro del MP inició en mayo de 2018. Desde el inicio de su gestión, Consuelo Porras descaradamente protegió los intereses de Jimmy Morales y la cúpula empresarial. A la llegada de Alejandro Giammattei, en forma inmediata ofreció servicios de impunidad y las capacidades institucionales para perseguir opositores. En eso se convirtió el MP, en la institución que puso al servicio sus capacidades para servir al gobierno. Perdió autonomía.

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