Donald Trump rechazó el jueves un reporte deNewsweek según el cual exploró oportunidades de negocios en Cuba a finales de la década de los 90, en aparente violación al embargo comercial de Estados Unidos, informa la AP.

"Nunca hice negocios en Cuba", dijo Trump a NH1 News, de New Hampshire.

"No, nunca hice nada en Cuba. Nunca tuve un acuerdo en Cuba", aseguró.

Newsweek reportó el jueves que el trabajo fue realizado por un despacho de consultoría llamado Seven Arrows a nombre de Trump Hotels & Casino Resorts Inc. La publicación afirma que Trump pagó al despacho 68.000 dólares en gastos de negocios por su trabajo sobre Cuba, aunque ni Trump ni la consultoría buscaron una licencia gubernamental que les permitiera tales actividades.

Según la revista, Trump instruyó a los directivos de su empresa para que hicieran parecer el movimiento como un esfuerzo de caridad a favor del pueblo cubano.

Trump criticó al reportero de Newsweek y dijo que la publicación tiene una "mala reputación.

En tanto, la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, dijo que el reporte es simplemente más evidencia de que el magnate antepone sus propios intereses a los de la nación.

Aunque Clinton apoya los esfuerzos del presidente Barack Obama para aliviar el embargo y restaurar lazos con La Habana, acusó a su oponente de actuar contra los intereses del país al desafiar las sanciones.

"Nosotros tenemos leyes en nuestro país" y Trump sabía de qué trataban, dijo Clinton a reporteros a bordo de su avión de campaña. "Él burló deliberadamente" la ley, agregó.

En Miami-Dade, el abogado Lorenzo Palomares, que lleva la campaña de Trump en la ciudad, calificó el reporte de Newsweek de "anuncio político pagado por Hillary Clinton", informa el Diario Las Américas.

Palomares dijo que le llama la atención que Newsweek "no mencionó el nombre de ninguna persona que haya viajado a Cuba cumpliendo algún encargo de Trump; habla de una consultoría" que tenía el objetivo de saber si se podían hacer negocios con el régimen de Fidel Castro.

"Entiendo que si es verdad, [lo del viaje] eso no significa nada porque muchas compañías han pedido consultorías para ver si hacen negocios con Cuba", añadió Palomares.

Sobre la posibilidad de que este incidente pueda afectar la popularidad de Trump en sus propósitos de alcanzar la presidencia, Palomares consideró que el hecho "ocurrió hace 20 años atrás y que no se le pueden creer todas las mentiras que está diciendo la candidata Hillary Clinton".

Desde el punto de vista legal, Palomares apuntó que los términos por los cuales Trump tendría que declarar ante la justicia "ya han prescrito".

DIARIO DE CUBA

La sede de Cubalex no tenía este fin de semana el agitado ajetreo de los numerosos usuarios que normalmente acuden al local para recibir asesoramiento jurídico, especialmente familiares de reclusos con gruesas carpetas repletas de documentos, apelaciones y demandas. Cuando la abogada Laritza Diversent nos recibe para esta entrevista, los muebles se han vuelto a colocar en su sitio después del intenso escrutinio que dejó todo "patas arriba" y, sobre la mesa, un llavín hecho pedazos permanece como prueba más palpable del allanamiento del local.

Las secuelas psicológicas están frescas entre los miembros del equipo de esta organización, amenazados con un proceso legal y obligados a desnudarse durante la requisa. Sin embargo, este domingo el trabajo jurídico retomaba su rumbo, gracias a la solidaridad de otros miembros de la sociedad civil que prestaron dos computadoras. Unos pocos papeles recogen los primeros testimonios de un caso que demandará tiempo y pericia para Cubalex: su propia denuncia contra las autoridades que les incautaron sus pertenencias pero no han podido detener su trabajo.

Pregunta. ¿Qué perseguía el operativo realizado contra Cubalex?

Respuesta. Tenía propósitos paralelos. Por un lado las modificaciones arquitectónicas realizadas en esta casa, donde buscaban la más mínima violación de las regulaciones urbanísticas. Por ejemplo, se fijaron mucho en un baño que hicimos debajo de la escalera para el servicio del público. Al mismo tiempo querían fiscalizar nuestra labor como organización que presta servicios jurídicos a la población.

P. ¿Quiénes participaron del registro policial?

R. La fiscal Beatriz Peña de la Oz, de la Fiscalía General de la República al frente de unas 20 personas. Entre ellas, una doctora, una trabajadora de la fiscalía, el teniente coronel Juan Carlos, que dirigió el operativo desde su condición de oficial del Ministerio del Interior, otra fiscal de la provincia y una instructora llamada Doralis, quien hizo la relación de los equipos que fueron ocupados.

"Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del operativo"

Vinieron también peritos que hacían fotos, un camarógrafo que lo filmaba todo y otros peritos informáticos. Había además varios oficiales de la seguridad del Estado, dos policías de uniforme y otros oficiales del Minint con el uniforme típico de custodios de prisiones; una representante de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), otra del Instituto de Planificación Física y otro del Ministerio de Justicia.

P. ¿A qué se debía la presencia de una representante de la ONAT?

R. Se justificaba con la suposición de que estábamos realizando una actividad de "cuentapropistas", que estábamos prestando un servicio por el que supuestamente cobrábamos sin tener permiso. Les explicamos, de todas las formas posibles, que somos una organización no gubernamental que presta un servicio social de forma gratuita, pero actuaban como si no se lo hubiéramos aclarado.

P. ¿Por qué un acto represivo de esa naturaleza en estos momentos y contra un grupo pacífico?

R. Cuesta mucho encontrar las razones de esta actuación, que puede calificarse como desmesurada. Pero puede atribuirse a lo que hemos hecho. En primer lugar nuestros intentos de alcanzar la legalización de Cubalex. Hemos realizado demandas a instituciones oficiales como la Aduana General de la República, que en el aeropuerto nos ha despojado de libros y otras pertenencias sin justificación alguna. Esa demanda la hemos llevado a los tribunales. Además hemos hecho una propuesta política al Partido Comunista de Cuba para modificar la ley electoral.

P. ¿Entonces considera que se trata de una respuesta a esas acciones?

R. Habría que preguntárselo a ellos. Como ciudadanos creemos que tenemos derecho a hacer propuestas y tenemos derecho a participar en la vida social y política del país en que vivimos.

P. ¿Pusieron ustedes resistencia a que los efectivos policiales entrasen al local?

R. La resolución de entrada al domicilio para efectuar el registro decía que venían en busca de "objetos de procedencia ilícita", pero no especificaba cuáles. La ley establece que este detalle se aclare, por lo que me negué a que entraran e invoqué el derecho de inviolabilidad del domicilio. No obstante, rompieron el candado de la reja exterior y el llavín principal de la casa.

El llavín de la puerta de acceso a la sede de Cubalex fue destruido por los efectivos policiales para acceder al local. (14ymedio)

P. La ley especifica también que el registro debe hacerse con al menos dos miembros del CDR como testigos. ¿Se cumplió ese requisito?

R. Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del operativo. Al extremo de que en ocasiones sugerían a los oficiales del Minint algún lugar que les faltaba por registrar y usaban todo el tiempo el término "nosotros" con un sentido de pertenencia que los hacía parte del operativo, lejos de su función supuestamente imparcial de testigos. Uno de ellos tenía más de 85 años y se ufanaba de ser un revolucionario sin tacha.

P. ¿Cuál fue el saldo final del registro?

R. Ocuparon cuatro laptops y cinco PC de mesa, incluido un servidor y tres impresoras multifuncionales. Además se llevaron discos duros, memorias, cámaras y todos los teléfonos celulares.

P. ¿Cuál ha sido la reacción de otros grupos independientes ante este registro?

R. Casi todas las entidades de la sociedad civil han manifestado su solidaridad.

P. ¿Podría la información incautada representar un riesgo para ustedes?

"Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando, muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su condición de presos y podrían declarar algo que nos perjudique"

R. Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando, muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su condición de presos. Existe el riesgo de que esas personas, a cambio de alguna ventaja en su régimen penitenciario, declaren algo que nos perjudique, como por ejemplo que le cobramos por nuestro servicio. Pero eso queda en el campo de la especulación.

P. ¿Qué es lo más grave que prevén que podría ocurrir?

R. Estamos muy preocupados porque nos han hecho amenazas puntuales, como por ejemplo que hasta ahora esto es un asunto administrativo pero que puede convertirse en otro tipo de proceso.

P. ¿Piensan desistir de continuar con el trabajo que venían haciendo?

R. No. Lo sucedido más bien nos anima a seguir haciendo lo que nos propusimos.

14 Y MEDIO

En la mañana del viernes, la sede del independiente Centro de Información Legal (CUBALEX) fue objeto de un violento operativo ejecutado por fuerzas represivas del régimen, donde se ocuparon equipos y dispositivos electrónicos, documentación, obligaron a desnudarse a varias de las activistas de la organización, y resultaron arrestados el abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo y el activista Dayán Alfredo Pérez Noriega.

En declaraciones a DIARIO DE CUBA, la directora del Centro, Laritza Diversent, relató que "la orden de registro presentada por la fiscal al frente del operativo, Beatriz Peña de La Hoz, indicaba buscar objetos de procedencia ilícita".

