Por Maria Teresa Romero.-

La decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con  el gobierno de los hermanos Castro es una notable oportunidad de cambio no sólo en las relaciones  bilaterales entre  Cuba y Estados Unidos, sino también en las relaciones entre EE.UU y América Latina en general.

Si bien esta decisión no necesariamente garantiza per se una transición  hacia la democracia en Cuba, cuyo régimen dictatorial está buscando sobrevivir  en un momento crítico  tanto por  causas domésticas como en vista de la imposibilidad de que su principal aliado, el gobierno venezolano, siga manteniéndolo  por  la baja de los precios del petróleo y su grave crisis económica; si bien  tampoco esa medida ejecutiva significa un levantamiento del embargo  económico y financiero  iniciado desde 1960, el cual es poco probable  que suceda al menos  en los próximos dos años en virtud de la mayoría republicana existente  en ambas cámaras del Congreso estadounidense; sí abre la puerta a un mayor acercamiento y mejor entendimiento entre el norte y el sur del hemisferio.

Por más de medio siglo la mayoría de los gobiernos latinoamericanos sean de derecha  o de izquierda, socialdemócratas, socialcristianos o socialistas, han venido solicitando  bilateralmente y en los foros internacionales unas relaciones normales entre EE.UU y Cuba, así como el levantamiento del embargo. Lo ha solicitado hasta Canadá, el más cercano aliado de los Estados Unidos en el hemisferio. De modo que este paso de Obama lo acerca de inmediato a la región latinoamericana que, además, en la actualidad continúa teniendo mayoría de gobiernos de izquierda –sean democráticos o bonapartistas-  y por tanto  tolerantes hacia el castrocomunismo. Esto explica que  hasta el presidente Juan Carlos Varela de Panamá,  ideológicamente conservador, considerado de centroderecha, haya invitado a Cuba  a asistir  en  la Cumbre de Las Américasa realizarse en ese país los días 10 y 11 de abril de 2015.Varios países latinoamericanos y caribeños ya habían amenazado con no asistir si Cuba no era invitada al encuentro.

De igual forma, la medida echa por tierra, al menos en principio, la retórica y posiciones antimperialistas que siempre han dominado la política latinoamericana y deja sin bandera a los más populistas  y radicales de la región.  El anuncio hecho en simultáneo por Obama desde Washington y Castro desde La Habana fue  saludado por todos los  gobiernos y organismos multilaterales empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA). Todos calificaron el hecho como histórico y consideraron que desde ahora empieza un nuevo momento en el diálogo entre Estados Unidos y América Latina.

A los gobiernos del ALBA que son los que más se nutren del relato nacionalista antimperialista  antiestadounidense para echarle la culpa a otro de sus propios fracasos y desviar la atención pública de sus violaciones constitucionales  y a los derechos humanos, no les quedó otra que aplaudir el suceso, aunque con “un pañuelo en la nariz” como diría el fallecido presidente venezolano Rómulo Betancourt.

Hasta el mandatario actual de la mal llamada Venezuela bolivariana, quien apenas dos días atrás convocó a una marcha a sus  seguidores chavistas en contra del imperialismo estadounidense  por haber aprobado sanciones a funcionarios y militares de su gobierno incursos en violaciones graves a los derechos humanos de manifestantes opositores por protestar pacíficamente y cuya Asamblea Nacional desaprobó ayer dichas sanciones que no son en contra del pueblo venezolano como quiere hacer ver el oficialismo, tuvo que bajar la cabeza. Nicolás Maduro, que se encontraba en la cumbre del Mercosur que se realizaba en la ciudad argentina de Paraná cuando se conoció la impactante  noticia, se vio obligado a hacerle un reconocimiento al presidente Barack Obama por su acercamiento a la Cuba castrista. Ello a pesar de que al inicio de la misma  Cumbre  había criticado fuertemente al gobierno de Obama por su supuesta injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

Es más, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos  constituye una fuerte presión  para un cambio en la política exterior radicalizada, de confrontación,  que viene desarrollando el gobierno de Maduro hacia Washington;  ello aun cuando el presidente Obama firmelas sanciones aprobadas por el Congreso de su país en contra de funcionarios venezolanos que Maduro y los otros integrantes del MERCOSUR presentan erradamente como que  “vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y no contribuyen para la estabilidad, a la paz social y la democracia en Venezuela”.

