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Alcaldesa de Santiago hace mea culpa por financiación ilegal cuando presidió partido |
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Jueves, 19 de Mayo de 2016 11:33 |
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La alcaldesa de Santiago de Chile, Carolina Tohá, admitió su responsabilidad política en la financiación irregular de su partido cuando lo presidía entre 2011 y 2012, pero insistió en su propósito de buscar la reelección en los comicios del próximo octubre.
Según se desveló esta semana, el socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD) recibió durante su gestión como presidenta al menos 27 millones de pesos (unos 40.000 dólares) de parte de la minera no metálica SQM, a través de pagos por supuestos servicios realizados por “Chile Ambiente”, una corporación ecologista que operaba al interior de la colectividad dirigida por Patricio Rodrigo.
SQM, involucrada en numerosos casos de financiación ilegal de campañas políticas a dirigentes de todos los colores, era controlada por Julio Ponce Lerou, un exyerno de Pinochet.
Carolina Tohá, favorita para ganar un nuevo período como alcaldesa, es hija de José Tohá, un dirigente socialista que fue ministro de Defensa de Salvador Allende, asesinado por la dictadura.
“Me siento tranquila porque no he tenido participación en temas fuera de la ley, pero en lo político tengo una responsabilidad”, afirmó hoy Toha en una entrevista con la radio ADN.
Agregó que todos los que han declarado en el caso han coincidido en que ella, pese a ser la presidenta del partido, no tuvo participación en las irregularidades.
“No participé, ni fui informada (…), era presidenta del PPD en ese momento, y como tal asumo la responsabilidad de las cosas que sucedieron (…). Es importante que todos los actores políticos asumamos la responsabilidad de que actuamos en una forma de financiación que no era sana”.
“No hay ninguna acción o participación personal mía que sea ilegal”, remarcó.
Según las investigaciones de la Fiscalía, la Corporación “Chile Ambiente” fue creada por Luis Matte, tesorero del PPD, que según afirmó hoy Tohá, “actuó bajo las “atribuciones de su cargo”.
“El tesorero actuó y buscó formas de financiar el partido, lo hizo en el ámbito de sus competencias, pero no diría que lo hizo escondido, tratando de engañar a la directiva, en lo más mínimo”, afirmó.
Subrayó que no tiene “ganas de bajar la candidatura a la reelección”, y agregó que el problema está en financiar la política a través de aportes de empresas.
“El problema no lo van a resolver las sentencias penales, es un cambio en el mundo político (…). “La posibilidad de financiar y darle sustento a la política debiera depender de los ciudadanos de a pie”, puntualizó.
La financiación de campañas electorales desde empresas ha convulsionado a la política chilena desde el año pasado, y numerosos dirigentes, parlamentarios o excandidatos han sido condenados o están imputados o investigados por sobornos.
Los recursos provenían principalmente de Penta, un poderoso banco de inversiones y de SQM, la mayor productora mundial de abonos químicos y litio, que tienen a varios altos ejecutivos sentados también en el banquillo, acusados de cohecho.
Los pagos se disfrazaban de servicios que nunca fueron prestados y se justificaban con boletas falsas, que adicionalmente eran usadas por las empresas para rebajar impuestos.
La situación de Carolina Tohá ha desatado reacciones incluso en la oficialista coalición Nueva Mayoría, donde han surgido voces planteando la conveniencia de que dé un paso al costado con su candidatura.
“Yo he sido candidata con el apoyo de toda mi coalición y prácticamente hasta ahora sin contrapesos en la derecha (oposición). “Estos antecedentes se conocieron con anticipación y me sorprende que sean motivo de tanto debate justo ahora que se acercan las elecciones”, argumentó.
“Yo quisiera proyectar el trabajo que estamos haciendo en Santiago, pero no hago política en solitario, lo trabajo con un equipo, una coalición”, añadió y consideró que “si llega a haber una situación complicada que amenazara esa candidatura voy a ser la primera en darme cuenta, no voy a necesitar que nadie me mande mensajes por ningún lado”.
INFOLATAM |
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Colombia: Gobierno y FARC avanzan en fórmula de seguridad jurídica del acuerdo de paz |
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Lunes, 09 de Mayo de 2016 11:59 |
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Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de lasFARC debaten actualmente en La Habana fórmulas para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica del futuro acuerdo final de paz, un asunto que está siendo objeto de cierta controversia en el país suramericano.
El acuerdo sobre ese punto sería anunciado este mes. “Esa es la idea”, según informa el diario colombiano “El Tiempo”.
Como se trata, en los hechos, del pacto que marca el fin de la guerra, lo que les quedaría a las partes por negociar es el sexto y último punto de la agenda: implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, en el que entra el mecanismo para blindar jurídicamente todo lo convenido en La Habana.
Este debate en Mesa de La Habana tienen lugar en medio de una polémica en Colombia ante una demanda, admitida por la Corte Constitucional, que busca darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz, para blindarlo ante posibles cambios de gobierno.
La guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es partidaria de convertir el futuro pacto de paz en un “acuerdo especial”, que le daría la categoría de tratado internacional; mientras que los negociadores del Gobierno creen que primero debe cerrarse el acuerdo de paz.
Ese acuerdo especial es “el recurso más eficaz en manos de la Mesa (de conversaciones) para asegurar jurídicamente el eventual acuerdo de paz y el camino más corto para lograrlo”, afirmó en La Habana el jefe negociador de las FARC, “Iván Márquez” (alias de Luciano Marín).
La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda presentada el pasado 28 de marzo por el exfiscal general Eduardo Montealegre para darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz.
Al pronunciarse sobre la demanda, la Corte Constitucional invitó a distintos sectores del país a pronunciarse por escrito sobre la querella presentada por Montealegre, a lo que el Gobierno respondió que sería inconveniente que los negociadores de las FARC acudan ante esta Corte a expresar su opinión mientras no dejen las armas.
“¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional?”, señaló “Márquez”.
“En lo que sí estamos de acuerdo es con la afirmación en cuanto a que los ‘acuerdos se discuten en la mesa’. Entonces pongámosle punto final a las iniciativas unilaterales surgidas fuera de ella. Regresemos a la agenda”, pidieron los insurgentes.
Desde la delegación del gobierno se pronunció esta semana mediante un comunicado el jefe negociador,Humberto de La Calle, quien afirmó que ambas partes coinciden en la necesidad de que, cuando se alcance el acuerdo definitivo de paz, éste sea “estable y vinculante”.
“Este es un tema que está siendo discutido y que la Delegación del Gobierno no ha cerrado la puerta en relación con esa discusión”, afirmó De la Calle.
Según los negociadores del Gobierno, “anticipar judicialmente esta discusión es un error”, porque “los acuerdos se discuten en la Mesa” y la “valoración política y jurídica” de lo pactado de ser “completa e integral”.
“Provocar una decisión ahora, de carácter judicial, sobre la naturaleza hipotética de un acuerdo humanitario en relación con el ya suscrito Acuerdo General, buscar una solución de esa naturaleza en la Corte Constitucional, puede terminar predeterminando decisiones sobre el Acuerdo Final, el cual aún no existe”, indicó.
De la Calle enfatizó en que “la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución” y que “lo conveniente” es que el presidente colombiano sea el responsable de las negociaciones.
Ambas partes culminaron hoy un ciclo más en sus conversaciones de paz, que reanudarán el próximo miércoles 11 de mayo, tras el regreso a La Habana de la delegación del Gobierno colombiano un día antes.
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Justicia argentina investiga a ex presidenta Fernández por acusaciones de corrupción |
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Miércoles, 04 de Mayo de 2016 11:23 |
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La Justicia de Argentina empezó a investigar por sospechas de enriquecimiento ilícito a la ex presidentaCristina Fernández, quien dejó el poder en diciembre, dijo el lunes la agencia estatal Télam, que citó fuentes judiciales que no identificó.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el Poder Judicial ha acelerado las causas por sospechas de corrupción durante el gobierno de Fernández, entre 2007 y 2015, y el de su difunto esposo y predecesor,Néstor Kirchner.
La expresidenta ya está imputada por posible lavado de dinero, en una pesquisa que involucra a ex funcionarios y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos bajo su gobierno. Fernández ha rechazado las acusaciones, las que considera una campaña de hostigamiento en su contra.
La nueva denuncia impulsada por el fiscal federalCarlos Rívolo se refiere a una sociedad llamada Los Sauces, en la que también participan los hijos de Fernández.
“En el 2007 y 2008, la empresa no distribuye utilidades ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones. Al año siguiente, 2009, sin haber operado los años anteriores, las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos”, según la denuncia presentada por una diputada de la oposición.
Una portavoz de la Procuración General de la Nación dijo que el juez había dictado el secreto de sumario en la causa y que no tenía información sobre el caso.
Hace dos semanas, Fernández declaró ante el juez federal Claudio Bonadío, que investiga operaciones de venta de futuros de dólar del Banco Central el año pasado que causaron cuantiosas pérdidas a la entidad tras una fuerte devaluación del peso local.
A principios de abril, un ex secretario de Transporte condenado por diversos episodios de corrupción fue encarcelado en el marco de una causa por irregularidades en millonarias compras de trenes a España y Portugal.
INFOLATAM |
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A menos de un mes de la segunda vuelta, Fujimori y Kuczynski siguen empatados |
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Viernes, 13 de Mayo de 2016 12:02 |
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A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial en Perú, los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski siguen empatados con un 50 %, de acuerdo al último simulacro de votación publicado en Lima.