"Apelando a mis derechos constitucionales, de acogerme a la inviolabilidad de domicilio, exigí que tenía que especificarse el objeto en la resolución del registro de entrada, como indica la ley de procedimiento penal. Que no abriría ninguna puerta de la propiedad hasta que no se cumplieran los requisitos legales para proceder con la orden de registro. Dijeron que regresarían con un cerrajero".

Horas más tarde las fuerzas del operativo, que incluyó a inspectores de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT) y representantes del ministerio de Justicia (MINJUS), regresaron y violentaron el portón de acceso vehicular de la sede.

"Ante la puerta de la casa les insistí en que si habían arreglado la orden de registro y dijeron que ellos no necesitaban arreglar nada, a lo que respondí que entonces tendrían que romper también esta puerta; tardaron casi dos horas para forzar la cerradura", continuó.

El registro arbitrario e ilegal, como advirtió la abogada independiente, comenzó por las oficinas, requisando cada documento, los ordenadores —"del Centro y privados"—, impresoras, teléfonos personales de cada activista, dinero, y toda la documentación privada —"casi tres bolsas"— que incluyen la planificación estratégica de CUBALEX, y más de 120 expedientes de ciudadanos que asesora el Centro, con sus nombres y datos.

"La ocupación de estos expedientes nos preocupa muchísimo, pues tememos que se tomen represalias contra muchos de estos ciudadanos que están en una posición vulnerable, en tanto están sujetos a un proceso penal".

Diversent añadió que durante la operación "a todas las mujeres, como acto de vejación, las obligaron a desnudarse completamente y hacer cuclillas. Esto fue lo que realmente afectó a todas".

"Lo hicieron porque somos mujeres, aunque a Julio Ferrer también lo obligaron a desnudarse", añadió.

"Buscan un procedimiento para inhabilitarme como abogada dentro de Cuba, y paralizar el trabajo de CUBALEX".

Según las argumentaciones de la fiscal Peña de La Hoz, esta acción represiva y arbitraria era parte "de un expediente abierto desde junio por la fiscalía provincial de La Habana contra varias agencias que estaban realizando actividades ilícitas".

"Una mentira", defendió Diversent y afirmó que tanto la radicación del expediente contra ella o Cubalex, como la notificación de investigación por parte de la fiscalía provincial, eran de ese mismo viernes a las 7:30 de la mañana.

"Así consta en el acta de ocupación provincial. Por otra parte, nuestra organización no realiza ninguna actividad ilícita. La asesoría legal, que respalda el decreto-ley 81 de ejercicio de la abogacía, es un servicio gratuito. Nosotros no obtenemos beneficios económicos de los ciudadanos que aquí asesoramos", aclaró.

La presencia de funcionarios de la ONAT durante el operativo y sus acciones represivas fue justificada por la fiscal como "un procedimiento administrativo y no un procedimiento penal".

Resulta contraproducente, asevera la abogada independiente, que tanto la policía como la fiscalía provincial y la ONAT "tengan potestad de ejecutar un operativo bajo los términos de procedimiento administrativo".

La ley dice que la ejecución de un registro en domicilio se cumple cuando existe la comisión de un delito. Es decir, es una "diligencia de investigación" para ocupar objetos relacionados con un delito.

"El funcionario de la ONAT levantó un acta a todos los activistas presentes bajo el argumento de estar trabajando de manera ilegal. Se llevaron mi título de propiedad, mi licencia de construcción, mi autorizo de cercado, y levantaron un acta donde dicen que la realidad no coincidía con la autorización de construcción", agregó.

Otra de las acusaciones injustificadas en este particular por la funcionaria del MINJUS fue la de "asociación ilícita".

La coincidencia de esta acusación, en la misma semana que CUBALEX esperaba el pronunciamiento de la ministra de Justicia respecto a una respuesta sobre el proceso de legalización del Centro, le resultó sospechosa a la abogada independiente.

"Creo firmemente que la intención de este acto represivo es cancelar, de una manera u otra, el trabajo de CUBALEX. Impedir que seamos legítimos al amparo de la ley, y mucho menos que interpongamos un procedimiento en contra de la ministra, que ha vencido el plazo de tiempo para darnos una respuesta. Considero que la magnitud de este acto represivo es un síntoma evidente de desesperación y de miedo del régimen que no prevé el costo político de esta acción".

"Con todos los equipos y documentaciones que se llevaron intentan paralizar el trabajo de CUBALEX. Pero nosotros sobrevivimos y vamos a sobrevivir gracias a la cooperación ​internacional, como tiene derecho cualquier ONG del mundo, incluso las cubanas. No obstante, la organización seguirá haciendo su trabajo, aunque sea a puño y letra".

Al cierre de esta nota, no se tenían noticias sobre el estado del abogado independiente Julio Alfredo Ferrer, el único que continuaba detenido después del operativo.

DIARIO DE CUBA