Para las Farc cada día de La Habana es ganancia. En la isla, ante el mundo, posan de sufridos revolucionarios con ideales políticos

Salí de Brasil después de que las manifestaciones populares habían causado un tsunami en la evaluación de los principales dirigentes políticos. En Europa, los noticieros repiten hasta la saciedad la crisis egipcia, el regreso de la incertidumbre en Túnez, el trágico desarrollo de la guerra civil siria, los atentados sin fin en Pakistán y Afganistán. En fin, una rutina de tragedias anunciadas que, vistas de lejos, parecen “cosas del tercer mundo”.

En cuanto a eso, la economía china se está encogiendo, Estados Unidos confía en la recuperación y Europa se contorsiona en ajustes sin fin. De Brasil resuenan apenas los pasos del papa Francisco, a veces tocando el suelo lodoso de los yermos a los que lo lleva su predicación.

De nuestras aflicciones financieras, los mercados externos hablan ocasionalmente, pero siempre se cuidan de ellas, retirando sus inversiones a la primera señal de alarma. Del colapso político hay pocas referencias. Aunque hasta ahora ninguna crisis de legitimidad haya sido el gatillo del torbellino popular, éste terminó por mostrar que existe algo parecido.

Si los medios occidentales se preocuparan más por nuestra política, tal vez verían que no es sólo en África y en el Medio Oriente donde hay un desencuentro entre el poder y el pueblo. Hay algo que no está funcionando bien en la política, incluso en los rincones más distantes de Occidente, como América del Sur. Hay un nexo en ese desarreglo: las sociedades urbanas de masas, ahora hiperconectadas por Internet, se sienten mal representadas por quienes las gobiernan. Eso vale tanto para nosotros como para Italia, España, Grecia, Portugal, así como valió para Islandia y puede llegar a valer en otras regiones en las que, además de la crisis de legitimidad política, los choques culturales y religiosos alimentan otra crisis, la de identidad.

En nuestro caso, como en los demás países occidentales, el factor general más evidente que condiciona y posibilita el surgimiento del malestar político se deriva de la crisis financiera de 2007-2008. Pero sería engañoso pensar que basta con retomar el ritmo de crecimiento de la economía para que se arregle todo. Es mejor tener cautela y reconocer que, una vez visto desnudo al rey, su magia se deshace o por lo menos engaña a menos incautos.

Las nuevas formas de sociabilización creadas por los medios directos de información y comunicación están exigiendo una revisión profunda en el modo de hacer política y en las instituciones en las cuales se ejerce el poder.

La desconfianza hacia los partidos y los políticos es generalizada, aunque no alcance el mismo grado en todos los países, ni todas las instituciones se estén derrumbando o sean incapaces de mejorar. Hasta ahora, los efectos constructivos de la presión popular sobre las instituciones –salvo en Islandia– están por verse. Pero basta que haya elecciones para que caigan los gobiernos, de izquierda, de derecha o de lo que sean. Como caería el nuestro si las elecciones fueran en breve.

La cuestión es compleja y hay responsables políticos en mayor o menor grado. Para empezar, el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva se burló de la crisis: Era una “olita” y siguió funcionando amablemente como si no se necesitara hacer nada para ajustar el rumbo. Hubo, no obstante, una evaluación errada de la coyuntura.

Pero hubo otras ineptitudes. La arrogante política de Lula y del Partido de los Trabajadores colocó la linterna en la popa del barco y, dirigiéndose hacia el pasado, retomó las políticas de los tiempos militares del presidente general Ernesto Geisel (1975-1979) como si avanzara intrépida hacia el futuro. Tomó subsidios para pobres y ricos, más para éstos que para aquellos, pero sin razón al ayudar a los ricos como a los pobres. Tarde se dieron cuenta de que la cobija era demasiado corta: faltaba dinero. Si hay problemas, viene el maquillaje. La Tesorería se endeudó, prestando dinero en el mercado, pasándolo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que proporciona los mismos recursos a los empresarios amigos del rey. Se toma dinero digamos a 10 % y se otorga a cinco. El que paga la fiesta es usted, soy yo, somos todos los contribuyentes y los consumidores, pues algo de esa magia se convierte en inflación.

El maquillaje fiscal ya no engaña a nadie. El mismo gobierno dice que su deuda líquida no aumenta, pero los que saben leer los balances ven que la deuda bruta aumenta y los que invierten o prestan –nacionales o extranjeros– han aprendido muy bien a leer las cuentas. Dejan de darle crédito al gobierno, pero todavía observan sus piruetas para fingir que es austero y mantiene su superávit primario.

No es solo eso. En vez de preparar a Brasil para un futuro más eficiente y decente, con reglas claras y competitivas que incentiven la productividad, el “modelo” retrocedió al clientelismo, al proteccionismo gubernamental y a la injerencia creciente del poder político en la vida de las personas y las empresas.

Y no apenas gracias a las características personales de la presidenta Dilma Rousseff: la visión del Partido de los Trabajadores desconfía de la sociedad civil y la unce al gobierno y al partido, convirtiendo al Estado en la rueda única de la economía. Peor e inevitable, la corrupción llega, independientemente de los deseos de quien esté en la cumbre. Ese sistema no es nuevo; fue coronado hace tiempo, todavía en el primer mandato de Lula, cuando se armó el escándalo de las ”mensualidades’’ (el uso ilícito de fondos públicos para comprar votos en el congreso). También en ese caso hubo responsables políticos y no todos están en la lista del Tribunal Federal Supremo.

Con o sin conciencia de sus yerros, la política del PT es responsable de mucho de lo que existe. No por casualidad su líder supremo, después de un prolongado silencio, al hablar fue claro: se identificó con las instituciones que la calle critica y, como el mítico Macunaima (de la novela homónima del escritor brasileño Mario de Andrade, 1893-1945), le aconsejó a la presidenta que se hiciera oposición a sí misma, como si no fuera el gobierno.

Si las oposiciones pretenden sobrevivir al cataclismo, el momento es ahora. Brasil quiere y necesita cambiar. Llegó el momento de que las voces de la oposición se comprometan con un nuevo estilo de política y de que procedan de ese modo. Escuchando e interpretando el significado de la protesta popular. Siendo directas y sinceras.

Basta de corrupción y de falsas manías de grandeza. Enfrentemos lo esencial de la vida cotidiana, desde los transportes hasta la salud, la educación y la seguridad social, no para prometer el milagro de la solución inmediata sino la transparencia de las cuentas, de las dificultades y de los propósitos.

Y no nos engañemos más: o nos capacitamos para participar y competir en un mundo global áspero y en crisis o nos condenamos a la irrelevancia.

Ayer la Fundación Miguel Alemán auspició una discusión entre seis mexicanos reunidos desde hace tiempo para debatir diversos temas, y en particular el que figuró en la convocatoria de la fundación: la despenalización del consumo de la marihuana en el Distrito Federal.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.