Por Vicente Botín.-

¿Podrán salir de Cuba y regresar después a la isla las Damas de Blanco? ¿Obtendrá Guillermo Fariñas el pasaporte para recoger en Estrasburgo el Premio Sajárov de Derechos Humanos que le otorgó el Parlamento Europeo? ¿Le concederán a Yoani Sánchez el pasaporte tantas veces solicitado para salir del país? Raúl Rivero y otros disidentes desterrados y los miles de exiliados a los que se niega la entrada en Cuba ¿podrán retornar a la isla y marcharse de nuevo si lo desean? ¿Podrán viajar al extranjero los familiares de todos aquellos que el gobierno califica como “desertores” y que mantiene en la isla como rehenes?

El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”.

Las nuevas regulaciones migratorias cubanas contenidas en el Decreto-Ley Nº 302 que modifican la Ley Nº 1312 de 1976 ¿se inspiran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de Naciones Unidas?

No, es obvio que la nueva ley no tiene en cuenta esos principios. Sus disposiciones son florituras para encandilar a los ingenuos, como los fuegos fatuos, esas luces brillantes que a veces se ven fugazmente en un camino solitario y desaparecen al acercarse a ellas.

Al destacar las “virtudes” de la ley, un editorial del diario Granma parte de la vieja consigna de que “cualquier análisis que se haga de la problemática migratoria cubana pasa inexorablemente por la política de hostilidad que el gobierno de los EE.UU. ha desarrollado contra el país por más de 50 años”. Aún así Granma deja sentado sin rubor que “La política migratoria de Cuba, a lo largo de todos estos años de Revolución, se ha basado en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar, a emigrar o residir en el extranjero y en la voluntad de favorecer las relaciones entre la Nación y su emigración”. El problema, según Granma, es que como desde el comienzo de la revolución “nuestro país fue víctima del despojo indiscriminado de sus profesionales” Cuba se vio obligada “a mantener medidas para defenderse en este frente”.  Es decir que se construyó el “telón de azúcar” para evitar la “fuga de cerebros”.

Sigue en pie por tanto esa muralla porque la nueva ley no se adapta a la Declaración Universal de Derechos Humanos sino que, como la anterior, es un instrumento “defensivo” frente a “la política de hostilidad de Estados Unidos”. Por eso se establecen “determinadas regulaciones dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada del país”. Pero eso es una hipocresía típica del castrismo porque, cansados de los ridículos salarios que recibían del Estado, muchos de esos “cerebros” ejercen oficios de lo más variopinto en su calidad de “cuentapropistas”, como barberos, forradores de botones, zapateros remendones o vendedores de pizzas.

La nueva ley establece otras regulaciones lo suficientemente explícitas para denegar el pasaporte por “razones de Defensa y Seguridad Nacional” y “cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas”. En definitiva, el gobierno de Raúl Castro puede denegar la salida o entrada en el país a quien quiera, como lleva haciendo desde hace más de medio siglo.

Sin embargo, muchos cubanos podrán salir de Cuba sin el requisito de la “tarjeta blanca” y la “carta de invitación”. Solo necesitarán el pasaporte y un visado del país al que quieran viajar. Eso les beneficia y beneficia también al gobierno que, diga lo que diga, ha utilizado siempre la emigración como válvula de escape para descomprimir situaciones sociales explosivas, como ocurrió con los éxodos de Camarioca (1965), Mariel (1980) o con la crisis de los balseros, en 1994. Fidel Castro logró siempre transformar los problemas internos de Cuba en problemas domésticos de Estados Unidos, al utilizar el éxodo masivo de refugiados como un arma política para negociar con Washington.

A Raúl Castro, empeñado en unas “reformas” que hacen agua por todas partes, no le vendría mal otro éxodo, esta vez de manera “legal, ordenada y segura”, aunque a todos aquellos a quienes se niegue el pasaporte tendrán que seguir utilizando el “corredor de la muerte” para tratar de llegar a Estados Unidos en precarias balsas a través del Estrecho de la Florida. La Ley de Ajuste (The Cuban Adjustment Act, aprobada en 1966 por el Congreso de Estados Unidos) otorga a los refugiados cubanos el estatus de “residentes permanentes”, y aunque fue recortada en 1995 con los acuerdos de “pies secos, pies mojados”, los cubanos que logran pisar territorio estadounidense pueden permanecer en él.

Como en el pasado, Estados Unidos tendrá que mover ficha también ahora. La supresión de la “tarjeta blanca” facilitará la emigración a los cubanos que tienen familiares residiendo en Estados Unidos, un millón ochocientos mil, según el último censo. El “Programa de Reunificación de Familias Cubanas” del gobierno estadounidense, contempla esa posibilidad. Aún sin disponer de un visado regular, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos puede permitirles el ingreso al país.

Después de tantas promesas y de tanto retraso en promulgarla, y aún reconociendo sus aspectos positivos, la nueva ley de emigración sigue siendo un instrumento de control en manos de un gobierno que no respeta los derechos humanos, entre ellos el “derecho de las personas a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado… y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Mientras todos los ciudadanos de Cuba no tengan los mismos derechos, la nueva ley solo será una floritura más de Raúl Castro en su intento por “blanquear” a la dictadura, un fuego fatuo que brilla fugazmente y que desaparece enseguida.

Tomado de INFOLATAM