Al gobierno madurista, de ser sensato, le convendría también mejorar sus relaciones con EE.UU y en general darle un giro a toda su política exterior –en particular  hacia España y Europa-  justo ahora que su gran aliado ha dado un paso en este sentido, aunque en realidad lo que en el fondo buscan los hermanos Castro es quedarse en el poder estableciendo una especie de modelo Chino tropicalizado, es decir, un régimen cerrado de apertura económica,  sin profundos cambios democráticos. Le convendría también justo ahora que su gobierno se encuentra al borde del colapso económico e institucional. Incluso, como bien afirma el analista político venezolano Leonardo Vivas, Maduro se anotaría un gol si en medio de esta situación de acercamiento EE:UU-Cuba, tomará acciones significativas tales como la de liberar a todos los presos políticos.

Un giro en la política interna y externa le daría oxígeno al régimen chavista, tanto  como la decisión de Obama se lo está dando al castrismo al menos hasta que se vea con claridad que no emprenderá una verdadera transición hacia la democracia.

INFOLATAM

Por Román Ortiz.-

A estas alturas, es un secreto a voces en todas las cancillerías latinoamericanas que el régimen chavista en Venezuela se dirige hacia un irremediable colapso que arrastrará al presidente Nicolas Maduro. De hecho, la caída del barril de petróleo venezolano por debajo de los 55 dólares ha asestado un golpe mortal a las decrepitas finanzas del Estado bolivariano. La esperanza en muchas capitales de dentro y fuera de la región es que este sea un “default” similar a otros sufridos por gobiernos latinoamericanos de todos los colores. Al fin y al cabo, en las pasadas décadas, las bancarrotas de Perú, Brasil y Argentina “solo” se tradujeron en un empobrecimiento generalizado de los sectores populares – otros hicieron fabulosos negocios – una espiral de protestas sociales y un cambio de gobierno más o menos traumático.

Sin embargo, en los casos anteriores, los cimientos de las instituciones sobrevivieron y el fantasma de un desmoronamiento generalizado del Estado pudo ser conjurado. El problema es que la muerte del chavismo promete ser tan excepcional como ha sido la trayectoria del régimen que ha hundido Venezuela en el subdesarrollo político, económico y social. De hecho, la agonía del gobierno bolivariano combina tres factores que prometen generar una tormenta político-estratégica perfecta. Por un lado, una debacle económica que ha dejado el tejido productivo en un estado de postración como solo 45 años de estalinismo lo hicieron en Europa Central y Oriental. Por otra parte, una devastación institucional que solo se puede comparar a la creada por el personalismo y la arbitrariedad de dictaduras como las de Muamar Gadafi en Libia y Bashar al Assad en Siria. Finalmente, una fractura del aparato de seguridad estatal que recuerda en alguna medida al escenario previo a la guerra civil yugoslava, cuando ejército federal, guardias territoriales y formaciones de policía se alistaban para lanzarse unas contra otras.

La inevitable bancarrota económica.

Venezuela cerró el año con un tipo de cambio de 175 bolívares por dólar en el mercado negro

Por lo que se refiere al colapso económico, las cifras no dejan lugar a la discusión. Venezuela cerró el año con un tipo de cambio de 175 bolívares por dólar en el mercado negro – la tasa oficial mantiene la fantasía de 6,3 por cada billete verde– una inflación que algunos analistas estiman por encima del 100% y un desabastecimiento de alimentos de primera necesidad que la consultora Datanalisis situaba en el 70% en las redes de distribución oficiales. Todo ello se hace visible mientras estimaciones independientes –el gobierno ya no proporciona estadísticas – calculan que el déficit público está en torno al 17% y la economía se ha contraído en un 3% en 2014. hace ya tiempo que los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano Así las cosas, no debería sorprender que la calificadora de riesgo Fitch haya reducido el valor de los bonos venezolanos a la categoría de CCC lo que en lenguaje financiero significa una notable probabilidad de suspensión de pagos.