La empresa Datum Internacional realizó un simulacro de votación en el que ambos candidatos tienen 42,3 % del total de votos emitidos, y se registra un 9,9 % de votos blancos y 5,5 % de voto viciado.
Si se tiene en cuenta el total de votos válidos, los candidatos de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio se reparten la votación con un 50 % para cada uno, de acuerdo al estudio publicado por el diario Gestión.
Al consultar la intención de voto de los electores, Fujimori alcanza un 41,9 %, mientras que Kuczynski un 41,6 %, el voto blanco y viciado tiene 12,2 % y los indecisos 4,3 %.
Asimismo, un 44 % considera que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ganará las elecciones, frente a un 42 % que piensa que lo hará el exministro de Economía del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
En el análisis de la encuesta se confirmó que Fujimori tiene su votación más baja en el sur del país (29,1 %), razón por la cual la candidata inició este miércoles una extensa gira por esa zona del país, mientras que Kuczynski debería buscar más votos en el norte, donde tiene 34,8 % de apoyo.
El simulacro y encuesta de Datum fue aplicado entre el 6 y 10 de mayo a una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %. |
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Brasil: Rousseff le tiende la mano a sus bases ante amenaza del juicio político |
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Lunes, 02 de Mayo de 2016 12:14 |
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La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, dio un nuevo impulso a los programas sociales en un intento de tender la mano a sus bases, a las que quiere reactivar de cara a la eventual apertura de un proceso de destitución en su contra y la posible llegada al poder del vicepresidente Michel Temer.
Con motivo del Día de los Trabajadores, Rousseff anunció un reajuste del 9 % en la asignación del Bolsa Familia, el programa bandera del Gobierno de combate al hambre, y un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficia a los asalariados.
En la que podría ser la recta final de su mandato, la jefa de Estado ha intensificado el contacto con los grupos de izquierda y deberá anunciar a lo largo de la semana más medidas de carácter social, una especie de “paquete de bondades” con el que pretende recuperar el respaldo de sindicatos, movimientos sociales y las propias bases del Partido de los Trabajadores (PT).
Estos grupos están desencantados con Rousseff por el escándalo de corrupción que ha salpicado al PT, por las medidas de austeridad propuestas por la presidenta para sanear las cuentas y por la grave crisis económica que vive el país, la cual ha provocado un alza del desempleo y un aumento de la inflación.
Esas cuestiones se colaron hoy en el Día de los Trabajadores, que contó con manifestaciones en todo el país, tanto a favor de Rousseff como en contra.
El PT, por su parte, ha comenzado una movilización de cara a una eventual gestión de Temer, quien sucedería a Rousseff si esta finalmente es apartada de su cargo, y ha intensificado el mensaje de que un juicio político es un “golpe” de Estado porque la mandataria no cometió ningún “crimen de responsabilidades”.
“Es un golpe especial, no es golpe con armas y tanques en las calles, como ya vimos. Ellos rasgan la Constitución”, aseguró hoy Rousseff en Sao Paulo durante el acto organizado por la Central Única de los Trabajadores (CUT), el mayor gremio obrero del país.
La mandataria volvió a criticar duramente al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, y dijo que la oposición se alineó con los traidores, en referencia a Temer, para realizar unas “elecciones indirectas”.
No obstante, la jefa de Estado advirtió que “resistirá y luchará hasta el final”, como, según recordó, hizo durante la dictadura, época en la que pasó casi tres años presa y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.
“Es una lucha por la resistencia, contra la pérdida de derechos, una lucha a favor de las conquistas sociales, una lucha por la democracia”, dijo Rousseff.
La jefa de Estado alertó de que si Temer llega al poder las conquistas de los trabajadores serán recortadas y posicionó al PT como la única formación capaz de mantener los avances sociales, como el Bolsa Familia.
El programa contra el hambre fue creado por el Gobierno de su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien hoy se ausentó del acto debido a una fuerte ronquera que sufre desde hace semanas.
El Bolsa Familia concede subsidios de unos 164 reales (unos 48,2 dólares) mensuales de media a cerca de 14 millones de familias pobres, según datos del Gobierno.
“Quieren acabar con una parte del Bolsa Familia”, señaló Rousseff.
La presidenta lanzó el reajuste del programa contra el hambre a pesar de la oposición de su equipo económico, que en el último año ha lanzado impopulares medidas de austeridad para sanear las cuentas y que generaron críticas dentro del propio PT.
Rousseff aseguró que la medida ya estaba prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso en 2015 y que, por tanto, no repercutirá en el rumbo de las cuentas públicas.
INFOLATAM
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Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 12:21 |
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