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Por LUCÍA ALFONSO MIRABAL.-
Como es habitual, el régimen ha reconocido —de manera tácita— la existencia de un fenómeno en Cuba cuando ya era evidente para la población (que lo sufre en carne propia) y después de negarlo con solemnidad en los medios oficiales. Se trata del aumento de la delincuencia y la inseguridad.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la violencia de género y los feminicidios (que, según afirmó Mariela Castro en 2015, no sucedían en Cuba), ahora el régimen ha necesitado menos de dos meses para pasar de la negación absoluta a la admisión del problema mediante la aprobación de un acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la República.
A finales de junio pasado, funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros organismos de investigación criminal del Ministerio del Interior (MININT) comparecieron en el programa de propaganda de la televisión Razones de Cuba, donde negaron que la inseguridad estuviera en aumento en las calles de la Isla y acusaron a personas "inescrupulosas" de poner a circular en redes sociales informaciones sin verificar.
Entre el 1 de febrero y el 6 de junio DIARIO DE CUBA había recogido más de una docena de asesinatos, la mayoría víctimas de robos, sin contar los crímenes feminicidas, cuyo número ascendía a 40 a mediados de año, de acuerdo con el subregistro de plataformas feministas independientes cubanas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ya había alertado a sus ciudadanos sobre "frecuente" hurtos y robos en Cuba, "que en ocasiones pueden llegar a cometerse mediante el uso de la violencia".
Por otra parte, las frecuentes publicaciones de perfiles oficialistas en Facebook, algunos vinculados a la Seguridad del Estado, destinadas a demostrar la eficiencia de la Policía cubana, también dejaban al descubierto el incremento de la delincuencia.
Justo al día siguiente de la comparecencia en Razones de Cuba para negar el aumento de la inseguridad en las calles, tres de estos perfiles, en publicaciones realizadas casi a la misma hora, dieron a conocer un asesinato, un hecho de hurto de ganado para sacrificio ilegal y el desvío de detergente líquido en una empresa estatal, actos delictivos que habían ocurrido en distintas provincias.
No hablamos de un problema reciente. Una encuesta anónima y confidencial del proyecto Cubadata sobre seguridad ciudadana en Cuba, realizada entre el 15 y el 30 de junio de 2022 a 1.965 personas a lo largo y ancho de la Isla, evidenció el auge de la delincuencia y la intranquilidad de la población.
En general, el 61% de los cubanos encuestados reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia o acto de delincuencia durante los 12 meses previos al sondeo. De ese grupo, solo el 14,6% denunció el hecho ante la Policía.
¿Qué ocurrió entre el 26 de junio (fecha en que los funcionarios del MININT negaron el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en Cuba) y el 11 de agosto (fecha de la publicación del Acuerdo Número X-22 de la Asamblea Nacional del Poder Popular)?
Además de los continuos reportes de delitos, algunos de ellos resueltos por la Policía y, por tanto, dados a conocer por la prensa oficial de manera triunfalista, el independiente Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) hizo público un análisis sobre "la quiebra de la seguridad pública en Cuba", con datos del primer semestre de 2023. El informe consideró que los robos subieron en un 83% y los asesinatos en un 43%.
¿Podía el régimen seguir negando lo que era una verdad a voces para no alarmar al turismo, un sector en el que no acaban de recuperarse las cifras prepandémicas?
Sin más alternativa que rendirse ante la evidencia, el Gobierno publicó el mencionado acuerdo, que constituye un reconocimiento implícito del alarmante incremento de la delincuencia y la inseguridad.
Mediante la norma, se acordó "respaldar a los órganos de enfrentamiento directo al delito, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y los Tribunales de Justicia, en la aplicación con el rigor que nuestro pueblo reclama, del régimen de sanciones establecido en las leyes; encarar decididamente a los que vulneran el orden legal del país y atentan contra la seguridad de las personas, cuidando con especial atención la tranquilidad ciudadana, la integridad personal, la propiedad y enfrentando cualquier manifestación de corrupción".
¿Pero no era la tranquilidad ciudadana un logro de la Revolución cubana? ¿Qué significa este acuerdo sino una marcha atrás acelerada con respecto a las declaraciones de meses anteriores? ¿Tenían razón los funcionarios del MININT o las personas "inescrupulosas" que ponían a circular información en las redes sociales?
El acuerdo llama además a "incrementar los niveles de esclarecimiento y celeridad a los procesos penales en tramitación" y ratificar que "esta batalla no puede ser solamente de los órganos de enfrentamiento". Esto contradice las palabras del coronel Manuel Valdés, jefe de Órgano de Enfrentamiento, de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), quien en la mencionada comparecencia de junio afirmó que todos los ilícitos que se denunciaban en el país eran investigados y que "la mayoría de los casos han tenido una rápida respuesta con la detención de los responsables en 48 horas".
En el programa televisivo, y contrario a la percepción ciudadana, también se afirmó que "no existe impunidad porque en el caso de Cuba se recepcionan todas las denuncias, independientemente de la gravedad del hecho, y todas las direcciones del Ministerio del Interior trabajan coordinadamente para esclarecer los actos delictivos y encontrar a los culpables, con un alto por ciento de efectividad".
El acuerdo considera "tarea de primer orden" elevar "la vigilancia revolucionaria en todos los lugares para salvaguardar los bienes y la tranquilidad del pueblo".
Y, como la más contundente evidencia de que el régimen cubano ha tenido que recular, tras alardear de la seguridad en las calles pese a las evidencias de lo contrario, el apartado OCTAVO del acuerdo plantea que "las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional controlarán priorizadamente, en los organismos inscriptos en su radio de acción, los resultados que se alcancen en el establecimiento de un régimen de disciplina, orden y control en los mismos, informando al respecto al Consejo de Estado cuando se les interese".
DIARIO DE CUBA
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