La directiva de una ONG, con sede en Miami, solicitó el miércoles al Departamento de Estado y a congresistas demócratas y republicanos pronunciarse para solicitar la liberación inmediata por razones médicas de ocho personas encarceladas en Venezuela, a las que considera presos políticos.
Patricia Andrade, directiva de la organización Venezuela Awareness Foundation, entregó el miércoles el listado de ocho personas a Moisés Behar, funcionario a cargo de Venezuela en el Departamento de Estado, y al representante demócrata Luis Gutiérrez.
La abogada venezolana se reunió la víspera con los representantes republicanos Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del comité de relaciones exteriores, y Connie Mack, presidente del subcomité para el hemisferio occidental, y con los senadores por Florida Bill Nelson -demócrata e integrante del comité de espionaje- y Marco Rubio, principal republicano en el subcomité para el hemisferio occidental.
Andrade dijo a la AP que "le gustó" mucho la receptividad que tuvo su planteamiento en las diferentes reuniones con los legisladores, quienes le dijeron que "buscarán diferentes vías para que estos ocho presos logren su libertad por razones humanitarias".
Andrade planteó la necesidad de liberar a cinco personas condenadas a 30 años de cárcel por sucesos relacionados al golpe de estado del 11 de abril del 2002 y posteriores planes desestabilizadores: Arube Pérez por haber sufrido un infarto y dos preinfartos posteriores; Erasmo Bolívar, quien sufrió desprendimiento de retina izquierda; Lázaro Forero, quien enfrenta riesgo de perder la vista por glaucoma y padece males renales; Iván Simonovis, quien requiere una resonancia magnética hace dos años por una lesión en la columna; y Henry Vivas, quien padece de gastritis, tensión ocular y dolor en un hombro.
La lista incluye además a José Sánchez, quien cumple condena a 19 años por homicidio calificado y padece lumbagia severa, gastritis e hipertensión; a Alejandro Peña Esclusa, quien padece cáncer pero no ha recibido atención médica apropiada desde su encarcelamiento en julio del 2010 acusado de esconder explosivos en su casa.
La solicitud incluyó también a la jueza María Afiuni, encarcelada desde 2009 a la espera de juicio por concederle la libertad condicional a un empresario que se opone al gobierno de Hugo Chávez y quien no ha recibido atención médica adecuada para las masas que presenta en los senos y las irregularidades en su vejiga. A comienzo de febrero pasado, un tribunal le otorgó el beneficio de "casa por cárcel" a la jueza, quien desde diciembre presentaba complicaciones de salud y que luego fue sometida a una histerectomía debido a un prolongado sangrado vaginal.
Andrade, quien fundó la organización en 2004 con el objetivo de plantear denuncias ante instancias internacionales, explicó que revisa minuciosamente los expedientes de cada caso antes de catalogarlo como preso político.
El gobierno venezolano niega la existencia de personas encarceladas por sus ideales políticos.
Andrade también compartió con el Departamento de Estado y los legisladores una copia del reporte que su grupo envió en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que la delegación estadounidense plantee esos casos cuando ese organismo examine las prácticas sobre derechos humanos aplicadas en Venezuela durante los últimos cuatro años durante una audiencia prevista el 7 de octubre en Ginebra.
En el informe que elevó a la ONU, el cual dijo haber elaborado con entrevistas a al menos 30 personas, Andrade denuncia que desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999 ha contabilizado al menos 400 presos políticos, y que la tortura en Venezuela "se ha implantado, perfeccionado y como tal, se practica sin que exista el mínimo indicio para que sea erradicada".
Los críticos de Chávez también le acusan de acudir a investigaciones penales y de corrupción para marginar a adversarios claves. Varios políticos, entre ellos el ex candidato presidencial Manuel Rosales, se han ido al exilio tras ser acusados de cargos a los que atribuyen una motivación política. El mandatario niega que explote su influencia en el sistema de justicia, afirmando que cualquier político que infrinja la ley debe responder ante los tribunales.
