El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, aportó este lunes nuevos mensajes telefónicos a la investigación de la Fiscalía sobre la polémica acta bilateral con Brasilde compra de energía a la represa de Itaipú, compartida por ambos países, según los fiscales que le tomaron declaración.

Velázquez compareció durante más de seis horas ante los fiscales que se personaron en la sede de la Vicepresidencia, en Asunción, para continuar con las pesquisas sobre la firma de ese documento, que causó una crisis política en el Gobierno, después de que la oposición tachara ese documento y la actitud del Gobierno de entreguista ante el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

El fiscal Marcelo Pecci relató algunos de los puntos de la comparecencia del vicepresidente, entre los que destacó que puso sus teléfonos a disposición del Ministerio Público y reconoció que por su cargo suele recibir a "representantes de empresas", algunas interesadas en comprar energía.

Asimismo, Velázquez afirmó que conocía al abogado José Rodríguez, un joven de 27 años que intervino en las negociaciones del acta con Brasil, supuestamente en representación del vicepresidente.

"Manifestó que lo conoce en función de que el mismo es activista de un movimiento político (Colorado Añetete) del que forma parte el señor vicepresidente y reconoció que en una ocasión se presentó como abogado junto a representante del Grupo Leros (de Brasil) a los efectos de hacer notar el interés de esa empresa en adquirir energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)", detalló el fiscal Pecci.

Sin embargo, Velázquez aseguró en su declaración que tras ese encuentro con miembros del Grupo Leros, que los medios locales vinculan con la familia de Bolsonaro, derivó la cuestión al entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, para que estudiara "la viabilidad", según el relato del fiscal Pecci.

Tanto Pecci, como las otras fiscales que acudieron a tomar declaración al número dos del Ejecutivo, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz, se refirieron a la "contraposición" que existe entre las declaraciones de Ferreira y las de Velázquez.

La renuncia de Ferreira a su cargo en la ANDE a finales de julio fue la que destapó la existencia de esta acta, que fue firmada por ambos países en mayo y en la que se establecía un cronograma de compra de energía hasta 2022.

Velázquez "exhibió y puso a disposición sus teléfonos celulares, a los efectos de que los agentes fiscales aquí presentes verifiquen el contenido y los mensajes existentes entre el señor vicepresidente y el ingeniero Pedro Ferreira, donde constatamos la existencia de varios de ellos que no habían sido presentados en la oportunidad por Pedro Ferreira", agregó el fiscal.

La Fiscalía trabajará ahora en "verificar mensaje por mensaje y ponerlos en el contexto" para avanzar en la investigación, en la que también se cuenta con la versión del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien el domingo prestó declaración durante cerca de siete horas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga.

Al igual que Velázquez, el presidente también puso a disposición de los fiscales su teléfono móvil para que verifiquen sus mensajes con Ferreira.

La aparición del documento firmado con Brasil desató una crisis política en el Gobierno de Abdo Benítez, apenas unas semanas antes de cumplir un año en el cargo.

La crispación generada y las amenazas de juicio político desde la oposición obligaron al mandatario a anular el acta y a aceptar las renuncias de cinco altos cargos, entre ellos, el ya ex canciller Luis Alberto Castiglioni, quien este lunes también solicitó comparecer ante la Fiscalía.

La unidad entre las dos facciones del Partido Colorado, Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), y Colorado Añetete, de Abdo Benítez, lograron bloquear el juicio político por falta de votos, pero la oposición mantiene las movilizaciones en las calles.

Además, el Congreso conformó una Comisión Bicameral de Investigación para analizar el acta y las circunstancias en las que se firmó.

Con información de INFOBAE/EFE

Vázquez juró ante las banderas de Estados Unidos y de Puerto Rico y luego posó para las cámaras, sin ofrecer declaraciones.

"Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero", había escrito previamente en un comunicado.

Poco antes, en una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había decidido que la juramentación la semana pasada del abogado Pedro Pierluisi como gobernador había sido inconstitucional.

Pierluisi "no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta Opinión y Sentencia sea efectiva" el miércoles a las 17:00, hora local (21:00 GMT), expresó el dictamen de la corte.

Vázquez, que era la próxima en la línea de sucesión, había hecho público su desinterés en convertirse en gobernadora, pero confirmó poco después de conocerse el fallo judicial que acataría lo dispuesto por la ley.

Por su parte, Pierluisi abandonó la casa de gobierno en la capital, San Juan, llamando a la unión de los puertorriqueños y a "dejar atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas".

Pierluisi había asumido como gobernador el viernes pasado luego de ser nombrado a última hora por parte de Ricardo Rosselló, quien ese mismo día estaba abandonando el cargo de gobernador en medio de escándalos de corrupción y una polémica generada al divulgarse fragmentos de chat comprometedores.

Pero el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado no había sido aprobado por el Senado, que en ese momento estaba en receso.

Rosselló se saltó esta prerrogativa amparándose en una enmienda de 2005 de una ley de 1952, con lo cual Pierluisi asumió el cargo.

"Cuando asumí el cargo de Gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento, pues las leyes se presumen constitucionales y, por ende, válidas", aclaró Pierluisi.

Los tres pertenecen al Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.

"El Senado hizo lo correcto"

Al sesionar esta semana, el Senado dejó la decisión sobre la cuestionada gobernación de Pierluisi en manos del Tribunal Supremo.

Jennifer González, la congresista en Washington por Puerto Rico, comentó en un comunicado que "el Senado hizo lo correcto al poner a un lado el debate político y partidario para que el Tribunal Supremo tomara la decisión siguiendo la Constitución".

Rosselló enfrentó multitudinarias manifestaciones debido a la filtración el 13 de julio de un chat de la aplicación Telegram en el que él y otros hombres de su entorno compartían mensajes considerados homófobos, misóginos y también ofensivos hacia las víctimas de los huracanes de 2017.

Unos días antes, seis funcionarios de gobierno habían sido acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de la isla por los efectos de los huracanes Irma y María.

Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal y se había declarado en bancarrota en mayo de 2017, con una deuda de 70.000 millones de dólares.

De 3,2 millones de habitantes, Puerto Rico es un territorio estadounidense en el Caribe, con estatuto de Estado asociado y tiene un delegado con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes.

Con información de INFOBAE/AFP