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Un grupo de familiares de personas detenidas y acusadas por las autoridades cubanas tras participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la Isla han pedido a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) que interceda en favor de su liberación.
"Nos dirigimos a las autoridades eclesiásticas para pedirles su inmediata y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica", dice el texto de la carta, divulgado por el foro opositor Estado de Sats en su página web.
La misiva, que recoge hasta el momento un centenar de firmas, ruega a la jerarquía de la Iglesia católica cubana que los acompañe "en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la Doctrina Social de la Iglesia".
Al cumplirse tres meses de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, "madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos, manifestamos nuestras profundas quejas y preocupaciones por la situación y estado de nuestros seres queridos", exponen los firmantes.
Estado de Sats acompañó la publicación de la misiva con una invitación "a todos los familiares de los detenidos y acusados por participar en las manifestaciones del 11 de julio a unir sus firmas y apoyo a este necesario y legítimo pedido a la Iglesia"
En su petición, alegan que sus familiares se encuentran encarcelados "por ejercer el derecho elemental a la manifestación pacífica" provocada por "una larga y aguda crisis general que enfrenta nuestro país" y que lanzó a las calles a miles de cubanos "para demandar respeto a sus derechos y libertad".
Estado de Sats acompañó la publicación de la misiva con una invitación "a todos los familiares de los detenidos y acusados por participar en las manifestaciones del 11 de julio a unir sus firmas y apoyo a este necesario y legítimo pedido a la Iglesia".
Cabe recordar el papel de la Iglesia católica en la Primavera Negra de 2003, cuando 75 activistas cubanos fueron condenados a penas de entre 15 y 27 años en virtud de la ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (conocida como Ley Mordaza).
Años después, la Iglesia logró la puesta en libertad de los presos que accedieron a marcharse de Cuba y una licencia extrapenal a los 12 que se negaron a hacerlo, como fue el caso de Marta Beatriz Roque o el propio José Daniel Ferrer.
Las protestas inéditas que estallaron el 11J se saldaron con un manifestante muerto y una ola de detenciones de centenares de participantes y a las principales cabezas del activismo en la Isla, como José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, o Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.
Diversas organizaciones han documentado más de un millar de detenidos y según han informado las autoridades, 62 personas han sido juzgadas, en su mayoría por el delito de desorden público –imputado a 53 de los procesados–, aunque también hay acusaciones de "desacato", "resistencia" o "instigación a delinquir". En San Antonio de los Baños, donde iniciaron las protestas pacíficas, la Fiscalía pide para las 17 personas que están siendo juzgadas entre 6 y 12 años de cárcel.
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