El exministro brasileño José Dirceu, considerado la mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su primer mandato, dirigió la red de sobornos parlamentarios que operó entre 2003 y 2005 en Brasil, aseguró hoy el juez instructor del llamado “juicio del siglo”.

Apoyado en las pruebas presentadas por la fiscalía, el instructor Joaquim Barbosa también pidió condenar por corrupción pasiva al expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

También consideró culpables por ese mismo delito al publicista Marcos Valerio Fernandes, sus socios Ramon Hollerbach, Cristiano Paz y Rogério Tolentino, y a la directora de sus empresas Simone Vasconcelos.

El juez revisor, Ricardo Lewandowski, comenzó a presentar su voto en este caso y difirió del instructor en los casos de José Genoino y Rogério Tolentino, a quienes declaró inocentes.

Asimismo, tanto el juez instructor como el revisor absolvieron al exministro de Transportes Anderson Adauto, del extinto Partido Liberal (PL), y a Geiza Dias, empleada de Marcos Valerio Fernandes.

Lewandowski no concluyó su voto y dejó pendiente para mañana su parecer sobre la responsabilidad de Dirceu, a quien Barbosa dedicó hoy casi toda la audiencia, centrada en los 10 de los 37 reos que tiene el proceso que responden por corrupción activa.

El instructor afirmó que Dirceu, en la época, llegó a ser “la segunda persona más importante del Estado”, sólo por detrás del propio presidente Lula.

Según Barbosa, las pruebas presentadas por la fiscalía “forman un gran mosaico en el que Dirceu es revelado como el gran articulador” de toda la trama.

En la época, Dirceu era considerado como el “hombre fuerte” del Gobierno y “mano derecha” de Lula, cuya campaña había coordinado en las elecciones del 2002, que llevaron al exsindicalista y al PT al poder primera vez.

Afirmó que “está probado” que Dirceu participó en numerosas reuniones con directivos del Banco Rural, que a su vez otorgó al PT préstamos ficticios y fraudulentos que alimentaron las corruptelas.

Sostuvo que a esas reuniones, muchas celebradas en su despacho del Palacio presidencial de Planalto, asistía siempre el publicista Marcos Valerio Fernandes, cuyas agencias de publicidad habían sido beneficiadas con contratos amañados en organismos públicos.

El dinero de esos contratos acababa luego en el Banco Rural, se convertía en créditos en favor del PT o del propio Fernandes, que a su vez lo usaban para gastos de campañas no declarados y también para los sobornos en el Congreso, resumió Barbosa.

El juez detalló fechas y demostró que los millonarios créditos que el Banco Rural otorgó a Fernandes y al PT, siempre sin garantías de ley, se aprobaron “unos días o semanas” después de cada reunión con Dirceu.

Según Barbosa, esos “elementos probatorios” desbaratan el alegato de la defensa, la cual sostiene que los encuentros de Dirceu con los directivos de los bancos eran por otros asuntos, como un supuesto interés en adquisición de entidades financieras en problemas.

“Nada de eso pertenecía a la órbita” del despacho de Dirceu, dijo el instructor, quien recordó que el exministro era el responsable de la articulación política del Gobierno.

En esa tarea, explicó Barbosa, sus interlocutores directos eran, entre otros, los diez dirigentes de cuatro partidos que el Supremo ya ha condenado por corrupción pasiva en este caso, lo cual “no deja dudas” de la “activa participación” de Dirceu en los hechos.

Una vez que mañana concluya su voto el juez revisor, le tocará el turno a los otros ocho miembros de la corte, que en las próximas audiencias definirán la suerte de los acusados.

Tomado de INFOLATAM