La filial en Coral Gables de Odebrecht, la empresa brasileña de ingeniería y conglomerado de la construcción, demandó el lunes al estado por una polémica nueva ley de la Florida que prohíbe a los gobiernos la contratación de empresas con vínculos comerciales con Cuba.
Patricia Mazzei
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
La demanda, presentada en la corte federal de Miami, sostiene que la ley es inaplicable e inconstitucional porque establece la política exterior, una facultad que según han dictaminado los tribunales, pertenece exclusivamente al gobierno federal.
La ley prohibiría a las agencias gubernamentales estatales y locales la adjudicación de contratos por valor de al menos $1 millón a Odebrecht Construction, Inc. —entre otras empresas— debido a que una filial de su empresa matriz está trabajando en el puerto cubano del Mariel.
El gobernador Rick Scott causó un revuelo el mes pasado cuando firmó la ley en una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami, sólo para emitir poco después una declaración que sugiere que la ley es inconstitucional. El gobernador se retractó más adelante de esa posición, diciendo que apoyaba la ley y que su gobierno la defendería frente a una probable impugnación legal.
Un portavoz de Scott se negó a comentar el lunes debido a que la oficina del gobernador aún no había recibido una copia de la demanda.
El senador René García, de Hialeah, uno de los dos republicanos de Miami-Dade que patrocinan la legislación —la cual recibió un apoyo casi unánime de los legisladores del estado—, dijo que el tribunal debe respetar la ley.
“No se trata de política exterior”, dijo después de conocer la demanda por parte de un reportero de The Miami Herald. “Yo lo veo como un asunto de derechos de los estados. Tenemos derecho a decidir con quién queremos hacer negocios”.
En su demanda, sin embargo, Odebrecht sostiene que las leyes federales “no autorizan a los estados a imponer sus propias sanciones contra Cuba”.
La compañía también señala que ella cumple con el embargo de Estados Unidos a Cuba y que “es remota y distante de, y no tiene contacto” con, COI Overseas Ltd., la compañía que trabaja en el puerto del Mariel para la empresa matriz, Odebrecht S.A., con sede en Brasil. Ni la filial cubana ni la empresa matriz operan en la Florida, dice la demanda.
“Odebrecht USA (con sede en la Florida) no se involucra, y nunca se ha involucrado, en operaciones de negocios en Cuba”, dijo la compañía el lunes en un comunicado en el que lamentaba tener que demandar a una agencia estatal “con la que hemos trabajado con tanto éxito en el pasado”.
Odebrecht demandó a Ananth Prasad, secretario del Departamento de Transporte de la Florida. A pesar de que el FDOT no la ha negado a Odebrecht la capacidad de competir por cualquier oferta, la agencia informó a la empresa que planea hacer cumplir la nueva ley estatal cuando ésta, según se prevé, entre en vigor el 1ro. de julio. Odebrecht tiene la intención de hacer una oferta sobre unos $3,300 millones en contratos del FDOT este año, dice la demanda.
Odebrecht está buscando una medida cautelar para prohibir la aplicación inmediata de la ley, dijo el abogado de la compañía, Raoul Cantero, un ex magistrado de la Corte Suprema de la Florida que ahora es socio de la firma de abogados White & Case, de Miami.
“Creemos que el estatuto es ilegal en sí mismo, independientemente de quién presente una oferta sobre lo que sea”, dijo Cantero.
Como antecedente, Cantero citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2000, que revocó una ley de Massachusetts que restringía los negocios con empresas vinculadas a Myanmar. También se refirió a dos casos locales.
En el 2000, un juez federal falló contra el requisito del condado de Miami-Dade de que las empresas presentaran declaraciones juradas diciendo que no habían trabajado en Cuba. En el 2009, otro juez federal revocó una ley del 2008 de la Florida, que exigía que las agencias de viajes especializadas en viajes a Cuba pagaran cuotas y bonos más elevados.
El abogado del condado ha opinado que Miami-Dade no debe hacer cumplir la ley estatal, porque entra en conflicto con la ley federal, aunque algunos comisionados no están de acuerdo.
Los partidarios de la legislación han dicho que la nueva ley de la Florida, que también se aplica a las empresas que hacen negocios en Siria, sigue los estatutos federales que sostienen que Cuba y Siria son estados patrocinadores del terrorismo, junto con Irán y Sudán.
Aunque no está claro cuáles o cuántas empresas de todo el estado se verían afectadas por la ley, los intereses empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio de la Florida y los gobiernos de los dos mayores socios comerciales de la Florida, Brasil y Canadá, han advertido que la ley podría tener un efecto negativo sobre las inversiones en el estado.
Odebrecht USA, que se estableció en 1990, ha participado en la mayoría de los proyectos de construcción más importantes del sur de Florida, incluyendo la American Airlines Arena, el Centro Adrienne Arsht de Artes Escénicas, y la Terminal Norte en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Recientemente ha estado negociando con los funcionarios de aviación de Miami-Dade para construir un proyecto propuesto conocido como Airport City, que incluiría dos hoteles y oficinas y locales comerciales en terrenos del aeropuerto, aunque el proyecto se ha estancado debido a que los comisionados se han negado a dar a la empresa más negocios.
En abril, los comisionados del condado de Broward adjudicaron un contrato de más de $225 millones a Odebrecht USA como parte de una empresa conjunta para ampliar la pista sur del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.
Según la demanda, Odebrecht USA tenía más de 200 empleados e ingresos de $214.5 millones en el 2011. Desde 1990, la compañía ha recibido la adjudicación de más de 60 proyectos, por valor de $4,940 millones. De ellos, 35 proyectos —por valor de $3,900 millones— fueron para agencias estatales y gobiernos locales.
