Causa extrañeza la nota emitida por la secretaria general de la CEPAL, en la cual manifiesta una “honda preocupación” por los acontecimientos políticos en Brasil y declara ver amenazada la estabilidad democrática del país.

No hay duda de que Brasil está pasando por un período delicado de su historia, en medio de una acumulación de denuncias, indicios y pruebas de que gran parte del sistema político, en particular la coalición de partidos que gobernó el país en los últimos catorce años, está comprometida en las tramas de corrupción que se apoderaron de las agencias y empresas estatales, en particular de Petrobras. De ahí a afirmar que la democracia brasileña corre riesgo hay una gran distancia.

Amenazado, sí, está el gobierno que estuvo al mando de la corrupción sistémática en todo el país. Amenazado por un proceso de impeachment que sigue las disposiciones de la Constitución y las normas específicas establecidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2015. El mismo gobierno también está amenazado por una acción para impugnar las elecciones de 2014, en trámite en el Tribunal Supremo Electoral, basada en una denuncia, sobre la que se acumulan cada vez más pruebas de que el dinero desviado de Petrobras habría financiado la campaña de la presidente y de su vicepresidente.

El pedido de impeachment está firmado por dos de los abogados más eminentes de Brasil, figuras de credenciales democráticas impecables, y acusa a la presidente de haber cometido un crimen de responsabilidad al quebrantar la ley de presupuestos, en los episodios de las “pedaladas fiscales”.  Se puede argumentar que los hechos denunciados no tipifican un crimen de responsabilidad imputable a la presidente, pero el argumento que subyace el pedido de impeachmente tiene solidez jurídica.

Para ser aprobado, el impeachment tendrá que pasar el escrutinio de la Cámara, donde son necesarios 2/3 de los votos, y por el Senado. En ese caso, la presidente Dilma sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer. En el caso de que se aprobaran las acciones de impugnación de la lista elegida en 2014, esto daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones. Si se aprueban antes del 31/12/2016, las elecciones serían directas. Después de esa fecha, que marca la mitad del período presidencial, el nuevo presidente sería elegido por el Congreso y permanecería en el cargo hasta el 01/01/2019. Todo conforme a la legislación vigente.

Por lo tanto, la preocupación por la democracia brasileña está fuera de lugar, sobre todo cuando quien habla de ello es la secretaria general de una organización perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, de quien se espera imparcialidad y serenidad para emitir opiniones sobre la situación política de los países miembros.

Los avances realizados en Brasil en las últimas décadas son producto de los sucesivos gobiernos y diferentes actores políticos, no de hombres providenciales o agrupaciones políticas iluminadas. En el ámbito institucional, se destaca el desarrollo de mecanismos de control horizontal del Estado, sus agentes y su relación con el sector privado, que se han mostrado eficaces en el desmantelamiento de la mayor trama de corrupción que se haya registrado en la historia de Brasil.

Los gobiernos controlados por el PT no inventaron la corrupción en el país, pero la organizaron en una escala que amenazaba con convertir a Brasil en una democracia de fachada, donde continuarían celebrándose elecciones periódicas, pero donde la alternancia real del poder se convertiría en una remota posibilidad.

Las investigaciones en curso ya han llevado a la condena de unos cincuenta acusados, entre ellos connotados empresarios y políticos, y ahora llegan a su punto culminante, dejando al descubierto las profundas relaciones de complicidad entre las grandes constructoras y la cúpula del PT. Sobre el expresidente Lula pesan sospechas de ser el principal instigador y beneficiario de la trama de corrupción que se investiga.

En apoyo a la denominada operación “Lava Jato”, más de 6 millones de brasileños tomaron las calles y plazas en todos los estados el pasado 13 de marzo. Acorralado, el gobierno decidió nombrar Ministro de Gobierno al expresidente Lula, en lo que la mayoría interpretó como una estratagema para apartarlo de la mira del juez Sergio Moro, que dirige la investigación en primera instancia. Además de ponerlo bajo la jurisdicción exclusiva de la Corte Suprema Federal, beneficiándose con el llamado “foro especial“,la nominación de Lula tiene como objetivo facilitar su trabajo de articulación política para detener el impeachment de la presidente.

La decisión de la presidente Dilma llevó a la exasperación de los ánimos, sobre todo después de que el juez Sergio Moro suspendió la confidencialidad de las escuchas telefónicas, hechas con la debida autorización judicial, en las  que el expresidente aparece operando entre bastidores para montar una ofensiva contra la operación “Lava Jato”, en el Congreso y junto a los tribunales. Las escuchas telefónicas incluyen una conversación entre el ex  y la actual presidente, un hecho que ha generado controversia jurídica, porque la ley requiere la autorización de la Corte Suprema para interceptar telefónicamente al jefe de Estado. El juezMoro sostiene que la presidente Dilma aparece incidentalmente. El gobierno vio un “atentado a la soberanía nacional”.

Ante los hechos y la agitación, la Corte Suprema actuó con moderación. Por un lado, condenó enérgicamente “mentes autocráticas” que se presumen por encima de las instituciones y de la ley, en un claro mensaje a Lula. Por otro, se pidió al juez Moro que remitiese a la Corte Suprema toda la documentación relativa a las investigaciones contra el expresidente, poniendo fin a los temores de que ese juez llegara a ordenar inmediatamente la detención del dirigente del PT e indicando su desacuerdo con la decisión de la juez de no excluir la conversación con la presidenta Dilma de las grabaciones a las que se dio publicidad.

