Hubo un tiempo, hace no tanto, en que las advertencias del Ministerio Público de Guatemala, hechas a través de voceros oficiales, cuentas de trolles asociadas o abogados particulares, pusieron a temblar a todo el sistema democrático de Guatemala.

Entre el 25 de junio del año pasado, día en que se celebró la primera vuelta de las elecciones generales, y la semana de Nochebuena, el MP, como aquí se le conoce, no cesó en su empeño de impedir el ascenso a la presidencia de Bernardo Arévalo, un catedrático de centro izquierda que ganó los comicios contra todo pronóstico. Tras el rechazo popular, sobre todo el de las comunidades indígenas, el abandono de empresarios que otrora la apoyaron y la insistente presión de Washington, la fiscal general, cabeza visible de la oposición a Arévalo, parece haberse quedado sola.

Uno de los intentos más recientes de boicotear a Arévalo, quien ganó la presidencia en representación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral celebrada el 20 de agosto pasado, arrancó a principios de diciembre de 2023, cuando la fiscal Leonor Morales, una de las subalternas de la fiscal general Consuelo Porras, dijo que había solicitado a los tribunales el retiro de la que el presidente electo y otros miembros de Semilla gozan por ser diputados.

El 9 de diciembre, la plana mayor de la fiscal general Porras, encabezada por el secretario general del MP, Ángel Pineda, brindó una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala que se extendió dos horas largas en las que juntó varios casos penales abiertos contra Arévalo y Semilla para anunciar una “investigación histórica”. Uno de los casos tiene que ver con la supuesta comisión de ilegalidades a la hora de recaudar firmas para la formación del Movimiento Semilla en 2018. Esa investigación, se supo pronto, estaba basada en la denuncia de un abogado llamado Giovanni Fratti, opositor del presidente electo y usual aliado del MP de Porras, y en pocas pruebas.

Por aquel caso, anunció el MP aquel 9 de diciembre, habían pedido antejuicio contra Arévalo, es decir, retirarle la inmunidad.

También dijeron Pineda y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y uno de los subalternos más fieles a Porras, que había otra investigación contra miembros de Semilla por supuesto financiamiento electoral ilícito. ¿Las pruebas? La supuesta falta de recibos de donaciones al partido por unos 15,000 quetzales (unos USD 2,000). Aunque abrió expedientes separados, el MP presentó todo bajo un solo título: Caso corrupción Semilla.

También la emprendió el MP contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes, palabras más, palabras menos, ha intentado expedientar por tolerar un supuesto fraude que dejó a Semilla y a Arévalo en la presidencia del país.

Todas las acusaciones eran reproducidas de forma estridente en redes sociales, a través de cuentas anónimas que investigaciones estadounidenses han relacionado, entre otros, con Ángel Pineda, el secretario general del MP. También hicieron de caja de resonancia miembros de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización civil de ultraderecha, financiada por empresarios guatemaltecos del mismo signo ideológico, que ha acompañado como querellante particular casos de MP contra ex operadores de justicia y periodistas que han investigado o expuesto la corrupción del pacto político-empresarial que gobierna el país y al cual Arévalo y Semilla desbancaron de la presidencia en las urnas.

A todos los nombrados en esta historia como perseguidores del presidente electo y su movimiento político el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos los ha puesto en listas de funcionarios corruptos y antidemocráticos o les ha abierto expedientes bajo la Ley Magnitsky, desde el Departamento del Tesoro, por sospechas de que cometieron crímenes o irregularidades relacionados con la corrupción, o de que atentaron contra la democracia guatemalteca. En esas listas están Pineda, Curruchiche, la fiscal Morales, la fiscal general Porras, miembros de la FCT y, desde hace poco, poderosos empresarios.

