Las autoridades descubrieron irregularidades en una empresa del Estado que pagó US$ 93 millones por "juicios perdidos". Las partes acordaban acciones en contra de la institución

Por la cantidad defraudada, se está ante "uno de los mayores casos de corrupción" tanto por monto como "por número de implicados" en la red corrupta, informó a los medios una fuente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El Gobierno señaló que hay 60 personas implicadas, entre ellas 18 jueces. La investigación del caso se inició en noviembre de 2008, cuando fueron detectados algunos pagos "fuera de la normalidad" por concepto de 232 juicios perdidos por la CFE en el estado de Sinaloa, en el noreste de México, de los cuales el 97 % no fueron impugnados por omisión de los funcionarios corruptos.

La fuente explicó que la trama consistía en que los jueces, algunos propietarios de tierras y "abogados que se prestaban a no litigar a favor de la CFE" acordaban acciones para defraudar a la CFE, una empresa pública que paga determinadas sumas de dinero a particulares por el paso de las líneas eléctricas por sus tierras.

De 2008 a 2010 la empresa eléctrica mexicana, que monopoliza la distribución de electricidad en el país, presentó 131 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en relación a los hechos.

En 190 casos se ha constatado que se pagaron determinadas sumas a los demandantes, a pesar de que los derechos alegados habían prescrito; en 18 los abogados de la CFE no contestaron a los requerimientos de los jueces y en 180 juicios no se impugnaron desde la CFE las derrotas judiciales.

El miércoles en rueda de prensa, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, declaró sobre el caso que llamaba la atención "el grado de involucramiento entre particulares, jueces y servidores públicos federales" que participaron en la red, además de la cuantía del fraude.

Por el momento están encarceladas tres personas: el juez de Mocorito, estado de Sinaloa, José Raymundo Soto Conde; un representante legal de la CFE, Francisco Rodríguez Retes, y el perito Martín López López, agregó la fuente.

Además, entre los implicados de la CFE hay cinco funcionarios que han sido destituidos y tres más a quienes han sancionado, pero se mantienen en sus puestos. También hay planes para investigar a otros catorce empleados de la empresa eléctrica.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Augusto Santiago Ramírez, consideró tardía la actuación de la SFP en el caso y la detención de tres funcionarios públicos por el fraude, y le pidió "mayor eficacia".

"El secretario (ministro) de la Función Pública actúa en cámara lenta", afirmó a los medios, tras señalar que hace dos años denunciaron el caso y hasta ahora tiene un resultado "bastante mediocre".

El legislador recordó que todos los implicados tienen que ver con el equipo de trabajo de Néstor Moreno Díaz, un ex directivo de la CFE prófugo de la Justicia.

Una escucha teléfonica difundida por Milenio Televisión prueba que el cártel de La Familia presionó a votantes del PRD para que elijan al hombre del PRI en Michoacán. "Si no, les matan a un familiar". Escuche el audio

El noticiero mexicano difundió la reunión en el municipio de Tuzantla organizada por Horacio Morales, "El Perro", operador de "La Familia" en Michoacán. El sicario, oriundo de la zona, convocó a una junta con simpatizantes del PRD para advertir que "si votan por el candidato Javier López Yánez les van a matar a un familiar."

En el audio presentado por Ciro Gómez Leyva, "El Perro" indica que: "Se detectó que Aureoles (por Silvano, el candidato a gobernador del PDR) anda apoyando a Los Caballeros Templarios (banda narco rival)". "Todos tienen que votar abierto por Julián (Rodríguez Rosales, candidato del PRI en ese municipio) y voy a obligar a Julián a que les cumpla todo lo que le van a pedir", insistió. Con estas palabras, "El Perro", además, confirma la connivencia del PRI con la banda narco.

"Nadie sabe por quién van a votar, pero se va a ver. A mí al final de la elección me van a dar una copia de una lista de por quién votaron, esa lista es confidencial y si alguien de aquí vota por el PDR se van a ver en problemas". Por último, lanza una última amenaza: "Si votan por el PRD les van a quemar las casas".

La hermana del presidente Felipe Calderón, Maria Luisa, y Silvano Aureoles, del PDR, denunciaron la intervención del crimen organizado en el triunfo de Fausto Vallejo no bien se conocieron los primeros resultados de las elecciones del 13 de noviembre pasado.

Michoacán es el estado natal de los Calderón y donde el mandatario comenzó la estrategia de combate a los cárteles de las drogas. Hace cinco años, el presidente Calderón arrancó allí su estrategia militar antidrogas, antes de extenderla a gran parte del país con un despliegue de unos 50 mil soldados. En este distrito actúa La Familia, cártel surgido en 2002, y una escisión de éste, autodenominada los Caballeros Templarios. Ambos grupos se caracterizan por su violencia, y en el caso de los últimos, también por una singular mística, ya que se dice portador de una "justicia divina".

Omar Chehade respondió durante tres horas cerca de un centenar de preguntas como parte de las investigaciones por un supuesto tráfico de influencias. El funcionario se retiro sin dar declaraciones

Aunque no se difundió mayor información oficial sobre el interrogatorio, los medios locales señalaron que participó el Fiscal de la Nación (General), José Peláez, junto a integrantes de la Unidad de Investigación de Enriquecimiento Ilícito y de Altos Dignatarios de la fiscalía.

Más de tres horas después, el fiscal Peláez abandonó el lugar sin declarar a la prensa, mientras que el vehículo oficial con el vicepresidente salió minutos después.

Mientras Chehade estuvo en la fiscalía, un grupo de unas cuarenta personas se apostó a la entrada del local para manifestarle su respaldo con lemas como "Chehade honestidad" y "Chehade lealtad".

El pasado martes, la Comisión de Ética del Congreso recomendó que Chehade, quien también es parlamentario, sea suspendido por cuatro meses en su cargo de congresista por existir indicios de que cometió tráfico de influencias.

Según investigaciones periodísticas, Chehade se reunió con altos mandos de la Policía para promover el desalojo ilegal de la azucarera Andahuasi, administrada por los trabajadores, y así beneficiar al grupo Wong, uno de los accionistas en conflicto.

El Congreso decidió abrirle una investigación por una supuesta infracción constitucional y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. La Fiscalía también se encuentra investigando el caso.

El pasado 8 de noviembre Chehade anunció públicamente que había tomado la decisión de "no ejercer las funciones" de su cargo de vicepresidente mientras se realizan las investigaciones en su contra.

El vicepresidente emitió ese comunicado, que no supone renuncia del cargo, dos días después de que el presidente Ollanta Humala le aconsejara "dar un paso al costado". El presidente carece de atribuciones para cesar a cualquiera de sus dos vicepresidentes, elegidos por voto popular junto a él en la denominada "plancha presidencial".

El pasado domingo, Humala señaló en una entrevista que Chehade ya "no pertenece al Ejecutivo", aunque el vicepresidente volvió a apelar al día siguiente a su presunción de inocencia y le pidió al presidente que confiara en él.