Pero más allá del negro panorama de las cifras financieras, la economía venezolana se enfrenta a la quiebra generalizada de su tejido productivo. De hecho, el chavismo ha demostrado una capacidad para destruir la estructura económica que en poco envidiaría a la de los comunistas chinos durante los años 50 y 60. La infraestructura del país se encuentra en bancarrota después de 15 años de abandono. Los cortes de luz son rutina y hay zonas de Caracas que cuentan con suministro de agua solamente media hora al día. Entretanto, los sectores productivos están en ruinas.

La agricultura se ha desmoronado como resultado de la reforma agraria impulsada por el difunto presidente Chávez que barrio los derechos de propiedad sobre la tierra, destruyó el empresariado rural y multiplicó unos esquemas de producción cooperativa completamente inviables. Al mismo tiempo, la industria privada ha cesado de existir por el efecto combinado de un aluvión de medidas que anularon su rentabilidad – desde la prohibición de despedir empleados hasta los controles de precios– y una oleada de confiscaciones arbitrarias. El resultado es que la tradicional petro-dependencia venezolana ha alcanzado niveles exorbitantes. Según el Banco Central de Venezuela, la proporción entre exportaciones petroleras y no petroleras pasó de 69%- 31% en 1998 a 96% – 4% en 2012. El problema es que la economía del petróleo, la única existente, tampoco va bien. En el periodo 1998-2013, Caracas paso de producir 3,4 millones de barriles diarios a apenas 2,5.

La destrucción de las instituciones

Paralelamente al desmoronamiento económico, las instituciones de la democracia venezolana han dejado de existir para convertirse en instrumentos al servicio de un proyecto ideológico o sencillamente oportunidades de enriquecimiento para redes criminales que han conseguido capturarlas. Primero Chávez y luego Maduro han utilizado cada resorte del Estado para forzar a los ciudadanos a apoyar al régimen, premiar a sus simpatizantes y castigar a los disidentes. La adhesión a la revolución ha garantizado acceso a los programas sociales bautizados como “misiones”, empleo público y “regalos” del gobierno, desde computadores hasta carros.

Antonio Canova y Luis Alfonso Herrera consideran que el deterioro del sistema judicial se ha profundizado desde el ascenso del chavismo al poder | Foto William Dumont

Entretanto, los opositores han sido marginados de cualquier ayuda pública y han visto como sus oportunidades económicas y sociales se reducían a medida que el chavismo adquiría un control absoluto de los órganos de gobierno. Dentro de este esquema, la conquista de la Justicia ha resultado clave para dejar al ciudadano indefenso. Sin ninguna contemplación, el ejecutivo ha recurrido a presionar o comprar a los jueces para obtener las sentencias que eran de su agrado. En su libro “El TSJ al servicio de la revolución”, los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol han demostrado que la Corte Suprema venezolana no ha dictado ni una sola sentencia en contra del Estado entre las 45.474 emitidas en el periodo 2004-2013. Así las cosas, a nadie debería extrañar el encarcelamiento ilegal del líder opositor Leopoldo López.

En este contexto, cuando la oposición ha conservado una presencia significativa en ciertas instituciones, el régimen ha optado por destruirlas. Un buen ejemplo de este comportamiento ha sido la estrategia frente a los gobiernos estatales y municipales en manos de la oposición. El chavismo ha empleado una amplia gama de tácticas para hostigar a estas entidades, incluyendo retener sus presupuestos, perseguir judicialmente a sus líderes y restringir sus competencias en áreas como la seguridad pública. Pero además, ante la imposibilidad de someterlos completamente, ha preferido reemplazarlos progresivamente por estructuras de nuevo cuño que fusionan partido revolucionario y administración local: los consejos comunales. De hecho, estos organismos se han convertido en canales a través de los cuales el Estado distribuye buena parte de sus programas sociales. El problema es que los consejos no solamente son caóticos sino que además excluyen a todos los no chavistas.

