La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó hoy de manera “categórica las presiones” del consorcio internacional encargado de la ampliación de la vía interoceánica, para negociar “fuera del contrato” sobre costos que alcanzan los 1.600 millones de dólares.

En un breve comunicado, la ACP afirma que si el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr Vallehermoso, no cumple con lo pactado en el contrato, “pondrá en acción los mecanismos” previstos en el documento legal “que le permiten completar la obra”, sin más precisiones.

El GUPC anunció este miércoles que, basado en cláusulas contractuales, ha dado un plazo de 21 días a la ACP para que atienda sus peticiones por sobre costos, que alcanzan los 1.600 millones de dólares, o de lo contrario suspenderá las obras de ampliación iniciadas en 2007.

“GUPC notificó a la ACP su intención de suspender sus labores en la construcción del tercer juego de esclusas el próximo 20 de enero, bajo la exigencia de que se le proporcione fondos adicionales a los pactados en el contrato”, confirmó la autoridad panameña.

Ese movimiento, dijo la ACP, tiene “el único propósito de forzar a la organización a negociar (reclamos económicos) fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas” de la vía interoceánica.

“No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”, indicó el comunicado de la autoridad panameña, que cita declaraciones de su administrador, Jorge Quijano.

Las cláusulas contractuales “que fueron aceptadas al momento de la firma por GUPC” establecen “claramente tres instancias de resolución” de reclamos, dos de las cuales “son decididas por terceros”, destacó la autoridad panameña.

Según el contrato, el contratista puede presentar su reclamo en primera instancia ante la ACP, si no se resuelve puede acudir a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y por como última instancia apelar a un arbitraje internacional.

La ACP recalcó este miércoles que de acuerdo con el contrato, “la intención de suspensión no implica una terminación o abandono del proyecto”, por lo que “confía también en que el contratista tenga la capacidad de cumplir los compromisos pactados”.

“De no ser así, la ACP pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra (…) que GUCP ha indicado con anterioridad que en lugar de terminar en octubre de 2014, como estaba pactado en el contrato, serán terminadas en junio del 2015″, indicó el comunicado oficial.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ya dijo el pasado diciembre que ese organismo estaba en capacidad de asumir las obras de ampliación en caso de que el consorcio abandonara el proyecto.

Quijano dijo eso tras quejarse de que el GUPC buscaba la manera de negociar fuera de contrato los reclamos económicos, cifrados entonces en 1.450 millones de dólares por la prensa local.

En un comunicado enviado a Efe este miércoles, el GUPC aseguró que no podía “continuar una obra en la que se proyecta 1,6 billones de dólares en sobre costos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las Leyes Panameñas, y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha”.

El programa de ampliación del Canal de Panamá registra un avance total del 72%, mientras que la construcción de las nuevas esclusas uno de 65%, informó este miércoles la ACP.

El tercer juego de esclusas, que añadirán un tercer carril para el tránsito de buques con capacidad de hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, estará operativo en el primer semestre de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.

Los retrasos se deben principalmente al rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal, según el GUPC.

Tomado de INFOLATAM

La crisis energética por la que atraviesa Argentina en plena ola de calor ha golpeado en la línea de flotación del gobierno de Cristina Kirchner y su nuevo gabinete (encabezado por Jorge Capitanich). Además, ha repotenciado a los principales opositores al kirchnerismo (sobre todo a Mauricio Macri y Sergio Massa).

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. La crisis energética es una crisis largamente anunciada que le ha acabado surgiendo cuando más débil se encuentra el gobierno de Cristina Kirchner tras la derrota en las legislativas de octubre, la enfermedad de la presidenta que además acaba de anunciar su retirada de la política para 2015 (es decir, un caso de manual de “síndrome del pato cojo”).

El analista político del diario Clarín, Eduardo van der Kooy, apunta a cómo los errores del gobierno ha propiciado que ahora explote esta bomba en forma de crisis energética.

“El cristinismo -asegura el columnista – ahora le echa la culpa a la ola excepcional de calor… pero antes del 2007 el Gobierno empezó a recibir advertencias sobre el déficit de la matriz energética. El abastecimiento de energía se fue encareciendo a raíz de la necesidad importadora, pero las tarifas casi ni se movieron. La Presidenta autorizó luego de la victoria del 2011 una reducción en los subsidios de las tarifas que insumen $ 130.000 millones. Quedó trunco debido al temor por el impacto social”.

Esta crisis energética y los saqueos que ha padecido el país a raíz de las protestas policiales se han llevado por delante el intento del gobierno de retomar la iniciativa con nombramientos como el de Jorge Capitanich como jefe de gabinete.

Capitanich ha pasado en un mes de ser una especia de esperanza blanca para el renacimiento del kirchnerismo a ser “una sombra de lo que fue -dice el analista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá-… Nadie que haya conocido a Capitanich puede creer que es sincero cuando dice, por ejemplo, que la inflación es culpa sólo de algunos argentinos insolidarios. O que los cortes de energía son responsabilidad exclusiva de las empresas eléctricas”.

Ese vacío político propicia que enseguida surjan figuras que aspiran a llenarlo. Es el caso de Mauricio Macri en la derecha y de Sergio Massa, en el peronismo antikirchnerista.

La apuesta de Macri

Mauricio Macri tiene un punto a su favor con respecto a Massa: posee poder institucional como jefe del gobierno de la capital, Buenos Aires.

