El Gobierno colombiano y las FARC se reunieron para tratar “asuntos varios” relativos a la aplicación del acuerdo de paz firmado la víspera en Cartagena de Indias, que debe llevar a la dejación de armas y desmovilización de ese grupo guerrillero.

Después de la histórica firma del acuerdo protagonizada este lunes por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el número uno de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko“, las partes deben iniciar el periodo de 180 días que debe concluir con el cierre definitivo del conflicto.

Según el acuerdo del punto de “Fin del conflicto”, el período de 180 días durante los cuales las FARC se desplazarán con sus armas desde sus campamentos hasta a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) donde las entregarán a una misión internacional liderada por la ONU, debe comenzar al día siguiente del “Día D”, que fue ayer con la firma de la paz.

Sin embargo, las FARC plantearon en los últimos meses que su desplazamiento hacia esas zonas solo puede hacerse después de que el Congreso apruebe la ley de amnistía para no correr riesgos de que quienes tienen órdenes de captura vigentes sean detenidos en la fase de entrega de armas.

“El ‘Día D’ fue ayer, lo primero que debe ocurrir es de nuestro lado: la disposición de las tropas del Gobierno en forma que permita la movilización de las FARC hacia las zonas de normalización y proteja ese tránsito, eso debe ocurrir ya”, dijo hoy el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, a Blu Radio.

Eso significa que los primeros pasos debe darlos el Gobierno, según el calendario para la dejación de armas, y mientras eso sucede se puede avanzar en la aprobación de la ley de amnistía, que no será general sino para delitos menos graves, como rebelión y sus conexos, que debe beneficiar principalmente a los guerrilleros rasos.

Antes de ese trámite se celebrará, el próximo 2 de octubre, el plebiscito en el cual los colombianos se pronunciarán sobre si apoyan o no el acuerdo firmado ayer.

“El Congreso tiene una voluntad de implementar los acuerdos y más aún si el plebiscito dice ‘sí’ (…) y el más rápido de todos va a ser el de la ley de amnistía”, dijo en una entrevista con Efe el presidente del Senado,Mauricio Lizcano.

El senador Lizcano aseguró: “en 15 días o 20 días podemos aprobar la ley de amnistía en el Congreso, máximo un mes, con mucha discusión” gracias a un mecanismo de “fast track” (vía rápida) porque el proyecto de la citada ley es un anexo del acuerdo.

Mientras eso sucede, el Gobierno avanza en otros frentes para comenzar la aplicación del acuerdo y que en seis meses las FARC hayan dejado las ramas y se hayan desmovilizado para convertirse luego en un partido político.

Uno de los objetivos es evitar que los territorios en los que durante décadas han operado las FARC sean ocupados por otros grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales sucesoras de los paramilitares.

Con ese propósito, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, firmaron en Cartagena la ampliación de la vigencia del mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).

De esta manera, la MAPP/OEA vigilará los desafíos, riesgos y amenazas para la paz en el posconflicto.

“Lo que queremos es ir más allá, queremos que nos ayude a estar presente en esos lugares que las FARC van a dejar, ahí es donde necesitamos que la MAPP nos acompañe”, manifestó la ministra en la firma del documento.

Holguín además entregó hoy a Suiza, país depositario de las Convenciones de Ginebra, un ejemplar del acuerdo firmado este lunes con las FARC para cumplir con los compromisos adquiridos en la negociación, en la cual el apoyo de la comunidad internacional fue determinante para dar consistencia al proceso.

La entrega la hizo la ministra en una reunión que mantuvo con el secretario de Estado del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Yves Rossier, celebrada también en Cartagena, convertida estos días por obra de la paz en la capital de la diplomacia colombiana.

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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, alcanzó en septiembre una popularidad de 62 % entre los peruanos, dos puntos más que en el pasado agosto, según un sondeo.

La encuesta aparecida en el diario La República reflejó que la desaprobación de Kuczynski se situó en 17 % en septiembre, tres puntos más que en agosto, pero doce puntos menos que en el momento que inició su mandato el 28 de julio.

El sondeo destacó además que la valoración del mandatario peruano aumentó a su vez doce puntos desde que asumió el cargo, cuando su aprobación estaba en 50 %.

El sur de Perú es la zona del país donde Kuczynski registró la mayor popularidad, al llegar hasta el 70 %, seguido de Lima, con 65 %.

El sondeo resaltó además que la aprobación de Kuczynski entre las personas que lo votaron en las elecciones del pasado mes de junio fue de 85 %, en contraposición al 45 % que obtuvo entre los votantes de Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Sin embargo, 57 % de los encuestados se mostró en desacuerdo con las últimas declaraciones del presidente peruano a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo.

El sondeo se realizó entre el 17 y 20 de septiembre a 1.249 adultos de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito urbano y rural, con un nivel de representatividad de 65 %, un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

INFOLATAM

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que el Congreso de su país “se ha equivocado de enemigo”, después de que una comisión parlamentaria denegase la petición de delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en aspectos económicos y otros temas considerados urgentes.

“Eso es una reforma económica, el impacto presupuestario es nulo. Yo creo que aquí se han equivocado de enemigo. El verdadero enemigo del Perú es la informalidad, que nos está matando el paso a la modernidad”, declaró Kuczynski al Canal N de televisión desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU.

El gobernante enfatizó que el paquete de medidas enviado por el Ejecutivo no impactará en el presupuesto estatal del próximo año, al contrario de lo que indicó la congresista fujimorista Cecilia Chacón al justificar la decisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Chacón, que preside esa comisión, había asegurado que la petición del Gobierno incluye un cambio en el marco macroeconómico multianual del 2017 que, según dijo, “obviamente tiene injerencia en el presupuesto” que se discute actualmente en el legislativo.

Kuczynski señaló que el tema aún debe ser visto por “otras comisiones importantes también” y remarcó que su intención es “seguir adelante con un plan de reformas que todo el mundo está mirando.”

“Yo por eso sigo insistiendo”, añadió antes de recordar que el Congreso “le extendió facultades al presidente (Ollanta) Humala mucho más amplias” de las que él está pidiendo, por lo que consideró que “es el deber del Congreso gobernar con responsabilidad”.

Kuczynski anunció, sin embargo, que si no obtiene las facultades legislativas solicitadas ejecutará otra estrategia.

“El plan B son reformas menores y nos estamos disparando al pie. Perú, poder legislativo, despiértate, eso es lo que yo les diría”, enfatizó.

El Ejecutivo peruano solicitó hace dos semanas al Congreso facultades para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de la petrolera estatal Petroperú.

Además de la decisión de la comisión de Presupuesto, el martes la comisión de Justicia del Congreso, que está dominado por el fujimorismo, con 72 de los 130 escaños, también rechazó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encarga de detectar actividades ligadas al lavado de activos.

La decisión, adoptada con los votos de los parlamentarios fujimoristas, motivó críticas contra Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, que en la pasada campaña electoral prometió el apoyo total al fortalecimiento de la UIF.

INFOLATAM/EFE