Al mismo tiempo, una combinación de afanes ideológicos y desprecio por el conocimiento técnico ha conducido al Estado a una hipertrofia normativa que ha traído consigo parálisis, caos y corrupción. Si exceptuamos los experimentos socialistas de Cuba y Nicaragua, ningún gobierno latinoamericano como el venezolano ha intentado regular cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, desde el margen de beneficio de las empresas hasta la educación en las escuelas. La paradoja es que esta obsesión por el control ha venido acompañada por una inmensa incompetencia. Todo se regula y nada funciona. Si se cumplen las normas, las actividades más sencillas se hacen imposibles. En consecuencia, la única opción para sobrevivir –desde mantener una empresa a flote hasta conseguir una caja de leche – es saltarse las reglas. El resultado ha sido una enorme expansión de la informalidad y la corrupción. El gobierno legisla, los ciudadanos sufren y unos pocos se enriquecen cobrando por las puertas traseras que agilizan trámites absurdos o facilitan medicinas imprescindibles. El Estado se ha convertido en un laberinto lleno de trampas y cualquier tiene que pagar para que lo guíen a la salida o arriesgarse a quedar atrapado.

La fragmentación del aparato de seguridad

… los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano

La tercera variable que crea las condiciones para la “tormenta perfecta” venezolana es una quiebra del monopolio del gobierno sobre el uso de la fuerza. La República Bolivariana ha visto una expansión sorprendente de los órganos de coerción del Estado. Tradicionalmente, la estructura del aparato de seguridad venezolano había resultado considerablemente enmarañada debido a la existencia de un modelo militar que incluía cuatro fuerzas – Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional – al que se añadían la Dirección Nacional de los Servicios de inteligencia y Prevención (DISIP), el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) y un entramado de fuerzas policiales de rango estatal y local.

Sobre esta base, quince años de chavismo han dado pasos decisivos para hacer el sistema completamente ingobernable. De hecho, el régimen ha creado otros dos organizaciones adicionales. Por un lado, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana que asumió la responsabilidad de mantener el orden a nivel nacional. Por otra parte, las Milicias Bolivarianas que se han convertido en una fuerza paralela al Ejército regular y teóricamente están llamadas a cumplir misiones tanto de seguridad interna como defensa exterior. A ello, se suma que el gobierno ha formateado ideológicamente dos de las instituciones de seguridad ya existentes: la DISIP ha pasado a llamarse Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el CTPJ que se ha transmutado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En otras palabras, el modelo de seguridad bolivariano incluye 8 estructuras militares y policiales de alcance nacional a las que se suman las policías de estados y municipios.

Semejante laberinto organizativo se ha hecho cada vez más disfuncional como consecuencia de tres enfermedades. Por un lado, la politización de todo el sistema ha acabado con cualquier vestigio de profesionalismo y convertido a todos los organismos militares y policiales en una prolongación del partido de la revolución. De hecho, hace ya tiempo que los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano y, sobre todo, al jefe de turno. El problema es que como la revolución incluye líderes y líneas políticas dispares así también los organismos de seguridad han quedado subordinados a facciones ideológicas contrapuestas.

Por otra parte, la corrupción ha disuelto las cadenas de mando policial y militar. Muchas unidades militares y policiales han dejado de seguir órdenes para moverse exclusivamente por el afán de lucro, buscando cada oportunidad para recibir sobornos o involucrarse en actividades ilegales como el narcotráfico o el secuestro. Finalmente, las rivalidades entre los organismos de seguridad y defensa se han desbordado. Ciertamente, la hostilidad entre la Guardia Nacional y el Ejército o entre este y las Milicias Bolivarianas son de larga data. Pero es que además, la corrupción ha hecho los enfrentamientos más agudos y temibles. De hecho, la competencia por el control de las rentas criminales ha llegado a ser motivo de violencia entre miembros corrompidos de las distintas fuerzas de seguridad que no han dudado en echar mano de sus armas para asegurarse su parte del negocio frente a la avaricia de sus camaradas.

Bajo estas circunstancias, paradoja de las paradojas, el Socialismo del Siglo XXI ha creado las condiciones para la privatización de la seguridad. La inefectividad y la corrupción han desembocado en una espiral de criminalidad y violencia en las ciudades y los campos de Venezuela. Como consecuencia, han proliferado los “empresarios” de la seguridad disfrazados con distintos ropajes que imponen un nuevo orden sobre los ciudadanos a través de una combinación de coerción y poder económico. En muchos casos, se trata de estructuras político-criminales que conviven y colaboran con el régimen.

