Por Rogelio Nuñez.-

Cristina Kirchner lucha denodadamente en el tramo final de su gobierno por evitar ser sepultada por los acontecimientos. Eludir sobre todo el destino de predecesores suyos como Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa a fin de seguir teniendo peso político a corto plazo (elección de candidato oficialista para 2015) y a largo (su posible regreso en 2019).

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Entregar un país en llamas como hizo Raúl Alfonsín en 1989 o colapsado, como la ocurrió a Fernando de la Rúa en 2001 conduce directamente a menguar un liderazgo político (fue el caso de Alfonsín) o a desaparecer directamente del panorama (De la Rúa).

Los objetivos de Cristina Kirchner

Por eso, con el giro ortodoxo que ha experimentado desde febrero la política económica, la presidenta de Argentina trata de normalizar la situación económica del país, llegar a flote a 2015 y así salir de la Casa Rosada con algo de su prestigio salvado, con fuerza y con el cofre de su liderazgo lleno (quizá no a rebosar pero sí con recursos suficientes).

Continuar por la vía en la que se encontraba el kirchnerismo conducía al desastre (una alta inflación escondida en cifras manipuladas, pérdida de los superavits fiscal y comercial, sin capacidad de financiación exterior ni posibilidad de atraer inversión extranjera).

El analista del diario La Nación Carlos Pagni apunta que “la Presidenta pasará a la historia de la tozudez. En abril de 2008, Martín Lousteau le presentó un plan contra la inflación: sinceramiento del Indec, aumento de tasas, contención salarial, devaluación, negociación con el Club de París. La inflación era la mitad que la actual. Los subsidios, la décima parte. Ella prefirió que todo empeorara: más atraso cambiario, caída de reservas, cepo y dólar blue. Ahora el ajuste debe ser cruel. Lo enseñó Borges: si hay un problema que requiere ser pensado es el del tiempo”.

Cristina Kirchner afronta su último año y medio de mandato

Por eso, en estos dos últimos meses, el gobierno de Cristina Kirchner ha hecho lo que se le llevaba pidiendo desde hace años.

Ha sincerado las cifras de la inflación, ha llevado a cabo una subida de las congeladas tarifas, ha alcanzado un acuerdo con Repsol y trata de acceder al financiamiento exterior vía acuerdo con el Club de París.

Además, las acciones del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, han calmado la situación económica, al menos de momento, y a diferencia de enero y febrero pasados Argentina no se haya en medio de un tembladeral que recordaba las anteriores crisis de 1989 y 2001.

¿Qué efecto político tienen todas estas acciones? Para Cristina Kirchner reforzar su liderazgo pues cuanto mejor entregue el país a su sucesor, sea este quien sea, más capital político acumulado conservará.

Y ese capital político le sirve fundamentalmente para dos cosas. En primer lugar, para tener más peso en la batalla interna del peronismo a la hora de elegir al que será el candidato oficialista a las elecciones presidenciales de 2015.

El gobernador, Danil Scioli y la presidenta argentina, Cristina Fernández

No pudiendo optar a la reelección las opciones de Cristina Kirchner pasan por apoyar a Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires a quien el kirchnerismo aborrece pero a la vez necesita, al menor por ahora.

Si llega debilitada, Cristina Kirchner solo tendría una opción, lanzarse en brazos de Scioli para salvar algo, muy poco del kirchnerismo.

Sin embargo, cuanto más fuerte esté, la presidenta podrá imponer más condiciones a Scioli e incluso, soñar con una candidatura exclusivamente kirchnerista (por ejemplo el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri).

“El gobernador no tiene las formas, ni los gustos, ni la historia, ni las ideas que al cristinismo le gustan. Pero es el más conocido por la Presidenta; ella sabe que detrás del gobernador no se esconden ni el rencor ni el destrato. Sin embargo, no le construirá ella el camino presidencial… Los que oyen a la Presidenta tienen una certeza esencial para los tiempos sin poder que les esperan: Scioli respetará la jefatura política de Cristina hasta el último día de su mandato. Ése es otro objetivo crucial de la Presidenta. Es probable que el candidato final del cristinismo sea Scioli, aunque nunca ningún cristinista dirá que lo quiere a Scioli”, señala Joaquín Morales Solá en La Nación.

En segundo lugar, a largo plazo, los objetivos son otros. Entregar la banda presidencial con un país normalizado (o casi) a diferencia de lo ocurrido con Alfonsín y De la Rúa, garantiza a Cristina Kirchner un capital político con vistas a regresar al poder en 2019, o al menos intentarlo.

