La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se mantiene como clara favorita para ser reelegida en los comicios de octubre próximo, con una intención de voto del 43,7 %, según una encuesta.

El sondeo fue elaborado por la firma MDA para la Confederación Nacional del Transporte (CNT, patronal) y sitúa en segundo lugar de las preferencias del electorado al líder opositor socialdemócrata Aecio Neves, con un 17 %.

Como tercero en discordia aparece el socialista Eduardo Campos, con 9,9 %.

El panorama trazado por este sondeo es muy similar al de otra encuesta que MDA divulgó en noviembre pasado, que le atribuía a Rousseff el respaldo del 43,5 % del electorado, frente al 19,3 % que ostentaba Neves, que entre una y otra consulta ha perdido casi dos puntos porcentuales.

Hasta el momento, ninguno de esos tres candidatos ha formalizado sus aspiraciones, pero Rousseff ya ha sido aclamada como abanderada del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en dos congresos que esa formación ha realizado desde noviembre pasado.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal líder del PT y mentor político de la mandataria, ha dicho más de una vez, e incluso en presencia de Rousseff, que el principal objetivo de esa formación es la reelección de la presidenta en los comicios que se celebrarán el próximo 5 de octubre.

En el sondeo también fue evaluada la percepción que los electores tienen del Gobierno, cuya tasa de aprobación cayó al 36,4 %, frente al 39 % que tenía en noviembre pasado.

MDA indicó que el 37,7 % de las personas consultadas calificaron el Gobierno de regular, mientras que la evaluación negativa se situó en un 24,8 %.

Como contrapartida, la tasa de aprobación personal de Rousseff se mantuvo en un elevado 55 %, frente al 41 % que la desaprueba.

Según MDA, la encuesta fue realizada entre los pasados 9 y 14 de febrero, tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, y para su elaboración fueron consultados 2.000 electores de 137 municipios de todo el país.

Tomado de INFOLATAM/EFE

La presidenta argentina, Cristina Fernández, celebrará su 61 cumpleaños el próximo miércoles en El Calafate. Antes de viajar, Fernández se sometió a un nuevo control médico programado por la Unidad Médica Presidencial, en el que se le realizó una neuroimagen y un electrocardiograma que arrojaron resultados “satisfactorios”.

Fernández viajó el viernes hasta El Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz, y pasará allí unos días de descanso con sus hijos, Florencia y Máximo, que cumple años este domingo, antes de regresar el próximo jueves a Buenos Aires para reincorporarse a sus actividades como Jefa de Estado.

Durante la celebración del 137 aniversario del bautismo del Lago Argentino, el mayor y más austral de los grandes lagos patagónicos del país, la presidenta inauguró las obras de interconexión de la localidad al sistema nacional eléctrico, entre otras infraestructuras.

También anunció que el lunes se hará efectiva, con su publicación en el Boletín Oficial, la conversión de Río Gallegos, la capital provincial, en zona franca.

Según el comunicado emitido por los facultativos, las pruebas forman parte del “plan programado” por el equipo de salud de la presidenta, que vigila su evolución tras la neurocirugía a la que se sometió el pasado octubre por un hematoma craneal y que le obligó a guardar un mes de estricto reposo.

Desde su reaparición en noviembre tras la intervención quirúrgica, la jefa de Estado argentina redujo considerablemente su agenda de actos públicos.

Su última aparición fue el pasado miércoles, en la Casa Rosada, defendió la gestión económica del Gobierno e insistió en denunciar intentos de desestabilización económica y política y maniobras de especulación por parte de industrias y comercios que hacen aumentar los precios.

A finales de enero, justo después de participar en una cumbre regional en La Habana, Fernández fue diagnosticada también de una bursitis en la cadera por la que tuvo que someterse a fisioterapia.

Tomado de INFOLATAM/EFE

El órgano autónomo de la OEA publicó un comunicado en repudio a la violencia de grupos armados ilegales y el uso desproporcionado de la fuerza por agentes de seguridad durante las manifestaciones del 12 de febrero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está integrada por siete miembros independientes que no representan a sus países de origen o residencia.

Este viernes publicó un documento sobre los violentos disturbios en Venezuela luego de una marcha estudiantil el 12 de febrero, que terminó con 3 muertos, 66 heridos graves y 69 detenidos, según la cifra oficial. Condenó la censura a medios opositores, agresiones contra ONG defensoras de derechos humanos y la persecución a dirigentes políticos como la diputada María Corina Machado y el dirigente Leopoldo López.

A continuación, el comunicado:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia registrados en el contexto de manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela, así como otras denuncias relacionadas con actos de censura en contra de medios de comunicación, agresiones en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y hechos de alegada persecución política.

La Comisión ha recibido y recabado información preocupante sobre los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del gobierno venezolano como de organizaciones de la sociedad civil.

La CIDH ha tomado conocimiento de los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones; en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.

De acuerdo con cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas arrestadas durante las manifestaciones en todo el país y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares.

En este contexto, la CIDH también fue informada sobre la supuesta retención de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de la organización no gubernamental (PROVEA), en horas de la noche del mismo 12 de febrero por supuestos funcionarios del SEBIN. De acuerdo a lo denunciado por PROVEA, el señor Rodríguez habría sido trasladado a un sitio desconocido al Oeste de Caracas, donde habría sido golpeado por personas uniformadas de negro, quienes le habrían interrogado sobre sus actividades dentro de la organización y le habrían amenazado de muerte a él y a su familia. Luego de aproximadamente dos horas, el señor Rodríguez habría sido liberado, tras ser despojado de sus pertenencias y ser amenazado de no presentar una denuncia por estos hechos.

La Comisión también ha recibido información sobre un supuesto bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela durante el desarrollo de estas manifestaciones y el cubrimiento noticioso que venían haciendo de éstas. En particular, de acuerdo con información de público conocimiento, se habría sacado del aire la señal del canal colombiano de noticias NTN24, transmitido en Venezuela en la televisión por cable, mientras informaba sobre lo ocurrido durante las protestas.

Asimismo, durante la jornada de protestas, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió que la cobertura mediática de los hechos de violencia registrados "por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos" podía constituir violaciones a la Ley de responsabilidad Social en radio y televisión lo cual podría acarrear penas y sanciones.

En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteran su preocupación por la reducción de los espacios de debate público y que en esta coyuntura se configure la salida intempestiva de un canal y la persistente amenaza de sanción a los medios de comunicación por parte de las autoridades, por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Ello se traduce en una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte.

La CIDH observa también que estos hechos ocurren en un contexto en el cual algunas autoridades venezolanas han hecho declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La Comisión reitera asimismo, que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza.

Adicionalmente, la Comisión tiene presente que de acuerdo a información de público conocimiento, se continuarían registrando protestas y otros hechos de violencia en el país. En este contexto, continuarían las denuncias sobre personas detenidas en el marco de estas manifestaciones.

La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.

La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

Asimismo, y a fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH hace un llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos.