Unas 79,5 millones de personas participarán de las elecciones este domingo, luego de seis años en los que la guerra de carteles y la represión dejaron 50 mil muertos

En total serán elegidos 2.127 cargos. Se elegirá presidente y se renovarán el Congreso y seis gobernadores en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y el jefe de gobierno del Distrito Federal. 

La Secretaría de Gobernación aseguró que las garantías de seguridad están dadas para llevar a cabo la jornada electoral, aunque reconoció que hay zonas del país en las que se hará un mayor despliegue de fuerzas del orden ante la situación de inseguridad que 
registran. 

"Estamos trabajando desde el gabinete de Seguridad para estar listos a responder, en todo el territorio nacional, a cualquier incidente que pudiera presentarse", declaró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. 

La violencia por la confrontación entre bandas antagónicas del narcotráfico y el crimen organizado ha dejado en lo que va del gobierno de Felipe Calderón más de 50.000 muertos y se ha hecho visible hasta en las últimas horas previas a los comicios con la 
detonación de un coche bomba en el estacionamiento de la alcaldía de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, que dejó un saldo de siete heridos. 

A este hecho en la región fronteriza con Estados Unidos se sumó la aparición del cuerpo de la alcaldesa del municipio de Tlacojalpan, Marisol Mora Cuevas, este jueves en un área limítrofe entre los estados de Veracruz y Oaxaca, cinco días después de haber sido secuestrada en su vivienda. 

Aunque el tema de seguridad es uno de los que más inquieta a los mexicanos fue un aspecto no muy debatido en la campaña electoral por los cuatro aspirantes presidenciales, y que a juicio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad quedó como una deuda pendiente. 

"Ni siquiera en los debates se tocó ese tema (...) Para ellos no existen los 60.000 muertos, no existen los desaparecidos, no existen los desplazados, no existen los huérfanos, no existe la guerra", dijo recientemente el poeta Javier Sicilia, líder del movimiento. 

Las elecciones del domingo serán las más grandes en la historia de México, tanto por el número de cargos que se elegirán como por el número de votantes convocados, y estarán vigiladas por 30.000 observadores electorales, de los cuales 696 corresponden a  organizaciones extranjeras. 

La baraja de candidatos presidenciales la integran Enrique Peña Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por 71 años hasta el año 2000, cuando llegó al poder el Partido Acción Nacional (PAN), que en esta contienda tiene como aspirante a Josefina Vázquez Mota. 

El listado lo completan el centro-izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien fue derrotado por mínima diferencia en las elecciones de 2006 por Calderón, y el ambientalista Gabriel Quadri, del partido minoritario Nueva Alianza, que apoya un poderoso sindicato de maestros. 

De acuerdo a la mayoría de encuestas el candidato que más posibilidades tiene de llegar al poder es Peña Nieto y detrás suyo estarían López Obrador y Vázquez Mota, que pelearían el segundo lugar. 

Sobre la jornada, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, aseguró que "todo está listo" para que los mexicanos puedan decidir el futuro del país "en libertad y paz". 

"El IFE está listo al 100 por ciento para que se instalen las casillas. Un millón de ciudadanos han sido capacitados para ser autoridad electoral, dos millones de representantes de los partidos están listos para vigilar el proceso electoral", aseguró.

Las urnas se abrirán a las 08:00 (13:00 GMT) y cerrarán a las 20:00 (01:00 GMT) del centro de México en los estados del Pacífico, que tienen dos horas de diferencia con el Distrito Federal.

Este jueves los cuatro candidatos presidenciales firmaron un compromiso de civilidad con el IFE, en el que pactaron aceptar los resultados de las elecciones, para evitar denuncias de fraude como ocurrió en 2006, cuando López Obrador no aceptó haber quedado en segundo lugar con sólo 0,56 puntos por debajo de Calderón. 

La actual temporada de lluvias que registra México a juicio de Valdés no se convertirá en una amenaza para los comicios, que aseguró se verán favorecidos con un pronóstico de día despejado.

Los cancilleres recomendaron mantener la suspensión que pesa sobre el Asunción tras la destitución de Lugo. No habría sanciones económicas. De nuestro enviado

Reunidos en la ciudad argentina de Mendoza, donde se realiza la XLIII Cumbre del Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil y Uruguay analizaron la situación que atraviesa el cuarto miembro del bloque a raíz del juicio político que terminó con la remoción de su ahora ex presidente, en un hecho que ha cosechado cuestionamientos en todo el continente.

La presidente argentina, Cristina Kirchner, y su par uruguayo, José Mujica, habían calificado el proceso como un "golpe de Estado parlamentario", mientras que la brasileña Dilma Rousseff optó por no utilizar tal frase, aunque condenó igualmente el hecho.

Este jueves, los cancilleres consideraron que la salida de Lugo no contó con el debido proceso y constituyó una ruptura del orden democrático, razón por la cual debería aplicarse la cláusula democrática que rige en el bloque tras la firma, en 1998, del Protocolo de Ushuaia. La decisión será estudiada por los presidentes este viernes.

Según ese documento, la acción implica desde la "suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".

En su recomendación, sostuvieron que la medida debía prolongarse en tanto no se celebren elecciones presidenciales, lo cual está previsto para abril de 2013. Paraguay ya había sido suspendido esta semana, cuando se vetó la participación de las autoridades del nuevo gobierno de Federico Franco, al que el Mercosur considera ilegítimo.

El canciller argentino, Hector Timerman, aclaró este jueves que "no se contempla la expulsión de Paraguay" y calificó como "una situación penosa" la suspensión de uno de los miembros del bloque. Por último, aclaró que las decisiones que tomen los jefes de Estado "no afectarán al pueblo paraguayo".

Previamente, había trascendido que ya estaba descartada la aplicación de sanciones económicas, en línea con lo expresado por los gobiernos en los últimos días de no castigar al país.