¿Acabará Cristina Kirchner como dos de sus antecesores?

Fue el caso de Carlos Menem que en 1999 dejó un país que empezaba a experimentar una nueva crisis pero que aún no había sido golpeado de lleno, como ocurriría dos años después.

Ese prestigio con el que se marchó le valió para volver a presentarse en 2003 y ganar las elecciones presidenciales con el 23% de los votos a su rival Néstor Kirchner. Si bien luego se retiró de la contienda, Menem demostró que el capital político que conservaba desde 1999 todavía le valía para ser un importante actor político.

En el diario La Nación Joaquín Morales Solá apunta que “Cristina Kirchner tiene, además, un optimismo que no necesita de pruebas. Está segura de que entregará una economía en expansión dentro de un año y medio… Cristina no quiere irse del poder para criar a sus nietos. Una mujer política espera seguir haciendo política. Influir, opinar, conducir aunque sea a una franja minoritaria de la política argentina, liderar un bloque de diputados en el Congreso Nacional. En ese proyecto no entra Sergio Massa; a él sólo le dedica el odio que merecen los traidores. Massa juega su partido, consciente de que nunca será el delfín del régimen”.

Ese es pues el objetivo último de Cristina Kirchner, el de no quedar enterrada en las arenas de la historia y evitar que un enemigo (Sergio Massa) llegue a la Casa Rosada y desde allí cave la tumba de su liderazgo político.

INFOLATAM

Por Sergio Fausto.-

“Antes, (estaba) Chávez, (que) era amigo de Lula. Cuando se encontraban, destrababan los pagos. Ahora las cosas se complicaron”. Así se expresó una fuente citada en el periódico Valor Económico, en la edición del 5 de marzo sobre los atrasos en los pagos a empresas brasileñas en Venezuela.

(Infolatam).- En el caso de las grandes contratistas, la cantidad alcanzaría los US$ 2.000 millones. La complicaciones actuales derivan de la profundización de la crisis económica en el país vecino y de la pérdida del privilegiado canal político-diplomático entre los dos expresidentes. La declaración espanta, no por revelar algo que no se supiese, sino por indicar hasta qué punto llegó la mezcla de intereses políticos y empresariales en la política exterior brasileña para América del Sur en los últimos diez años.

El gobierno de Dilma maneja mal, sin estrategia alternativa, el legado de problemas heredados del hiperactivismo ad hoc de su antecesor inmediato. La influencia del gobierno brasileño en Venezuela va cuesta abajo. No logra hacerse oir de manera más asertiva por el gobierno de Maduro y es mal visto por la oposición. Lo mismo se puede decir respecto a la influencia del gobierno brasileño en Bolivia. Las relaciones entre los dos países dependían mucho de la interlocución personal entre Lula y Evo Morales. Aunque la estrecha relación directa entre ambos no impidió al primero mandar al ejército boliviano a ocupar militarmente la refinería de Petrobras ni evitó que Brasil se viese envuelto en el conflicto en torno a la controvertida construcción de una carretera que corta un parque nacional indígena.

Mejor hubiera sido que las agencias del Estado brasileño – comenzando por el BNDES, que concedió el préstamo a una contratista brasileña encargada de la obra- hubiesen evaluado el riesgo ambiental, político y financiero del proyecto, sin presiones de la “diplomacia presidencial”. También en el caso de Bolivia pasamos del hiperactivismo ad hoc, con Lula, a la vacuidad de la política externa bajo Dilma. Allí estamos sin embajador desde el incio del segundo semestre del año pasado.

Tampoco se puede decir que la influencia brasileña haya aumentado en la Argentina. Enredados en el manejo puntual de las recurrentes barreras de la relación bilateral, sin un nuevo horizonte para el Mercosur salvo en el plano retórico, Brasil y sus empresas sufrieron, como cualquier otro y a veces hasta más, las consecuencias de la gestión arbitraria de los gobiernos Kirchner, a pesar de la aceitada relación entre los presidentes de los dos países, especialmente durante la vigencia de la dupla Lula-Nestor.

