La reforma económica a la que parece encaminarse Cuba arroja más dudas que certezas. Mientras que el Partido Comunista se prepara para debatir el plan del régimen en abril, varios especialistas anticipan que los cambios para abrir algunos sectores a la iniciativa privada y para modificar su cultura de gerencia parecen un desafío cuesta arriba.

Coinciden en que son pasos correctos para apuntalar la deteriorada economía de la isla, pero cuestionan que el Estado, cuya gestión tiene una extensa historia de desaciertos, va seguir siendo casi omnipresente en el control.

El gobernante "Raúl (Castro) tendrá que traer gente de otro planeta o sacarlos de no sé dónde", dijo el director ejecutivo de una empresa estatal mediana. "Hay mucha gente viviendo bien de este desorden para que sean ellos mismos los que traten de arreglarlos", explicó el funcionario, que pidió no ser identificado.

El plan implica que el Estado deberá ceder gran parte de la agricultura, los servicios minoristas y la producción a pequeña escala de negocios familiares, las cooperativas y los contratos de arrendamiento durante los próximos años.

Sin embargo, no existen indicios de que las medidas abarquen otros sectores. Las propuestas simplemente piden cambios en la forma en que a menudo son dirigidas las empresas estatales, que rara vez resultan rentables.

El régimen prevé que con la reforma el "control de las gestión empresarial se basaría principalmente en un método económico-financiero en lugar de métodos administrativos". De ese modo, las empresas disfrutarán de una mayor autonomía para gestionar fondos y tomar decisiones de negocios.

Las aproximadamente 3.700 compañías estatales gestionan gran parte de la economía cubana. "Estimo que entre el 35 y el 40 por ciento de las empresas son fundamentales para la economía y más del 50 por ciento de ellas no son rentables", indicó un funcionario, que pidió nos ser identificado porque tiene prohibido hablar con periodistas.

Cambio cultural

Esas empresas están actualmente administradas desde los ministerios, que nombran a los ejecutivos, revisan los planes productivos, establecen salarios, controlan importaciones y exportaciones, la gestión mixta con empresas extranjeras y realizan inspecciones sin fin.

Fuentes cercanas al régimen reconocieron que existían planes para la eliminación de grupos de empresas, en favor de grupos de empresas públicas que operen fuera del Estado.

Un economista local advirtió que las propuestas plantean más preguntas que soluciones: "Todo eso suena muy bien, es un punto de avance pero tiene que ver cómo funciona en la práctica". Y agregó que para que funcione "tiene que cambiar la cultura administrativa del país", agregó.

Según el especialista, las propuestas no dejan claro las prerrogativas que tendrían las compañías estatales, cómo liquidarían las deudas que se contrajeron entre ellas y con  entidades extranjeras, o si el creciente papel de los militares en la economía -estimado entre el 30 y el 35 por ciento-, es algo temporal o permanente.

Media docena de directores estatales en activo y jubilados dijeron que las propuestas, aunque positivas, son demasiado imprecisas. Muchos se mostraron escépticos de que los planes se apliquen correctamente en el futuro.

"Si esos lineamientos se aplican con rigor y con inteligencia, la situación se va a revertir. El problema es cómo aplicarlos", dijo un antiguo ejecutivo de la industria de las comunicaciones.

Aníbal, un ejecutivo jubilado de la industria alimenticia, señaló que la voluntad del Estado para aflojar el control sobre las empresas tenía que verse para creerse. Como ejemplo citó el actual recorte de unos 500 mil empleos estatales, para lo que el régimen fijó cuotas a cada empresa y un recorte de las licencias de importación y exportación de ciertas firmas estatales.

"Estas y otras contradicciones similares, son las que me hacen dudar de la real voluntad de cambiar todo un entramado de medidas que han ahogado a las empresas hasta ahora", señaló.