Poco antes de la Nochebuena de 2023, algunos de los trolles que han acompañado las acciones del MP anunciaron que tenían información privilegiada sobre las peticiones de retiro de inmunidad a Arévalo y a los magistrados del TSE. A principios de 2024, dijeron, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a la postre debía de conocer las peticiones de los fiscales, daría “sorpresas” al presidente electo y a los jueces electorales.

Esos anuncios venían precedidos del reemplazo de magistrados en la CSJ votado por el Congreso de Guatemala el 15 de noviembre pasado. Se trata de trece jueces que sustituirán a quienes estaban en el cargo, pero solo por unos cuantos meses debido a que el mismo Congreso había dilatado, casi cuatro años, las elecciones de los nuevos integrantes del máximo tribunal. Como presidente de la nueva Corte fue nombrado Óscar Ruperto Cruz Oliva, un abogado que, de acuerdo con un investigador guatemalteco consultado, había hecho componendas con operadores judiciales y políticos para intervenir de forma irregular en las elecciones de otras altas cortes del país.

A Cruz Oliva, de hecho, el MP, cuando aún Consuelo Porras no había culminado la toma de la fiscalía general, lo incriminó en 2020 un caso conocido como Comisiones Paralelas, relacionado con los intentos por influir de forma ilegal en la elección de magistrados. El nombramiento de Cruz, según un investigador guatemalteco que habló bajo condición de anonimato por seguridad, había dado alas a los fiscales y a los trolles que suelen hacerles eco. Poco antes de la Nochebuena pasada, en al menos dos de esas cuentas anónimas se advertía de que la CSJ fallaría a favor de retirar la inmunidad a Arévalo y de mantener los procesos contra los magistrados del TSE. El objetivo final, dice el investigador, era mantener viva la posibilidad de impedir la toma de posesión de Arévalo, establecida por Constitución para el 14 de enero de 2024.

El segundo día del nuevo año, sin embargo, la CSJ publicó un breve comunicado en el que informaba que había denegado amparos a querellantes contra el TSE, lo cual, para todos los efectos prácticos, pone en pausa la embestida del MP contra el evento electoral y su resultado.

El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, opina que la reciente resolución de la CSJ se suma a otros reveses que el MP y quienes lo apoyan y sostienen políticamente han sufrido en días recientes. “Hay dos reveses para el pacto de corruptos (como se conoce a la alianza política de la que forma parte el MP): La CSJ no otorgó amparo en contra del TSE; el ministro de Finanzas… explicó que este año entraría en vigor el mismo presupuesto de 2023, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el decreto de presupuesto de 2023 que aprobó el congreso y sancionó (el actual presidente, Alejandro) Giammattei”, escribió Marroquín en su cuenta X en referencia a un intento del mandatario saliente de limitar la gobernabilidad de Arévalo por vía presupuestaria.

“La CC parece ahora más independiente y a la nuevo Corte Suprema no le ha quedado más remedio que alinearse a eso. Parece que Giammattei y su gente se van quedando más solos”, dice, por su parte, un funcionario del gobierno Biden en Washington que está al tanto de lo que ocurre en Guatemala y habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma.

A pocos días del relevo

A las cosas que no han ido bien para el MP en las últimas semanas se sumó, el 3 de enero pasado, la liberación provisional de Virginia Laparra, una ex fiscal que había investigado casos de alta corrupción ligados al pacto político que apoya la gestión de la fiscal general Porras y estuvo presa durante casi dos años a pesar de múltiples protestas internacionales. La libertad de Laparra, cree el analista Marroquín, es otro revés para el llamado pacto de corruptos.

Lo cierto es que Laparra se convirtió, entre otras cosas porque fue declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional y porque su captura fue repudiada por el Departamento de Estado en Washington, en uno de los rostros más visibles de la persecución política en Guatemala, de la que el MP de Porras ha sido elemento clave desde al menos 2021.