La pérdida de influencia de Brasil en América del Sur no se limita a esos tres países, donde supuestamente invertimos nuestros mejores esfuerzos en los últimos diez años. En verdad, es un fenómeno generalizado en la región. El gobierno fracasó en el propósito de liderar el bloque bolivariano y, en torno a ese eje, organizar la integración sudamericana. Al mismo tiempo asistió a la formación de la Alianza del Pacífico, que comprende a tres países sudamericanos (Chile, Perú y Colombia) y a México, en contrapunto a la política exterior brasileña de estructurar la integración regional a partir de un Mercosur formalmente ampliado (pero sustancialmente empobrecido).

Sin decirlo y mucho menos admitirlo, el propio gobierno Dilma ya emite señales de que reconoce la necesidad de cambiar la política exterior, valga como ejemplo el empeño en hacer avanzar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. El movimiento, sin embargo, es relativo e incompleto. El nuevo esfuerzo en dirección a los europeos resulta más del temor ante el riesgo que suponen para las exportaciones brasileñas nuevos acuerdos de la Unión Europea con grandes aliados del norte (por ejemplo con Canadá o peor aún, con Estados Unidos) que de una revisión más amplia de la política Sur-Sur que guió a Brasil en los últimos diez años.

Una nueva política exterior requiere establecer el papel de Brasil en la región en otros términos, para generar reglas estables y horizontes previsibles en las relaciones entre los Estados y no apenas entre gobiernos eventualmente afines.

En el plano regional, aunque menos dispuesto a dar cabida a las idiosincrasias de Argentina, el gobierno permanece preso en un Mercosur que ni va ni viene. La matriz del pensamiento continúa siendo la misma. Además de eso, Dilma ni delega ni asume el papel de liderazgo en el área de política exterior. El hecho es que necesitamos una nueva política exterior y no remiendos de la actual.

Una nueva política exterior requiere establecer el papel de Brasil en la región en otros términos, para generar reglas estables y horizontes previsibles en las relaciones entre los Estados y no apenas entre gobiernos eventualmente afines. Ese cambio debe hacerse mirando hacia la nueva configuración de la economía y de la geopólitica mundiales. No podemos aceptar un nuevo Tratado de Tordesillas y dejar que se profundice la división entre la Amérca del Sur del Atlántico y la del Pacífico. Va contra los intereses nacionales de largo plazo que parte importante de la región pase a girar fundamentalmente en torno a las relaciones económicas y geopolíticas, cada día más fuertes, de la Gran Cuenca del Pacífico, bajo la coexistencia competitiva de dos gigantes, China y Estados Unidos. Brasil no tiene como anular esta tendencia, pero puede hacerle contrapeso.

Como ya apuntó correctamente el experimentado embajador José Botafogo Gonçalves, es preciso avanzar de modo más radical y rápido en el derribo de las barreras arancelarias y principalmente no arancelarias, al comercio y las inversiones entre Brasil y los países sudamericanos del Pacífico. Se trata de un paso en la dirección correcta, pero no será suficiente. Debemos volver a pensar en el espacio latino-americano y dar prioridad a un amplio acuerdo de comercio e inversión con México, como parte de un proceso más amplio de inserción de Brasil en la economía internacional, lo que no implica tirar por la borda el Mercosur.

No es solamente por razones económicas que debemos hacerlo. La aproximación entre Brasil y México puede dar a ambos y a América Latina mejores condiciones para lidiar con temas relativos a la seguridad y a la política de las Américas y del mundo a partir de perspectivas y realidades distintas a las de los dos gigantes mundiales.

INFOLATAM

Por Eduardo Posada Carbo.-

El electorado colombiano es cada vez más imprevisible. Así lo sugiere el divorcio que se avecina entre las elecciones a Congreso, celebradas el pasado 9 de marzo, y las presidenciales que tendrán lugar el 25 de mayo.

(Especial para Infolatam).- Si los resultados de los recientes comicios fuesen un indicativo confiable de cómo se perfila la próxima contienda, Juan Manuel Santos estaría disputando la presidencia en segunda vuelta con la conservadora Marta Lucía Ramírez, o con Oscar Iván Zuluaga, el candidato del nuevo partido liderado por el expresidente Alvaro Uribe, Centro Democrático (CD). Es lo que sugieren a primera vista las cifras.

Los partidos que apoyan al Presidente Santos –Liberal, Cambio Radical y el de la U–, sumaron un 35 por ciento de los votos, la mayoría plural, pero sin sobrepasar el 50 por ciento requerido para el triunfo definitivo en primera vuelta. El CD y el Partido Conservador cautivaron, cada uno, alrededor del 14 por ciento del electorado. Les siguen el Partido Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo, pero ninguno alcanza el 4 por ciento de apoyo en las urnas.

