El Departamento de Estado de Estados Unidos está aumentando el financiamiento hacia la parte tecnológica de sus programas de $20 millones para promover la democracia en Cuba con la esperanza de expandir el flujo de información libre de censura, a pesar de las fuertes objeciones del gobierno cubano.
Juan O. Tamayo
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“En espíritu, y en dinero, hay un repunte” en los gastos de tecnología para aumentar el flujo de información, dijo Mark Lopes, viceadministrador asistente para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).
“Desde los resultados deportivos hasta los titulares internacionales, el pueblo cubano debe ser capaz de satisfacer su sed de información no censurada, como cualquier otro ciudadano de las Américas. Esto es fundamental, y estamos comprometidos a ayudar como quiera que podamos”, agregó Lopes.
La Habana ha proscrito los programas como “subversivos”, y ha condenado a Alan Gross, subcontratista de USAID, a 15 años en prisión por entregar teléfonos satelitales no inscritos a judíos de la isla.
Pero la secretaria de Estado, Hillary Clinton ha impulsado una campaña para apoyar la libertad de internet a nivel global con el fin de acelerar “el cambio político, social y económico” y derrotar los esfuerzos de la dictadura por controlar la información.
La administración del presidente Barack Obama “ayudará a la gente en un ambiente opresivo para la internet a evadir los filtros, a estar un paso más alla de los censores, de los hackers, y de los matones que los golpean o los encarcelan por lo que dicen en línea”, declaró Clinton este año.
El aumento en los fondos de tecnología para Cuba se reflejó en una carta del Departamento de Estado al Congreso que detalla cómo planea gastar $20 millones aprobados para los programas por la democracia en Cuba durante el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Una copia de la carta, con fecha 26 de abril, fue obtenida por El Nuevo Herald.
La carta muestra que el dinero será administrado por tres entidades del Departamento de Estado: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de la USAID; la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL); y Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).
El mayor bloque individual de dinero es el de $4 millones que LAC gastará en un programa de “democracia digital” para estimular el uso de “tecnología innovadora para aumentar el flujo de información libre de censura a la isla, desde ella y dentro de ella”, señaló la carta.
La comunicación no dio más detalles sobre el programa, y Lopes se negó a revelarlos. Esos detalles generalmente no se hacen públicos para proteger a los programas de los intentos de Cuba por pararlos. Por ejemplo, oficiales de seguridad en La Habana bloquearon los teléfonos de decenas de disidentes durante la visita del Papa Benedicto XVI a la isla en marzo.
Para evitar otro incidente como el de Alan Gross, el programa evitará equipos sofisticados como teléfonos satelitales y en su lugar usará solamente artículos disponibles en la isla, tales como computadoras, DVDs, unidades USB y teléfonos celulares, dijo un empleado del Congreso enterado del caso.
Seis de los otros nueve programas para Cuba incluidos en la carta mencionan también la tecnología. Lopes dijo que era difícil cuantificar el aumento de un año al otro en fondos para tecnología debido a que los programas se extienden a varios años.
WHA recibió una asignación de $1.53 millones para un programa destinado a aumentar el acceso de los cubanos a la información libre de censura por medio de “entrenamiento a distancia sobre habilidades básicas para la información tecnológica”, destacó la carta. “Además, los fondos apoyarán la compra de artículos de tecnología básica de la información, y darán apoyo material a activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y bibliotecas independientes en la isla”.
La DRL tiene $1.05 millones para proporcionar entrenamiento, equipos y software a activistas que recopilan información sobre abusos contra los derechos humanos, según la carta, y $750,000 para “entrenamiento con base en la tecnología” sobre el uso de los medios de comunicación sociales para abordar cuestiones tales como los derechos humanos, la impunidad y la corrupción.
La DRL también administrará $700,000 por cada uno de los dos programas: uno para jóvenes que incluye “usos innovadores de la tecnología como los medios sociales”, y otro para educar a los cubanos en economías de mercado y sus efectos sobre la democracia, agregó la carta.
Otros $500,000 serán administrados por LAC para apoyar “investigaciones sobre opciones de tecnología para ampliar las comunicaciones” entre los cubanos y la conectividad de internet como parte de un programa titulado “La Aplicación de la Tecnología en la Promoción de la Democracia”.
LAC tiene también $2.9 millones para gastar en alimentos, medicinas sin receta medica y otras formas de apoyo humanitario para los presos políticos, sus familiares y otras “personas políticamente marginadas”. El gobierno de Cuba niega normalmente los empleos a los disidentes y a sus familiares, y los acusa de ser “mercenarios” por aceptar ayuda de Washington.
La DRL ya ha comprometido $4 millones con la Fundación Nacional por la Democracia (National Endowment for Democracy), una organización de Washington sin fines de lucro que promueve la democracia en todo el mundo, agregó la carta. Las peticiones de solicitudes para los fondos de otros programas se darán a conocer pronto.
El Departamento de Estado indicó que también gastará $2.87 millones de los $20 millones para administrar los programas para Cuba, que tienden a generar un alto volumen de papeleo, en comparación con otros programas estadounidenses de ayuda al extranjero.
Otra cuestión no detallada por Lopes o por la carta es cómo pueden los programas de Estados Unidos incrementar el uso de la tecnología en Cuba, que tiene la tasa más baja de acceso a internet en Latinoamérica, y un duro sistema de seguridad nacional que trata de controlar todas las comunicaciones.
Gross, de 63 años, fue arrestado a finales del 2009 después de entregar tres teléfonos satelitales a judíos cubanos, para que pudieran tener acceso directo a internet, evadiendo los controles del gobierno. El senador John Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, bloqueó los fondos para Cuba el año pasado durante meses, alegando que los programas por la democracia eran ineficaces y sólo servían para provocar a La Habana.
El monopolio de telecomunicaciones de Cuba no permite a los “teléfonos inteligentes” registrados en la isla acceder a la internet, y no está enteramente claro si es legal tener equipos electrónicos no inscritos, como transmisores Wi-Fi y IPods.
Un activista por la democracia en Washington que trabaja en los programas para Cuba, ha dicho que el “Santo Grial” de los programas prodemocracia es un teléfono celular “tonto” que puede ser adaptado para recibir y enviar grandes archivos, como los teléfonos “inteligentes”.
“Uno oye decir que cierta compañía israelí lo hizo; que algún hacker californiano de 16 años lo tiene, que cierto genio de la India lo hizo”, dijo el activista. “Pero cuando vamos a ver, nunca es lo que realmente necesitamos en Cuba”.
