Mucho de lo que ocurre en Guatemala en la actualidad pasa por el intento de corregir el rumbo de la justicia y de convertir al Ministerio Público en abanderado de una reforma institucional encaminada a combatir, con eficiencia, al crimen organizado, enquistado desde hace años en los gobiernos locales, y a las mafias políticas que, aliadas con los clanes del narcotráfico, eran las dueñas del aparato estatal. Una de las trincheras de aquella revolución, o del intento de hacerla, fue la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval Alfaro, que a los 33 años se convirtió en 2015 en uno de los agentes fiscales más influyentes del país.

Por el escritorio de Sandoval pasaron algunas de las investigaciones más importantes de la última década, incluidas al menos tres en que el sospechoso no era otro que el presidente de la república, Alejandro Giammattei. Sandoval investigó también a los empresarios más poderosos de Guatemala, hasta entonces intocables, a capos del narcotráfico y los operadores políticos más influyentes. Por un tiempo, él, su equipo y otros operadores de justicia implicados en las reformas gozaron de la protección política que les daba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una especie de fiscalía supranacional que acompañó al MP en investigaciones y querellas complejas. Cuando el aparato de poder, encabezado entonces por el presidente Jimmy Morales -a quien Sandoval también investigó-, expulsó a CICIG empezó en Guatemala el fin de la reforma judicial.

Las acciones y los bonos de Argentina son negociados este jueves con tendencia alcista, en lo que podría definirse en una reacción favorables al paquete de medidas para desregular la economía que presentó anoche el presidente Javier Milei, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El decreto con el cual modifica o deroga más de 300 normas, entre estas las leyes de alquileres y la de abastecimiento, y el régimen laboral. “Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las que están contempladas en el decreto. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país”, dijo Milei en cadena nacional.

Las críticas vienen de lejos, incluso de la época de la dictadura militar, que no abolió el Supremo Tribunal Federal (STF), sino que lo utilizó como instrumento de poder. El entonces presidente del STF, Ribeiro da Costa, apoyó el golpe de Estado de 1964 y sólo después de años de denuncias de torturas y detenciones intentó oponerse, pero ya era demasiado tarde.

La dictadura militar brasileña duró 31 años, hasta 1985 y en 1988 fue promulgada la actual Constitución de Brasil. 35 años después, el órgano que es el guardián de la Magna Carta vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de la era Bolsonaro, en la que el ex presidente atacó repetidamente al STF, acusándolo de “interferir” en su gobierno, pero también disfrutando de sus decisiones, como la suspensión de la investigación contra su hijo Flavio.