El estilo pragmático de la presidente brasileña la mantuvo al margen del escándalo de coimas que complica a su partido. La evaluación positiva de su gobierno asciende al 56,6%

La presidente de Brasil, Dilma Roussef, ha logrado mantenerse al margen en lo que va del juicio contra varios dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT), acusados de comandar un sofisticado esquema de corrupción durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

Tras convertirse en los comicios de 2010 en la primera presidente mujer del país, Rousseff ha logrado imponer su estilo pragmático, lo que la llevó a separar de sus cargos a seis ministros durante 2011.

Esa “limpieza” de gabinete fue interpretada como una muestra de que Rousseff es menos condescendiente con “desvíos” en la conducta de sus ministros que su antecesor, Lula Da Silva.

El ex presidente, durante su primer mandato (2003-2007), dejó en cambio que los funcionarios implicados en las denuncias cayeran por su propio peso, como el ex jefe del gabinete presidencial José Dirceu.

Lula respaldó al “capitán de su equipo”, como él mismo llamaba a Dirceu, hasta último momento y nunca tomó la decisión de separarlo de su cargo. El ex “hombre fuerte del gobierno", que está hoy acusado por la fiscalía de ser el “cabecilla de una cuadrilla”, renunció a su mandato cuando las denuncias lo asfixiaron por completo y más tarde reasumió su escaño en el Congreso como diputado.

Son estas diferencias entre la condescendencia de Lula y el pragmatismo de Rousseff las que “blindan” a la mandataria frente a la eventual condena en el llamado escándalo del mensalao. El nombre de la trama hace referencia a las altas sumas que, según la acusación, el PT les pagaba en forma mensual a los legisladores para que votaran en el Congreso las medidas propuestas por el gobierno.

Por otra parte, una encuesta de opinión realizada durante los últimos días del mes de julio por la Confederación Nacional del Transporte revela que la evaluación positiva del gobierno de la presidente Rousseff alcanzó un 56,6% en julio, bastante por encima del 49,2% de hace casi un año atrás.

Analistas de Brasil reafirman la hipótesis de que Rousseff puede salir indemne del juicio por el mensalao y no así Lula da Silva, con el argumento de que si Dirceu es declarado culpable, quedará en evidencia que el líder de un esquema fraudulento que usaba dinero ilícito para el pago de sobornos operaba dentro del mismo palacio de gobierno durante el mandato del ex presidente.

Para ratificar la distancia del juicio, asesores de la mandataria citados este viernes por el canal Globo News explicaron que la orden directa de la presidente a propósito de éste es que se siga trabajando como siempre  y que el proceso “no interfiera en la rutina del gobierno”.

“Hemos tomado una decisión de gobierno de seguir trabajando con mucha seriedad durante este tiempo (la duración del juicio se estima aproximadamente en un mes). “Nosotros confiamos en el Poder Judicial y seguiremos trabajando”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, citado por la página web de la revista Exame.

Además de Dirceu, otras dos fuguras legendarias del PT integran el “núcleo político” del mensalao: el ex presidente del partido, José Genoino, y el ex tesorero, Delubio Soares.

Según las fuentes, Rousseff manifestó que el juicio "es una demostración de la independencia de poderes" que reina en el país, aun cuando los asuntos tratados "interesen o no al gobierno".

El presidente Federico Franco envió el martes al Congreso el documento de adhesión del país sudamericano al bloque y el protocolo de Ushuaia II. Legisladores anticiparon su rechazo

"Estamos enviando en el día de la fecha para que el Congreso Nacional pueda darle el trámite que corresponde", dijo Franco en alusión al pedido en ese sentido que había hecho la Cámara baja, según un comunicado de Presidencia.

El pasado día 5, la Cámara de Diputados demandó al Ejecutivo los documentos de adhesión de Venezuela y el protocolo Ushuaia II del Mercosur para "rechazarlos", según relató a EFE en su día una fuente del Parlamento. Los documentos habían sido firmados y enviados por Fernando Lugo cuando se desempeñaba como presidente del país y los legisladores locales consideran que estos violan tratados internacionales y disposiciones de la Constitución paraguaya.

