Arrojaron tres bombas de humo que causaron pánico entre los clientes de una sala de juegos de Tijuana. Ocurrió a una semana del atentado que dejó 52 muertos en Monterrey, donde investigan al hermano del alcalde

El ataque fue realizado por desconocidos y el hecho no provocó víctimas, informó la empresa propietaria en un comunicado este jueves.

La noche del miércoles al jueves unas "manos desconocidas lanzaron tres latas de humo que son utilizadas regularmente por policías para dispersar motines", señaló el texto del grupo Caliente.

La espesa fumarola desató el pánico entre empleados, asistentes y peatones pero no daños, reportó por su parte el cuerpo de bomberos.

Este nuevo ataque a un casino ocurre una semana después de la muerte de 52 personas en un centro de apuestas de la ciudad de Monterrey, también en el norte de México, cuando fue incendiado por pistoleros del grupo Los Zetas.

El grupo Caliente es propiedad del controvertido ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, a quien en junio un juez liberó por errores de procedimiento tras diez días detenido después que militares encontraran un arsenal ilegal en las afueras de su mansión.

Piden la renuncia del alcalde de Monterrey

Un hermano del alcalde de Monterrey fue señalado por la prensa de realizar cobros por extorsiones a casinos en esa ciudad del norte de México, donde la semana pasada ocurrió el ataque que dejó 52 muertos.

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, pidió este jueves a la fiscalía que investigue el contenido de los videos y anunció que su hermano se presentó ante las autoridades judiciales para entregar su versión. "No tengo duda de que el peso de la verdad habrá de salir de esta averiguación", señaló.

Videos difundidos por el periódico Reforma en su página de internet mostraban a Jonás Larrazabal, hermano del alcalde, recibiendo pagos de empleados en tres casinos en los últimos tres meses, uno de ellos por 400.000 pesos (32.573 dólares).

Uno de los videos, divulgado este jueves, mostraba a un grupo armado irrumpiendo en un casino en mayo causando destrozos cinco días antes de que Larrazabal acudiera al lugar para recibir una fuerte suma de dinero.

Tanto el alcalde como el hermano se deslindaron de las acusaciones. La difusión de estos materiales se produce a una semana del ataque al casino Royale en Monterrey, al cual pistoleros del cártel de los Zetas le prendieron fuego con cientos de clientes adentro, en el peor atentando de este tipo en México, con un saldo de 52 muertos, entre ellos 42 mujeres.

Las autoridades detuvieron a cinco involucrados que confesaron pertenecer a Los Zetas y dijeron haber recibido órdenes de quemar el casino porque los dueños no cumplieron con los pagos de una extorsión que, según dijeron, esta organización exige a muchos negocios en diferentes ciudades del país para permitirles operar.

La fiscalía estatal anunció que inició una averiguación formal contra Jonás Larrazbal cuyo abogado Jesús Martínez por su parte justificó los pagos señalando que eran producto de un negocio de quesos y licores.

Las revelaciones provocaron que diversas voces pidieran la renuncia del alcalde que pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), el mismo del presidente Felipe Calderón, incluyendo las de varios congresistas federales y empresarios de Nuevo León, polo industrial del norte de México y sede de importante firmas trasnacionales.

Una serie de ataques de comandos armados a casinos se habían registrado en los últimos meses en el área metropolitana de Monterrey, donde según registros oficiales se abrieron 50 casas de apuestas desde 2006.

El gobernador de Nuevo León anunció el miércoles una iniciativa que busca impedir la apertura de más casinos en su estado y propone la creación de centros para atender la ludopatía.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, se encuentra desde 2010 envuelto en una escalada de violencia de los grupos del narcotráfico, particularmente Los Zetas, que libran en la zona una disputa a sangre y fuego con el Cartel del Golfo.

Según datos oficiales y conteos de prensa, más de 41.000 personas han muerto por guerras entre narcotraficantes, choques con las fuerzas armadas y como víctimas colaterales desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo para combatir el crimen organizado desplegando más de 50.000 militares.