Sería errado, sin embargo, proyectar sobre estas cifras cálculos confiables sobre cómo votarán los colombianos el próximo 25 de mayo.

Si bien Santos pasaría sin problemas a la segunda vuelta, su contendor sería Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde, el sexto partido en votación, y de poco significado porcentual, en las elecciones parlamentarias. De acuerdo con la última encuesta de Datexco para el periódico El Tiempo y la W radio, Santos recibiría el 25 por ciento de los votos, seguido de Peñalosa con el 17 por ciento, y Zuluaga con el 14 por ciento. Pero Peñalosa derrotaría a Santos en segunda vuelta.

¿Cómo explicar un divorcio electoral de tan enormes proporciones? Aventuro tres explicaciones.

La primera apela al diseño institucional y a la lógica del comportamiento del electorado.

Desde que en Colombia se dividió el calendario electoral, los votantes han solido expresar voluntades diversas al elegir congresistas y presidentes. No hay en tal comportamiento entonces grandes novedades. Sería además lo esperado bajo dicho diseño institucional. Fue lo que quisieron los reformadores al concebir un sistema que buscaba liberar la elección presidencial de los manejos de los partidos políticos. El diseño institucional dio resultados: los partidos, centrales aún en las elecciones de Congreso, ocupan un lugar secundario en las presidenciales.

La segunda explicación se encuentra en la continua transformación del sistema de partidos políticos en Colombia.

Tras repetidas reformas electorales, el viejo bipartidismo le dio paso, primero, a una elevada fragmentación partidaria y, después, a un moderado multipartidismo que aún no se configura del todo. A las reformas electorales de sumó “el factor Uribe” –el impacto del expresidente Alvaro Uribe, quien tras retirarse del Partido Liberal ha promocionado ya dos partidos con marca personalista: el de la U, llamado así por la U de Uribe pero hoy paradójicamente el pilar de apoyo de Santos; y el Centro Democrático, de más reciente fundación.

El panorama partidista frente a las próximas elecciones es de todas formas bastante confuso.

Es claro que los Liberales apoyarán a Santos, el partido con el que históricamente se ha identificado. También es claro el apoyo de la U y Cambio Radical –el vehículo partidista de su fórmula vice-presidencial, Germán Vargas Lleras, similarmente originario de la familia Liberal–. La convención conservadora seleccionó a Marta Lucía Ramírez como su candidata, pero dentro del partido muchos de sus líderes apoyan la reelección de Santos, mientras otros, y hasta las mismas bases conservadoras, simpatizan con el uribismo. Muchos de estos apoyarían a Zuluaga, el candidato uribista.

La izquierda se mantiene dividida, en medio de la crisis desatada en la alcaldía de Bogotá. Gustavo Petro, el alcalde que lucha por sostenerse en el poder tras la destitución de la Procuraduría General de la Nación, formó tolda aparte con los Progresistas, movimiento que se unió a la Alianza Verde. Los Progresistas, sin embargo, no gustan de Peñalosa, el candidato de los Verdes. Clara López, la candidata del Polo Democrático, repuntó en las últimas encuestas y le iría mejor que a su partido en el Congreso.

Sobre este confuso escenario, reflejo del descrédito de los partidos, se funda la tercera explicación: la insistente irrupción de un electorado que estaría buscando la modernización de la política colombiana, alejada de los partidos existentes.

El fenómeno está lejos de ser novedoso. Su expresión más reciente fue la llamada “Ola verde” que, liderada por el ex-alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, logró conquistar el segundo lugar en las elecciones presidenciales pasadas. Peñalosa formó parte de ese movimiento que se desinfló en medio de pugnas internas y jefaturas pobres. El mismo Peñalosa fue derrotado en las siguientes elecciones a la alcaldía de Bogotá, tras una campaña errática.

Quizás no debería sorprender que la consulta interna de los Verdes, ocurrida simultáneamente con las elecciones al Congreso, hubiese atraído la participación de unos dos millones de votantes. Pero el volumen duplica el número de participantes de la consulta entre los Verdes hasta cuatro años. Por eso los resultados de la consulta, según la revista Semana, han convertido a Peñalosa en “el hombre del momento”.

Es muy temprano para hacer predicciones confiables. La carrera por la presidencia en Colombia estará llena de incertidumbres, con una dinámica propia que obedecerá muy poco a los resultados de las recientes elecciones al Congreso.

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