Mauricio Macri, jefe del gobierno de Buenos Aires

Ante un gobierno que aparece superado por los hechos y con poca capacidad de reacción, Macri, que aspira a ser candidato presidencial en 2015, ofrece su imagen más resolutiva con decisiones como declarar la “emergencia” en la Ciudad ante la persistencia de los cortes de luz en numerosos barrios porteños, en medio de una gran ola de calor.

Macri ha convocado además al Gobierno nacional a integrar un “comité” para debatir medidas y “sumar esfuerzos” ante la crisis energética: “Tomamos muchas medidas: desplegamos un operativo de emergencia para distribuir agua, fortalecimos a los equipos del SAME y dispusimos la reducción del consumo de energía en todo lo que es dependencia de la ciudad”.

“Espero propuestas concretas del Gobierno nacional, hoy ni siquiera estamos coordinados”, es el reto de Macri a Cristina Kirchner.

Y apelando directamente al ejecutivo, dijo: “Espero propuestas concretas del Gobierno nacional, hoy ni siquiera estamos coordinados”, concluyó Macri.

La actitud resolutiva de Macri constrasta con la de un gobierno que muestra señales de parálisis. La encuestadora Management&Fit en su última medición registra un 58,4% de desaprobación y solo un 30,6% de aprobación del Gobierno

Como recuerda Van der Kooy, “Cristina no dijo una palabra sobre la crisis energética y el padecimiento de los usuarios. Contrastó ese silencio y esa distancia con las apariciones de Macri, Sergio Massa y Elisa Carrió. Su libreto fue recitado por Capitanich. Regresó con la monserga de que la seguridad es una responsabilidad de cada provincia; culpó a las empresas eléctricas por los cortes de luz; aseguró que no hay motivos económicos que justifiquen la inflación, salvo jugadas especulativas y una pobre conducta social“.

Massa construye su alternativa nacional

Sergio Massa, como triunfador de las elecciones legislativas de octubre se convirtió en el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires con proyección para ser presidenciable en 2015.

Sergio Massa, actual diputado por Buenos Aires

Pero para llegar ahí, Massa tiene por delante el reto de convertir al massismo (el Frente Renovador) en una fuerza nacional.

Esa labor ya ha empezado en medio de la crisis por la que atraviesa el kirchnerismo.

El massismo crece apoyándose en las falencias del kirchnerismo, creando un polo de alcance nacional, no solo bonaerense, que atraiga a las diferentes facciones peronistas.

En ese contexto acaba de nacer la Mesa Nacional que estará integrada, entre otros, por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y por los ex gobernadores Carlos Reutemann, Mario Das Neves y Jorge Busti.

En la presentación estuvieron otras figuras importantes como el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el economista Martín Redrado e importantes intendentes de la provincia de Buenos Aires como Joaquín de la Torre (San Miguel), Gustavo Posse (San Isidro) o Mario Meoni (Junín).

Sergio Massa: “No hay que plantear candidaturas. Hay que hablar de los cortes de luz, de la inflación, de la inseguridad, de la presión tributaria. El desafío es darle orden, progreso y desarrollo a la Argentina”.

En el actual contexto, Massa no ha dudado en centrar su mensaje en los problemas que en estos momentos golpean más a la población: “La construcción de una alternativa se realiza sobre la agenda de la gente. No hay que plantear candidaturas. Hay que hablar de los cortes de luz, de la inflación, de la inseguridad, de la presión tributaria. El desafío es darle orden, progreso y desarrollo a la Argentina”.

El duelo de 2015 queda aún lejos pero el deterioro kirchnerista no hace sino alentar que Macri, líder de PRO, por la derecha y Massa dentro del universo peronista crezcan sostenidamente y se transformen en los grandes referentes para los comicios presidenciales.

Tomado de INFOLATAM

El mandatario peruano tomó la decisión tras revelarse que las fuerzas protegían sin autorización las propiedades de un cuestionado empresario vinculado a Vladimiro Montesinos. Ya relevó al jefe de las Fuerzas Armadas

El ministro de Interior, Walter Albán, adelantó el viernes que los relevos policiales están en proceso y que la medida es parte de un esfuerzo del Gobierno para luchar contra la corrupción.

Humala encaró, a mediados de noviembre, un escándalo luego de que se reveló que policías habían protegido, de manera indebida y durante 18 meses, la residencia de un empresario vinculado al ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien está preso por corrupción y tráfico de armas. El caso ya provocó la renuncia del entonces ministro de Interior y la destitución de seis mandos policiales. Albán, que asumió la cartera el mes pasado, dijo que el relevo de 600 oficiales de la Policía no es una cifra "exagerada", pero dijo que la lista completa se conocerá en los próximos días.

"De todas maneras, fíjense, estamos hablando de una institución que tiene cerca de 110.000 efectivos; entonces, si se habla de 600 (bajas), no creo, visto grosso modo, que esto sea un número exagerado", dijo el ministro a periodistas.

El reciente escándalo de corrupción policial tocó al jefe de las Fuerzas Armadas de Perú, el vicealmirante José Cueto, cuyo nombre fue usado para justificar la protección de la vivienda del cuestionado empresario Oscar López. Cueto, quien negó varias veces su participación en el caso, fue relevado el viernes de su cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, pero podría mantener sus funciones hasta mayo del próximo año, según fuentes de la institución militar.

Esta es la segunda purga policial de Ollanta Humala. La anterior se había realizado poco después de que Humala asumiera la presidencia en julio de 2011 e incluyó una baja sin precedentes de 30 de los 45 generales de la cúpula policial tras una evaluación ordenada por el propio mandatario.

REUTERS