Dejando las pasiones a un lado, la crisis que atraviesa el país es una oportunidad histórica para que el imperio de la ley eche raíces en tierras brasileñas. Habrá ganadores y perdedores circunstanciales en este proceso. Pero si se aprovecha la oportunidad, la democracia saldrá fortalecida en Brasil, amparada en normas de conducta más republicanas. Eso es lo que debe interesar a los brasileños y latinoamericanos.

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Cepal apoya a Rousseff y alerta de amenazas a la democracia brasileña

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que en su país se espera un importante flujo inversor desde EE.UU. tras la visita que el mandatario estadounidense, Barack Obama, realizó esta semana a la nación suramericana.

Macri destacó además el impacto positivo que el viaje de Obama supondrá para Argentina y la sintonía de “ideas” alcanzada con el mandatario estadounidense.

“La comunión de ideas con Obama ha sido increíble”, aseguró Macri, quien calificó la visita como “muy positiva” y destacó que Obama “quedó fascinado con Argentina”.

En declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires, el mandatario argentino, al frente de la Presidencia desde diciembre pasado, dijo que ambos países trabajarán para incrementar el comercio bilateral.

Además afirmó que hay muchos productos argentinos, principalmente agroindustriales, que tienen oportunidad de rápidamente ingresar al mercado estadounidense.

Según Macri, en los próximos años Argentina va a tener una “corriente inversión muy grande” procedente de Estados Unidos, particularmente en hidrocarburos, minería, petroquímica, turismo, software y energías renovables.

“Se viene una enorme corriente de inversión de Estados Unidos”, vaticinó.

Macri, quien se reunió formalmente el miércoles con Obama en Buenos Aires y este jueves volvió a tener un contacto informal con él en la sureña ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, destacó el “carisma personal” del mandatario estadounidense.

“No imaginé que iba a ser tan elogioso de lo que hicimos en estos primeros cien días de gobierno. Fue muy halagador y alentador, diciéndonos que vamos muy bien, que quiere que Argentina salga de la recesión económica y que hará todo lo posible para ayudarnos. Con su liderazgo, esto abre puertas en todos lados”, sostuvo.

Según Macri, los Estados Unidos “esperan que esta idea de los intercambios responsables, serios y de mutuo beneficio” en materia de relaciones internacionales “ilumine a toda la región” suramericana.

Por otra parte, Macri destacó el “paso adelante” que ha dado Obama con su histórica visita a Cuba, país que el mandatario argentino dijo que desea visitar.

“Yo creo que finalmente vamos a tener la oportunidad de ir a Cuba y seguir ayudando a dinamizar este proceso de apertura en Cuba”, aseveró.

Por último, Macri dijo que Obama quedó “muy contento” e “impactado” con los sitios que visitó este jueves en Bariloche, uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina.

“Yo me quiero quedar, este lugar es un paraíso”, comentó la primera dama estadounidense, Michelle Obama, según reveló hoy Macri, quien confirmó que la familia Obama regresará en febrero de 2017 a Argentina para pasar unos días de vacaciones.

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nk/nrp

La Cámara Nacional del Crimen de Argentina dispuso que la causa que investiga la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman sea tramitada en el fuero federal, con competencia en todo el país, aunque esta decisión podrá recibir un recurso de casación, informaron a Efe fuentes oficiales.

Ya el pasado viernes se celebró una audiencia con todas las partes, luego de que la jueza de instrucción, Fabiana Palmaghini, se declarara incompetente para continuar al frente de la investigación al entender que el caso debía pasar al fuero federal, determinación que fue apelada por Diego Lagomarsino, imputado por prestar a Nisman el arma que acabó con su vida.

“Confirmó (la Cámara) la incompetencia porque dice que no se puede descartar que haya sido un homicidio y ordenó sacar testimonios para que se investigue la conducta del juez de campo y de la fiscal (Viviana) Fein”, dijo a Efe Federico Casal, uno de los abogados de las hijas de Nisman.

La decisión de Palmaghini se situaba en línea con lo que vienen pidiendo las dos querellas -encabezadas por Sara Garfunkel, madre del fiscal, y por las hijas-, que al sostener que el deceso fue producto de un homicidio relacionado con el trabajo de Nisman, que era un funcionario federal, debía ser cambiado de fuero de acuerdo a la legislación.

La Justicia federal tiene competencia en todo el país y atiende en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación.

Nisman, quien se desempeñaba como fiscal de la causa sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA (que dejó 85 muertos en 1994), falleció el 18 de enero de 2015, en circunstancias aún sin esclarecer, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes.

Más de un año después de su muerte, la investigación no ha determinado todavía si se trató de un suicidio o de un homicidio.

Uno de los jueces de la Cámara del Crimen, Mario Filozof, dijo en su fallo de hoy que “de ninguna manera se puede desvincular la función” que cumplía Nisman “con lo sucedido”.

“Como magistrado y ciudadano, tengo el fiel deseo de que se arribe a la verdad. No me es ajeno que el presente sumario es, por sus connotaciones, de trascendencia institucional y conlleva sumo interés público”, señaló el magistrado.

En tanto, los otros integrantes del tribunal, los jueces Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, consideraron que el deceso de Nisman “pudo tener vinculación por su actuación” en la investigación del atentado a la AMIA.

Agregaron que “ocurrió en un momento político sensible, si se repara en la denuncia que días antes había radicado contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre muchas otras personas vinculadas a su gestión”.

“Y ello demanda particular cautela cuando se trata, ni más ni menos, que de esclarecer si la muerte fue por decisión propia o por la intervención de terceros, en cualquiera de las modalidades propuestas”, añadieron los jueces.

Lucini y Pociello Argerich lamentaron que en la investigación se hayan “cometido un sinfín de groseras desprolijidades”.

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