En una de las más severas críticas que se hayan escuchado recientemente contra el gobierno cubano, la principal publicación católica de Cuba, Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, demandó abiertamente la flexibilización de la política migratoria que impide el libre tránsito de los cubanos que desean viajar al extranjero e impone limitaciones a los emigrados que desean visitar la isla.
Juan Carlos Chavez
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El artículo publicado el miércoles está firmado por su director, Orlando Márquez, una de las voces más prestigiosas de la Iglesia Católica en Cuba. Las observaciones instan a las autoridades de la isla a poner en marcha la actualización de las regulaciones de migración anunciadas por el gobernante Raúl Castro en agosto.
“Es una cuestión de justicia, pero no sólo. Es también una necesidad para el futuro”, precisó Márquez. “Corresponde al gobierno cubano restablecer la justicia en este campo tanto para los que residimos en la isla como para los emigrados”.
Castro se refirió al tema ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. En su discurso propuso actualizar el marco migratorio y adaptarlo a las condiciones del presente y el futuro previsible. Dijo que los cambios tendrían en cuenta el derecho de mantener la “integridad” de la revolución y defenderse de la “injerencia” de Estados Unidos y sus aliados.
Las críticas del artículo de Márquez aparecen sólo dos días después de que el oficialista diario Granma exigió que Estados Unidos ponga fin a lo que describió como una “criminal” y “demagógica” posición migratoria hacia la isla, instrumentada hace 45 años en la Ley de Ajuste y la política de “pies secos-pies mojados”.
Cuba asegura que este marco fomenta salidas ilegales y abre las puertas al contrabando humano, entre otros problemas.
La revista señaló que Cuba comete una contradicción legal al no reconocer la doble ciudadanía, al tiempo que exige a los emigrados que han adoptado la ciudadanía de su país de residencia el pasaporte cubano para visitar la isla, permiso y otros trámites costosos.
“Somos una nación fragmentada desde hace varias décadas y cada vez se hace más evidente la urgencia de una concertación nacional, es decir una actualización, para bien, de las relaciones entre quienes componemos la nación cubana”, dijo Márquez.
Señaló que los cambios no niegan ni ponen en riesgo la preservación de la soberanía sino que responden a las necesidades que dicta el mundo moderno.
Actualmente los cubanos pueden dejar la isla sólo con un permiso de salida conocido como la tarjeta blanca, que es válida por un máximo de 30 días y se emite sólo con el visto bueno de la Seguridad del Estado.
“En la época de la globalización, donde la movilidad humana no tiene límites y las fronteras físicas definidas en los mapas no constituyen ya barreras rígidas sino muy flexibles, las leyes nacionales deben ajustarse a tal flexibilidad, lo cual no niega la preservación de la soberanía”, subrayó Márquez. “De lo contrario no avanzaremos mucho, ni en esta ni en otras áreas de interés nacional, sobre todo porque vivimos no sólo en época de globalización, también de interconexión, y necesaria armonía, entre todos los estamentos e instituciones sociales dentro de un mismo país”.
Asimismo añadió que la reformulación de las políticas debe contemplarse como un acto de justicia.
El gobierno se ha referido por décadas a los cubanos que abandonan Cuba como “contrarrevolucionarios” y hasta “gusanos”.
Las estimaciones de la cifra de cubanos en el extranjero a quienes se les ha negado el permiso para regresar se encuentran en el rango de los 67,000 a los 200,000.
“En cuanto a los emigrados, la actualización debe constituir un acto de justicia porque, ante todo, quienes emigraron son cubanos y, salvo que renuncien o desprecien pública y voluntariamente su condición ciudadana, tienen más derecho que ciudadanos de otros países a visitar ésta, su tierra natal”, manifestó Márquez.
En Miami y La Habana las declaraciones de la Iglesia Católica cubana y la necesidad de la flexibilización de la política migratoria que establece severas restricciones a los viajes de los cubanos desde y hacia la isla generaron reacciones.
Ninoska Pérez Castellón, periodista de Radio Mambí y miembro del Consejo por la Libertad de Cuba, se mostró escéptica sobre las observaciones de Márquez.
“La mitad de las cosas que plantearon ahí las dijo Castro en sus discursos. Ojalá que esto sea bien intencionado pero sospecho que es un macabro juego del cardenal Jaime Ortega para continuar lavándole el rostro a la dictadura castrista”, afirmó Pérez.
Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group (CSG), con sede en Washington, D.C., dijo que las declaraciones de Márquez son oportunas y adecuadas en la búsqueda de soluciones integradoras.
Manifestó que las propuestas deben incluir la eliminación del permiso de salida a los cubanos de la isla. La autorización oficial tiene un costo de $200.
“Cuba enfrenta grandes retos y problemas”, dijo Saladrigas. “Es importante que todos los de Cuba y la diáspora tengamos la libertad de entrar y salir de Cuba para poder debatir. Son obstáculos que están en medio de la unidad nacional”.
Líderes del movimiento opositor respaldaron las observaciones de Márquez.
“Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que es un derecho poder viajar libremente”, afirmó el reconocido activista y director de la revista digital Convivencia, Dagoberto Valdez.
“Es una necesidad para el futuro pero también para el presente. El hecho de tender puentes entre las familias y los pueblos es una característica del mundo globalizado de hoy”, añadió.
Elizardo Sánchez, director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, declaró que desde el punto de vista técnico Cuba es uno de los pocos países en el mundo que “pisotea” la libertad de movimiento en el interior y hacia el extranjero.
“Naturalmente [el artículo] refleja el punto de vista de altas figuras del liderazgo católico y es plausible porque es algo necesario”, dijo Sánchez. “Es una gran asignatura pendiente que tiene el gobierno de Cuba”.
El opositor Oscar Elías Biscet comentó que es importante que se escuche la voz de la Iglesia en la discusión de los temas de actualidad.
“Viajar es un derecho que deber ser recuperado, así como otros que deben reclamarse, como la celebración de elecciones libres para entablar una sociedad democrática”, apuntó Biscet.