Primero, Porras y los suyos la emprendieron contra los fiscales, investigadores y jueces que, desde finales de la década de 2000 habían formado parte de una reforma judicial que permitió la apertura de investigaciones a criminales de guerra, a grandes narcotraficantes y a poderosas redes de corrupción asociadas a los políticos y empresarios que auparon a Alejandro Giammattei a la presidencia del país y, antes, se habían aliado con Jimmy Morales, el antecesor de Giammattei. Al amparo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador supranacional acuerpado de Naciones Unidas, estos operadores de justicia llegaron incluso a forzar en 2015 la renuncia de Otto Pérez Molina, entonces presidente, por actos de corrupción.

Morales expulsó a la CICIG en 2018 y Giammattei revirtió, de la mano con Consuelo Porras, las reformas institucionales que permitieron la investigación y persecución penal de los grandes casos de cuello blanco y crimen organizado. La contrarreforma incluyó perseguir a ex fiscales como Virginia Laparra o Juan Francisco Sandoval, un exjefe fiscal exiliado en Washington que lideró investigaciones por casos como la corrupción de Odebrecht en Guatemala, de empresarios coligados con el gobierno para el cobro ilegal de comisiones, o al mismo presidente Giammattei por supuestos sobornos.

Cuando el fin del periodo de Giammattei se acercó y llegó el momento para las presidenciales de 2023, el MP ayudó a limpiar el camino, a través de acusaciones y peticiones de antejuicio, a las candidatas más favorecidas por la alianza política en el poder. Al final, sin embargo, Bernardo Arévalo, que en público ha defendido a los exfiscales y ha criticado a Porras y a Giammattei, se coló en la segunda vuelta electoral y terminó ganando las presidenciales.

A partir del triunfo de Arévalo, Porras y el MP iniciaron una ofensiva política y legal que ha pasado por intentar quitar la inmunidad al presidente electo -de la que goza porque actualmente es diputado-. La arremetida también incluyó investigaciones del MP a Arévalo y a Karin Herrera, la vicepresidente electa, porque ambos apoyaron verbalmente protestas en la Universidad de San Carlos, la única pública del país, por la elección fraudulenta del actual rector, otro aliado del pacto gobernante.

La ofensiva del MP también incluyó encarcelar provisionalmente a una excandidata de Semilla, suspender temporalmente al partido ganador e iniciar una jugarreta legal para abrir todas las urnas del país.

La presión llegó a ser tan fuerte que Arévalo incluso tuvo que suspender un viaje a Washington en julio pasado, después de la primera vuelta electoral, por temor a que el MP aprovechara su ausencia para incrementar la persecución.

El presidente electo, sin embargo, se mostró siempre convencido, al menos en público, de que la ofensiva de sus opositores no impediría la toma de posesión: “Es inevitable”, dijo en noviembre a periodistas con los que se reunió en otro viaje a la capital estadounidense. Arévalo fue más allá en aquella conversación y aseguró que su triunfo había abierto la puerta a un cambio político en Guatemala, marcado por la salida del poder de la alianza tradicional que ha gobernado el país durante décadas.

Con el respaldo inequívoco de la administración Biden, de la OEA y de la Unión Europea, y de gobiernos latinoamericanos como los de Chile, Brasil, Colombia y México, Bernardo Arévalo se encamina a, finalmente, tomar posesión el 14 de enero. Si eso ocurre los retos desde entonces serán otros, pero no dejarán de estar relacionados con la oposición del pacto.

La fiscal general Porras seguirá en su puesto cuando Arévalo asuma: el presidente no tiene potestad para desbancarla y, de acuerdo con el funcionario estadounidense consultado para esta nota, es muy posible que se convierta en la cabeza visible de la oposición. Arévalo parece estar claro que los retos para su gobierno no terminarán, ni de cerca, el 14 de enero y que el riesgo del uso político de la persecución penal se mantendrá vigente. Los intentos golpistas, dice el nuevo presidente de Guatemala, estarán ahí: “En el Siglo XX era con el poder coercitivo del Estado, en el Siglo XXI es con jueces y abogados”.

INFOBAE