El mejor ejemplo son los llamados “colectivos”, grupos radicales que controlan barrios como el 23 de Enero de Caracas donde se lucran con todo tipo de negocios ilegales, mantienen el monopolio de la fuerza y administran una variedad de programas sociales. Estos grupos –desde “Los Tupamaros” hasta “La Piedrita” – forman parte de las estructuras de protección del régimen y han jugado un papel clave en la represión de las marchas estudiantiles de 2014; pero al mismo tiempo han protagonizado enfrentamientos con la policía por el control de los sectores urbanos donde hacen presencia. En realidad, en un buen número de distritos periféricos de las ciudades, grupos como ellos son la única forma de gobierno disponible.

Hacia un estallido de violencia

… Todo un record en un país donde manifestarse en contra del gobierno puede tener consecuencias nefastas para los ciudadanos.

Así las cosas, la secuencia del estallido venezolano se puede trazar con alguna precisión. La presente hecatombe económica está pauperizando a una gran parte de la población. En consecuencia, resulta inevitable que se produzca un incremento de la conflictividad social y política cuyo resultado será un aumento de las presiones para forzar la salida del gobierno de Nicolas Maduro y, en general, el final del régimen. De hecho, una encuesta de Datanalisis publicada el pasado octubre ya revelaba un aumento del rechazo popular hacia el presidente venezolano que se situaba en torno al 67,5% de los encuestados. Todo un record en un país donde manifestarse en contra del gobierno puede tener consecuencias nefastas para los ciudadanos.

En un entorno institucional normal, estas tensiones políticas serían tramitadas a través de las instituciones con miras a avanzar hacia un relevo político ordenado. Pero al menos dos factores hacen imposible una transición sin sobresaltos. Por un lado, la dirigencia chavista sabe que no puede abandonar el poder sin exponerse a ser perseguida dentro y fuera del país por una lista de crímenes que van desde corrupción a violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, las instituciones que deberían tramitar el cambio político – el Congreso, la Justicia, etc. – han sido convertidas en instrumentos de manipulación y represión por parte del oficialismo.

Como consecuencia, el gobierno responderá con dosis crecientes de represión a las protestas de una población que hace tiempo vio confiscados sus derechos civiles y ahora sencillamente no encuentra los bienes esenciales –comida, energía, etc. – que demanda su supervivencia. En cualquier caso, los límites de esta espiral represiva están marcados por las debilidades del aparato de seguridad chavista. A diferencia de casos como el régimen castrista, las Fuerzas Armadas y la Policía del régimen bolivariano están fracturadas por el faccionalismo político, la corrupción y los intereses regionales.

Bajo estas circunstancias, es muy dudoso que el llamamiento del ejecutivo a defender la revolución sea respondido de forma unida por militares y policías contaminados por el narcotráfico o “colectivos armados” que ven la crisis como una oportunidad para imponer el “verdadero socialismo”. Por el contrario, el estallido de ira popular podría ser el pistoletazo de salida para que distintas facciones del régimen, todas ellas armadas, se lancen unas contra otras en una disputa por los despojos del Estado. Resulta difícil aventurar si esta confrontación terminará en dictadura o caos; pero es seguro que traerá consigo violencia en una escala que la sociedad venezolana no contempla desde el “Caracazo” de 1989.

Una mirada a Venezuela casi inevitablemente trae a la memoria la conocida frase del líder girondino francés, Pierre Vergniaud, “la revolución, como Saturno, devorará sucesivamente a todos sus hijos y finalmente llevará al despotismo con todas las calamidades que siempre acompañan a este”. Pero como en otros experimentos de ingeniería social fracasados, la tragedia va más allá del naufragio de un puñado de intelectuales radicales y unos pocos aventuraros políticos. El verdadero drama reside en el destino de millones de ciudadanos comunes arrastrados al abismo por el fanatismo de algunos, la falta de escrúpulos de bastantes y la ignorancia de muchos. Las consecuencias del desastre prometen perdurar por mucho tiempo, a disposición de cualquiera que tenga la honestidad política para contemplarlas y extraer las imprescindibles lecciones.

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