El Gobierno y los indígenas que se oponen a la minería y a las represas mantienen sus posturas enfrentadas, tras 7 días de protestas. Hay un muerto y decenas de detenidos

El canciller Roberto Henríquez afirmó que personas designadas por el presidente Ricardo Martinelli están buscando una "comunicación directa" con los dirigentes indígenas para "sentarse a dialogar". Pero los miembros de la etnia Ngöbe-Buglé, la mayor de Panamá, plantean que antes debe cesar "la represión" contra los manifestantes, según anunció el líder del movimiento, Rogelio Montezuma.

Hasta el momento, una persona murió y más de medio centenar de personas han resultado heridas y detenidas por enfrentamientos entre indígenas y la Policía. Los disturbios más graves se produjeron el domingo cuando los agentes reabrieron a la fuerza las vías que los nativos tenían cerradas desde hacía seis días, entre ellas la interamericana que une a Panamá con Costa Rica, sobre todo en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Algunas organizaciones señalan que los enfrentamientos habrían dejado dos muertos, lo cual aún no ha sido confirmado, aunque el canciller dijo no descartarlo.

El líder indígena afirmó que para dialogar es necesario "el retiro de la Policía del área de conflicto", "la liberación inmediata de los detenidos", "la atención médica urgente a los heridos" y "apoyo a los familiares" del indígena que murió.

De su lado, en una reunión con diplomáticos acreditados en Panamá, Henríquez describió la situación actual como "tensa" y advirtió que no se entablaría el diálogo si persisten "actos de fuerza" por parte de los indígenas.

Las protestas se extendieron este lunes a varias zonas, continuaron pequeños bloqueos en algunas vías y hubo enfrentamientos entre la Policía y los indígenas, sindicalistas y otros sectores que los apoyan, que dejaron otra decena de detenidos.

Los incidentes más graves se dieron en Volcán, Chiriquí, donde los manifestantes vandalizaron y quemaron un cuartel de Policía, el tercero que incendian desde el inicio de las protetas. Un vehículo, el cuartel de bomberos y una sede judicial también fueron pasta de las llamas, en unos disturbios donde un policía resulto herido grave, según la Policía.

El conflicto

La etnia Ngöbe Buglé inició el 30 de enero las protestas para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas. Estudiantes y el sindicato de los bananeros han llamado a huelgas indefinidas en el país.

La "diferencia con grupos indígenas no es sobre minería. En eso estamos de acuerdo. La diferencia es que no quieren que haya hidroeléctricas", dijo Martinelli, quien argumenta que no puede prohibirlas porque supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética.

"Respeten los derechos de la Madre Tierra y los recursos hídricos. ¿Quién causa el cambio climático? No es el pueblo panameño, son las trasnacionales a las que sólo les interesan los millones", argumentó la líder indígena Silvia Carrera, quien llamó al gobierno "prepotente" por no dialogar y mandar a la Policía a "matar gente humilde".

"Estamos esperando de parte de ellos la confirmación de la invitación que le ha hecho el gobierno para sentarnos a conversar", comentó el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega.

Los bloqueos de la semana pasada dejaron varadas a cientos de personas, entre ellas turistas y provocaron pérdidas millonarias y desabastecimiento de alimentos.

Los indígenas solicitan que la Iglesia Evangélica, la ONU y el rector de la Universidad de Panamá sean observadores de un diálogo, y que la Iglesia Católica sea la mediadora. Kim Bolduc, representante del sistema de Naciones Unidas en Panamá, propuso al gobierno este lunes una "mesa permanente de diálogo".

Un policía y tres civiles es el saldo provisorio de víctimas fatales por el estallido de un coche-bomba ocurrido en la estación de policía de Villa Rica (Cauca). El otro episodio fue en un hotel de la localidad de Cajamarca

Los primeros balances informaban de al menos cuatro muertos (en un comienzo se dijo que eran cinco) y una quincena de heridos tras un nuevo atentado, esta vez en la estación de policía de Villa Rica. Según confirmaron las autoridades locales a la agencia EFE, las víctimas mortales son el comandante del puesto policial y civiles.

En tanto, una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas por el estallido de una bomba en un hotel de la localidad de Cajamarca (Tolima). El explosivo fue dejado por un hombre que estuvo alojado allí durante tres días y que ya ha sido identificado, informó el secretario de Gobierno del departamento de Tolima, Disraelí Labrador Forero.

El funcionario, quien precisó que la víctima mortal es la cocinera de un restaurante anexo al hotel y los heridos, son huéspedes, responsabilizó por ese atentado a la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Labrador dijo que el establecimiento, conocido como Hotel Nevado, es propiedad de una mujer que no había sido víctima de extorsión o amenazas. Agregó que todo apunta a que la bomba fue activada por guerrilleros del frente 21 de las FARC.

Ésta es la segunda acción terrorista que se atribuye a las FARC en las últimas horas tras el atentado frente a la estación policial de Tumaco, ciudad ribereña del Pacífico, que ha dejado por ahora once muertos y 61 heridos, además de cuantiosos destrozos materiales.

Tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, viajaron a Tumaco para analizar la situación de seguridad.

La bomba, que contenía 50 kilos de explosivo anfo, estaba colocada sobre una bicicleta usada para carga.