La ex congresista, vinculada a las FARC, admitió en una entrevista "que aunque suene trillado, quiere llegar a la presidencia de Colombia". El Gobierno cuestionó el anuncio

De acuerdo a lo publicado en el portal El Tiempo, en una entrevista realizada desde La Habana, Cuba, Piedad Córdoba admitió "la posibilidad de hacer política dentro de la vida jurídica de su país" y, "aunque a alguno le suene cansado, tal vez con la posibilidad de llegar a ser presidenta de Colombia".

"Estoy más convencida que nunca que lo puedo hacer, más convencida de que tengo las capacidades, las posibilidades de que en mi corazón cabe un país al que amo profundamente, por el que sueño profundamente, al que le deseo además lo mejor", añadió.

El gobierno colombiano cuestionó este jueves que algunas personas pretendan utilizar el caso de los secuestrados por las FARC para "posesionarse políticamente y sacarle provecho a un asunto humanitario.

La alusión la hizo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a propósito de la coincidencia de que en el mismo momento en que se comienza a hablar de las liberaciones, haya surgido el tema de la candidatura presidencial de Piedad Córdoba.

Sin mencionar de manera expresa el nombre de la ex senadora, el ministro Pinzón señaló que todo eso forma parte del "show mediático" que no se justifica en medio de un asunto humanitario, como la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, desde hace más de diez años.

El funcionario insistió en que si realmente hay voluntad humanitaria de las FARC para liberar a los secuestrados en su poder, solo tienen que enviar las coordenadas para buscarlos.

El gobierno colombiano no es partidario de involucrar a otros países en este operativo, como lo pide la guerrilla. En el pasado Brasil participó en dos operativos de este tipo donde otros plagiados en poder de las FARC fueron puestos en libertad.

En el comunicado, las FARC pidieron divulgar los protocolos de seguridad para proceder a las liberaciones anunciadas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que se ha avanzado en el borrador del protocolo de seguridad, pero que no ha habido acuerdos para el uso de la logística.

Aunque el Gobierno no descartó de manera radical que la ayuda brasileña, al parecer solo en última instancia podría aceptarse su colaboración.

El presidente salvadoreño designó a un militar retirado como nuevo director de la fuerza. A fines de 2011, el mandatario ya había nombrado a un general al frente del ministerio de Justicia. El crimen organizado jaquea el país

Francisco Ramón Salinas, que para asumir el puesto renunció como viceministro de la Defensa Nacional y pidió su retiro de las Fuerzas Armadas, sustituye al comisionado policial Carlos Ascencio, quien dirigía la corporación desde 2009, cuando Mauricio Funes asumió la presidencia y será asignado a una misión diplomática.

El nombramiento del general Salinas fue criticado de inmediato por el procurador general para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien aseguró que "viola la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz", suscritos entre el Gobierno y el FMLN el 16 de enero de 1992 y que pusieron fin a 12 años de guerra civil. Luna recordó que los Acuerdos de Paz señalan que la policía será apolítica y deberá ser dirigida por civiles.

Funes sostuvo que el nombramiento del general Salinas no se trata de una "militarización" de la policía, y afirmó que al haber pedido su retiro de las Fuerzas Armadas, Salinas es un civil. "Salinas no es ya una autoridad militar, desde el momento que ha solicitado a la Fuerza Armada su retiro. Cuando lo nombro a él director de la policía, pasa a ser una autoridad civil, por lo tanto, la Constitución no se está violando", afirmó.

El mandatario aseguró que "busca profundizar el proceso de mejoramiento institucional a través de mejorar las condiciones en que trabajan los policías y continuar con la depuración de los elementos vinculados al crimen y la corrupción".

En noviembre de 2011, Funes designó como ministro de Justicia y Seguridad Pública al general David Munguía Payés. Desde que el presidente Funes asumió el 1º de junio de 2009, Munguía Payés, hombre de confianza del mandatario, se desempeñó como ministro de la Defensa Nacional, y llegó en sustitución del ex comandante guerrillero Manuel Melgar, quien renunció al cargo.

Munguía Payés asumió el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sin el respaldo del mayoritario partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que llevó al poder a Funes, y algunos sectores han criticado la decisión del mandatario, asegurando que está militarizando la seguridad pública del país.

El salvadoreño busca contener la violencia, particularmente las temidas pandillas, en un país que sufre unos 12 asesinatos a mano armada al día. El 2011 registró 4.353 homicidios, contra 3.987 de 2010.