Un vocero del Senado confirmó este martes la recepción de la documentación relativa a Venezuela y dijo que la semana pasada ya se le había remitido a la Cámara el Protocolo de Ushuaia II de Compromiso con la Democracia en el Mercosur.

El Senado dará entrada a estos documentos el próximo jueves y previsiblemente los remitirá para su estudio a las comisiones correspondientes, dijo el vocero, que explicó que después del trámite en la Cámara alta pasarán a la de Diputados.

Tanto el ingreso de Venezuela acordado en 2006 como el Ushuaia II de diciembre de 2011 están pendientes de ratificación por parte del Legislativo de Paraguay.

Franco hizo su anuncio durante un acto en el Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, en Asunción, en momentos en que los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela celebran una cumbre extraordinaria en Brasilia en la que se formalizará la incorporación plena en el bloque de este último país.

Paraguay está suspendido del bloque regional desde el 29 de junio pasado, en castigo por el "quiebre democrático" que sus socios percibieron en la destitución del presidente Fernando Lugo, sustituido por Franco una semana antes.

La sanción fue impuesta durante la cumbre de presidentes del bloque celebrada en Mendoza (Argentina), ocasión en la que los tres socios plenos, en ausencia de Paraguay, acordaron la adhesión de Venezuela al Mercosur.

La Procuraduría de Colombia hizo el anuncio contra la ex senadora, por exhortar a los indígenas del departamento de Cauca a movilizarse contra el Gobierno, según se percibe claraente en un video.

El organismo estatal indicó que se abrirá una indagación preliminar para determinar si Córdoba cometió los delitos de asociación ilícita, asonada e incitación a la violencia, tras darse a conocer el video en el que se observa a la ex legisladora apoyando la movilización de aborígenes contra bases militares.

Poco antes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, había manifestado su preocupación por las declaraciones de Córdoba acerca de la situación en Cauca, en las que incluso habló de “tumbar” al presidente Juan Manuel Santos.

“Me parecen graves. Yo creo que una cosa es una gestión de trabajo humanitario o comunitario, como se reconoce que hace la ex senadora; pero otra cosa es hacer esas expresiones o esas arengas”, le dijo Pinzón a la radio La W.

En el video, divulgado por el canal local Cable Noticias, Córdoba habla ante un grupo de indígenas en el municipio de Miranda. “No queremos más guerra, no queremos bases militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita”, dice la ex senadora.

Córdoba también insta a los indígenas a rechazar un reciente proyecto de reforma judicial que también fue objetado por Santos y finalmente archivado por el Congreso.

“A esa reforma hay que hundirla y por esa razón nosotros vamos a conseguir firmas para revocarles el mandato a los congresistas. E incluso deberíamos tumbar hasta al presidente de la República”, expresa la ex legisladora del Partido Liberal.

Si bien Córdoba todavía no hizo comentarios sobre sus declaraciones en el polémico video, su abogado Luis Pérez sostuvo que las expresiones de la ex legisladora fueron “sacadas de contexto”.

Fue “totalmente sacada de contexto frente a una declaración suya relacionada con la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas contempladas en la Carta Política y el control sobre su propio territorio y la administración de justicia”, le dijo Pérez a la radio RCN.

Miles de indígenas de la comunidad Paez iniciaron una protesta por la intensificación de los ataques de las FARC contra la población civil de la región en los últimos meses.

Los aborígenes consideran que la instalación de bases militares en sus territorios ha generado el enfrentamiento continuo entre la fuerza pública y la guerrilla, por lo que la semana pasada un millar de indígenas sacó a empujones a cerca de 200 militares que custodiaban un cerro de comunicaciones en el municipio Toribío.

Tras esto, policías antimotines se enfrentaron con los habitantes del lugar para retomar el control en la zona. Los choques dejaron un indígena y un campesino muertos.