La disidente Martha Beatriz Roque Cabello pidió este miércoles al Ministerio de Justicia que cumpla los "acuerdos adoptados entre el régimen y la Iglesia Católica" en 2010 y "sean restituidos" los derechos civiles y políticos de los 12 miembros del Grupo de los 75 que se negaron a abandonar el país.

"Se liberaron solamente [a] los que abandonaron definitivamente el país y parcialmente [a] los 12 —a los que se refiere este documento— que quedamos fuera de prisión, pero que rehusamos —por decisión propia— la posibilidad de emigrar", recoge la carta enviada por la economista independiente.

Roque Cabello, una de las afectadas por las inseguridad jurídica que plantea la "licencia extrapenal", afirmó: "Por un elemental principio de equidad y justicia, no es posible que tengamos un tratmiento diferenciado al resto, por el hecho de no querer abandonar el país, lo que implicaría que el objetivo es darnos un castigo por nuestra decisión".

El 8 de julio de 2010, el régimen de La Habana anunció el acuerdo con la Iglesia Católica y el Gobierno español, mediante el cual se puso en marcha la deportación masiva de presos políticos.

Arnaldo Ramos Lauzurique, Jorge Olivera Castillo, Héctor Maseda Gutiérrez, Ángel Moya Acosta, Oscar Elías Biscet, Jose Daniel Ferrer, Eduardo Díaz Fleitas, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez, Diosdado González Marrero, Librado Linares García y la propia Roque Cabello siguen actualmente bajo "licencia extrapenal".

DIARIO DE CUBA

Algunos de los economistas más conocidos de Cuba están cuestionando abiertamente las bases de la economía de estilo soviético y están diciendo que las reformas de mercado en curso son demasiado modestas para impulsar el débil crecimiento.

Envalentonados por una mayor libertad para debatir, son cada vez más decididos al criticar las rígidas instrucciones dispuestas desde las altas esferas del poder y el irregular manejo de las políticas en toda la economía, desde la banca hasta la agricultura.

El Gobierno brasileño ha gastado enormes fondos de sus contribuyentes en préstamos, subsidios y asistencia humanitaria directa para proyectos de infraestructura, exportaciones de alimentos y otras iniciativas en o para Cuba. Brasil también ha brindado decidido apoyo internacional a la dictadura militar cubana. El Puerto de Mariel, renovado a bombo y platillo con más de 1.000 millones de dólares en fondos públicos de Brasil, es el ejemplo más visible de dicho sostén financiero y político.

Los préstamos masivos de Brasil son imprudentes desde la perspectiva de un análisis financiero tradicional. Cuba no es solvente; tiene un nutrido historial de incumplimientos, su deuda externa asciende a 75.000 millones de dólares y, según The Economist Intelligence Unit, es uno de los cuatro países con más riesgo para invertir.

Asimismo, el proyecto del puerto no parece en sí viable, ya que las dos razones más citadas para justificar la gigantesca inversión son, en el mejor de los casos, altamente dudosas. Varios puertos en la zona están mejor posicionados para aprovechar la expansión del Canal de Panamá, y por ahora no puede contarse con el fin del embargo de EEUU.

El Gobierno brasileño ha incrementado enormemente los préstamos públicos y las subvenciones de exportación para Cuba y otros gobiernos políticamente compatibles —llevando el déficit nacional a 4% del PIB—, mientras que ha faltado financiación para proyectos de infraestructura en Brasil.

Igualmente, a pesar de haber decretado un secretismo sin precedentes en torno a los acuerdos con Cuba, varias autoridades y congresistas en Brasil investigan esos acuerdos dadas las numerosas acusaciones de corrupción, sobornos y favoritismo para con la empresa constructora del puerto, Odebrecht, contribuyente del partido de gobierno, Partido dos Trabalhadores (PT).

Todo esto apunta a una voluntad de apoyar a Cuba a toda costa que pareciera incomprensible. Sin embargo, tiene sentido desde la perspectiva de la fuerte alianza política-ideológica de los líderes del PT con el régimen cubano para impulsar una agenda hemisférica radical y usar el aclamado puerto como anzuelo para que el sector de negocios impulse la campaña contra el embargo estadounidense.

Financiar el Puerto del Mariel

A pesar de que el proyecto del Puerto de Mariel no cumple con condiciones usuales de repago, funcionarios brasileños insisten que Cuba está cumpliendo con sus compromisos financieros, presumiblemente la amortización de los préstamos que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) otorgó a la empresa Odebrecht para las obras del puerto.

La evidencia sugiere que el repago proviene de la explotación de los ciudadanos cubanos utilizados como materia prima de exportación de bienes y servicios ⎯comprados en su mayoría por entidades públicas de Brasil⎯,  en lo que esencialmente sería una colaboración de gobierno a gobierno en la trata de personas.

Denominada "cooperación en salud" por autoridades de ambos gobiernos, consiste en:

1. Servicios de exportación de aproximadamente 11.400 médicos cubanos contratados para un programa del Gobierno brasileño lanzado en 2013 que le genera a Cuba ingresos anuales netos estimados en 404 millones de dólares.

2. Productos de exportación reportados bajo códigos comerciales de sangre ⎯que incluye plasma y medicamentos u otros productos derivados de la sangre⎯ y extractos de glándulas y órganos. Estos han crecido exponencialmente desde que en 2003 el entonces presidente Lula da Silva lanzara la alianza Brasil-Cuba. Las importaciones brasileñas de productos sanguíneos de Cuba crecieron de 570.000 dólares en 2002 a un tope de 16,9 millones de dólares en 2011 y en el 2013 sumaron 4,8 millones de dólares. Las importaciones de extractos de glándulas y órganos crecieron fenomenalmente desde casi nada en 2003 (25.804 dólares ) a 88,4 millones de dólares en 2013.

Ambas exportaciones plantean inquietantes problemas éticos. Los médicos son destacados en zonas remotas de Brasil como "mercancía exportable" en violación de varios convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de normas y acuerdos internacionales que prohíben la trata de personas, la servidumbre y la esclavitud.

Aunque no hay detalle sobre qué exactamente son los productos que Brasil importa de Cuba, si son, como parece, de material humano, su intercambio comercial tendría implicaciones muy serias. En Cuba, la sangre y los órganos o tejidos o partes corporales se obtienen de donantes voluntarios y no compensados que ignoran el multimillonario negocio que con ellos realiza el Gobierno cubano.

Por otra parte, se emplean prácticas altamente antiéticas  —y hasta escandalosas— en la recolección de sangre y material humano que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad internacional consideran inaceptables. Existen además dudas con respecto a la seguridad, calidad y eficacia de estos productos, así como con el posible pretexto político detrás de su compra.

La "importación" de los médicos cubanos ha suscitado debate y cobertura mediática amplios en Brasil, sin embargo, el comercio de productos reportados como derivados de sangre y de partes de cuerpo no ha salido a la luz pública. Y mientras las autoridades brasileñas se esfuerzan por integrar la producción biomédica y farmacéutica de Brasil y Cuba, el control absoluto del régimen militar cubano sobre esta industria y sus exportaciones de tecnología de doble uso a Estados terroristas como Irán y Siria aún no han suscitado cuestionamiento público en Brasil.

En Cuba, donde todos los medios de comunicación y prensa están en manos del Estado, no es posible discusión alguna al respecto.

DIARIO DE CUBA

María Werlau fue banquera y es directora ejecutiva del proyecto ArchivoCuba.org. Este artículo, aparecido en el diario ABC, está basado en una detallada investigación a publicarse próximamente por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE).