Desde diciembre de 2006, según datos de la Procuraduría General, la Justicia mexicana libró más de 2.700 órdenes de detención por este delito. Sin embargo, sólo se concretaron poco más de 400 arrestos.

Los datos oficiales señalan que las distintas fuerzas policiales de México sólo han logrado cumplir con un 16% de las órdenes judiciales sobre casos de secuestros en el país desde que el actual presidente, Felipe Calderón, asumió su puesto. De hecho, los 2.284 pedidos de captura (el 84%) continúan vigentes, pero lejos de concretarse.

De acuerdo con la información difundida por Excelsior, poco más de la mitad de estos presuntos secuestradores buscados por la ley (1.490) corresponde a delincuentes comunes. Mientras que 1.220 de esos secuestradores buscados opera bajo el paraguas del crimen organizado y de los cárteles de droga.

La dependencia federal asegura en su página web que "el secuestro es uno de los delitos que más afecta a la sociedad", ya que "la conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas. Entre amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema, las características y consecuencias del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la población."

Además, la procuraduría explica que este delito se expande en México por su carácter redituable. "El secuestrar personas conlleva la obtención de grandes recursos económicos, por lo que la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento, convirtiéndose en una verdadera industria delictiva".

El delito figura en el Código Penal de México y tiene previstas penas de entre 15 a 40 de prisión.